La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciaron penalmente a los responsables de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia pública convocada para tratar el próximo lunes 3 de noviembre las condiciones de licitación de la gestión de la Hidrovía.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el 22 de octubre argumentando que se presentaría un informe por el cual se trataría de evadir los requisitos de la Ley General del Ambiente.
“El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Es apenas un informe fragmentario de ‘gestión ambiental’ sobre hechos consumados. Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa. Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista”, manifestaron en una declaración pública los ambientalistas.
No es correcto lo que exponen los abogados porque no hay ninguna obra en ejecución sin estudio previo. Es más, en rigor, siempre estuvo claro, que la audiencia está convocada para presentar todos los planes de gestión ambiental de las obras y tareas que se vienen realizando en la vía navegable hasta la actualidad.
En cierta forma, con la audiencia se cumple con algunas de la múltiples objeciones que puso la propia PIA en su resolución del año pasado que frenó la anterior licitación que había encarado el gobieno. Es más, la difusión de toda esa información que el dragador le entregó al gobierno es un reclamo histórico de los usuarios de la hidrovía. Incluso, la UNR auditó parte del cumplimiento de esos planes de gestión.
No se trata, entonces, la audiencia del lunes próximo de lo que se está preparando en la nueva licitación. De hecho, el gobierno prepara para mediados de noviembre, en principio el 15, la presentación de los pliegos con los términos y condiciones de la nueva concesión que busca.
No obstante, los ambientalistas -con esta avanzada judicial que asoma difícil que prospere para el caso de esta próxima audiencia- sí ponen la mira en uno de lo puntos débiles de la licitación en marcha: el gobierno nacional, para no demorar un año o dos, que es lo que llevaría adelante realizar un estudio de impacto ambiental de nuevas obras, tiene previsto licitar un dragador sin plan previo, encargándole al ganador que realice los estudios correspondientes (que luego deben ser aprobados por el Estado) antes de cada obra o de cada intervención en el sistema troncal.
Según se lo advirtieron especialistas a la Agencia de Puertos en repetidas ocasiones, esta estrategia tendrá que ser bien cuidada porque todo el cuerpo normativo nacional y provincial exigen obras de impacto ambiental antes de las licitaciones, con lo cual se abren ahí frentes de conflicto jurídico.
"Lo que está en juego para nuestro país es crucial: el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, sin intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva”, expresaron los abogados ambientalistas en un comunicado.
Los abogados ambientalistas, además de impugnar la legalidad del acto, llamaron de forma “urgente y masivo a la participación ciudadana. Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción y queremos que más personas y organizaciones lo hagan. La inscripción cierra el viernes 31 de octubre a las 23:59”.
