A partir de recientes anuncios de inversiones tecnológicas que podrían constituir a la Argentina en un hub tecnológico desplegando infraestructura de soporte para aplicaciones de Inteligencia Artificial, la Fundación Apertura aprovechó para poner en foco si Santa Fe tiene los estímulos necesarios para atraer alguna de estas grandes inversiones. Y la conclusión a la que arribaron es que urge la necesidad de rediseñar la ley de promoción industrial que data de 1979 y por eso su estructura normativa y sus instrumentos resultan insuficientes para responder a los desafíos productivos actuales.
“Hoy, la Provincia de Santa Fe necesita una nueva ley moderna, adecuada a los tiempos actuales y que genere los incentivos suficientes para que el sector privado despliegue todo su potencial”, señala Cristian Bergmann, presidente de Fundación Apertura, quien cuenta que la entidad recogió la inquietud y la necesidad del sector privado de construir de manera abierta y participativa, un nuevo instrumento normativo que siente las bases del desarrollo de la provincia para los próximos 20 años.
A la hora de analizar el régimen actual, la Fundación Apertura encontró deficiencias normativas en virtud de que la ley actual es antigua y fragmentada en decretos, lo que genera un marco jurídico desactualizado.
“No contempla explícitamente objetivos modernos como la economía del conocimiento, las llamadas industrias de la economía naranja, las cuestiones ambientales y la innovación tecnológica, y delega en el Poder Ejecutivo la definición anual de sectores y zonas prioritarias. Esta discrecionalidad normativa debe dar paso a un nuevo marco normativo”, advierten.
“Cabe destacar que, durante décadas, el régimen se aplicó de forma parcial y discrecional. Ello erosiona la confianza del sector productivo, dificultando la visión compartida de un instrumento abierto, sólido y con incentivos para atraer inversiones”, agregan sobre las deficiencias.
Y si bien el Decreto 1361/2022 introdujo mejoras para priorizar pymes, estímulos extra por radicación en el norte provincial y proyectos de desarrollo sostenible, calificaron a estos ajustes como limitados.
“Hace falta dotar al instrumento de una orientación estratégica integral: el marco actual no garantiza que los incentivos se alineen con una política industrial moderna orientada a la innovación, el desarrollo regional, ni la competitividad a largo plazo”, insisten.
Según el relevamiento que hizo la Fundación Apertura, otras provincias han modernizado sus políticas de promoción industrial, incorporando mecanismos más eficientes e innovadores que podrían replicarse para lograr una legislación de vanguardia. En el caso de Córdoba, ha dado un salto cualitativo mediante la sanción de la Ley 10.792/2021, denominada Programa de Promoción Industrial y Desarrollo de Clústeres Productivos.
Esta nueva normativa cordobesa otorga una batería de incentivos fiscales y financieros. En lo impositivo, exime por 10 años del pago de Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario a los proyectos industriales, extendiendo el beneficio a 15 años si la empresa se instala en un parque industrial o en una zona geográfica desfavorable del interior. Adicionalmente, la provincia subsidia por 5 años a cada nuevo trabajador que la industria contrate, incentivando la creación de empleo genuino.
Otro rasgo innovador es el apoyo en costos energéticos: Córdoba subsidia por cinco años el incremento de consumo eléctrico de las industrias (25% los primeros dos años, luego 15% y 10%) para aliviar uno de los gastos operativos más críticos. A su vez, incorpora decididamente la sustentabilidad ambiental y la modernización tecnológica como criterios de promoción: actividades de economía circular son explícitamente promovidas, al igual que los proyectos que adopten tecnologías de industria 4.0, realicen inversiones en activos fijos productivos y apliquen buenas prácticas industriales.
Un tema a destacar que Córdoba segmentó su régimen para asegurar equidad: la Ley 10.792 se orienta exclusivamente a PYMEs industriales, mientras mantiene vigente su vieja Ley 5.319 para industrias de cualquier tamaño, permitiendo incluso combinar beneficios de ambos regímenes en casos especiales. Esta focalización asegura que las pequeñas y medianas empresas reciban un apoyo proporcional a sus necesidades.
“Los resultados en Córdoba han sido notables. La previsibilidad otorgada atrajo inversiones significativas. Por ejemplo, la planta Aca Bio en Villa María decidió instalarse allí señalando que la promoción industrial provincial fue un factor determinante en la elección”, destaca la Fundación Apertura.
Las estadísticas lo confirman: hasta 2019 Córdoba otorgaba menos de 17 promociones industriales por año (en un rango similar a lo que sucede actualmente en la Provincia de Santa Fe), mientras que a partir de la reforma el promedio saltó a 94 promociones anuales en 2020-2023.
Actualmente, más de 650 empresas industriales cordobesas gozan de beneficios vigentes bajo estos programas. “Esto refleja un régimen ágil, atractivo y alineado con objetivos de desarrollo a largo plazo”, resaltan.
Para poner a tono a la provincia, desde la Fundación Apertura propusieron que la nueva ley debería basarse en criterios rectores:
1. No centrarse solo en la industria, sino crear un instrumento amplio y abarcativo de promoción de inversiones.
2. Equidad fiscal, con incentivos proporcionales y previsibles.
3. Esquema segmentado: grandes, medianas y chicas requieren instrumentos e incentivos diferentes. De esta manera se busca dotar de herramientas útiles y adecuadas ante cada oportunidad/decisión de inversión en la provincia, en un contexto en el cual las provincias compiten por convencer a los inversores.
4. Desarrollo territorial equilibrado, con beneficios diferenciales para las regiones postergadas.
5. Innovación y sustentabilidad, premiando proyectos tecnológicos y ambientalmente responsables.
6. Articulación institucional, integrando municipios, cámaras empresarias y universidades en la gestión, evaluación y actualización del régimen.
“Construir una nueva ley de promoción de inversiones en la Provincia de Santa Fe no es solo una necesidad técnica: es una decisión estratégica para el futuro productivo santafesino. Implica generar condiciones estables, inclusivas y sostenibles para el crecimiento de las empresas, cuidando el ambiente y fortaleciendo el empleo local”, resaltó Bergmann.
“Desde Fundación Apertura, invitamos a los poderes públicos, al sector empresario y a la sociedad civil a crear juntos, una nueva norma de promoción de inversiones que esté a la altura de la capacidad y el potencial de nuestra provincia”, concluyó el presidente de la Fundación Apertura.
