La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el órgano federal que ejerce las facultades disciplinarias sobre magistrados, incorporará al sumario del juez federal Marcelo Bailaque las informaciones surgidas en los legajos penales que se conocieron en una audiencia oral y pública multipropósito celebrada entre jueves y viernes en los tribunales federales de Rosario.

Entre las atribuciones del Consejo de la Magistratura está decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados; en su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Y ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

La comisión de Acusación a cargo de Alberto Piedecasas tratará el 26 de noviembre las incorporaciones al sumario seguido a Bailaque, a quien ya se lo investiga por omitir o negar medidas probatorias solicitadas en una investigación que tenía como protagonista al referente criminal Esteban Alvarado.

Para solicitar medidas de prueba, los acusadores requirieron copias de ciertos expedientes instruidos por el juez Bailaque, entre ellos el que concluyó con la condena a Alvarado a 15 años de prisión por narcotráfico, en 2022.

Entre las medidas de prueba solicitadas hay un expediente de la Justicia Federal cordobesa, jurisdicción en la que un fiscal solicitó que se abra una investigación contra Bailaque por presuntamente haber dejado de manera “sospechosa” prescribir una causa judicial.

El fiscal Maximiliano Hairabedian sospecha que Bailaque dejó “dormir” y paralizó durante 10 años una investigación sin tomar ninguna medida y permitir su prescripción. Se trata de una causa en la cual se investigan delitos vinculados al lavado de activos y la evasión tributaria de una empresa de granos, según un artículo del diario La Voz del pasado 5 de noviembre.

“Quien decide si una persona es culpable o inocente en relación a un delito hoy está siendo juzgada institucionalmente. Es un tema muy complejo y tiene que ser resuelto con toda la publicidad posible y con la mayor celeridad”, dijo este viernes el fiscal federal Federico Reynares Solari en Telenoche Rosario, al término de la audiencia multipropósito donde se formalizó una investigación contra el juez federal y otros imputados en tres casos complejos.

En el primero de los legajos penales, en trámite ante la PROCUNAR y la PROCELAC, se formalizó la imputación por lavado de activos a los contadores públicos Eduardo Semino y Gabriel Mizzau por su participación como profesionales “a sabiendas de la actividad ilícita y la circulación de activos”, al firmar balances y permitir sobrefacturación de las empresas Toia, Edra, Logística Santino, y Sagrado Corazón de María, vinculadas con el convicto por Esteban Alvarado, condenado por lavado de activos y  narcotráfico, y por homicidio y asociación ilícita en el ámbito provincial.

En ese legajo se cuestiona el rol jurisdiccional del juez Bailaque. Le atribuyeron no haberse excusado de intervenir en la investigación de una causa por narcotráfico contra Alvarado que tramitaba desde 2013 ya que el magistrado tenía como asesor contable personal a Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su ex mujer, Rosa Capuano.

Además el fiscal Reynares Solari expuso otra de las investigaciones que impulsa contra el juez, en este caso, ante la posible comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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La investigación está relacionada a su actuación en una causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de las ciudades de Puerto General San Martín y San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en favor de una financiera cuyo titular sería, según la fiscalía, Fernando Whpei, amigo personal del juez.

Luego, el fiscal Juan Argibay Molina, de PROCELAC, expuso su caso. Allí, además del juez Bailaque hay ocho personas bajo investigación. En ese legajo, la calificación preliminar informada es ante la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios público, y prevaricato.

Se trata de un caso que comenzó a investigarse en octubre de este año a partir de una solicitud de sobreseimiento de Claudio I. y Jorge O, empresario y agentes de bolsa respectivamente, investigados por el Juzgado Federal N°4, a cargo de Bailaque.

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Las dos personas habían sido denunciadas por lavado de activos y evasión impositiva a partir de una denuncia anónima que ingresó a la ex Administración Federal de Ingresos Público (AFIP,  hoy ARCA), a las 12.55 del 14 de agosto de 2019, pero que llamativamente, según indicó Argibay Molina, había sido radicada antes en el juzgado, a las 12.35.

En esa trama, el fiscal destacó “la intensidad de las medidas” ordenadas por el juez en el inicio de la investigación, que incluyeron allanamientos contra las dos personas denunciadas, pero sin dar intervención a la fiscalía. En ese sentido, remarcó que al mismo tiempo se pudo verificar, a partir de una extracción forense, “una curiosa relación” entre Carlos Vaudagna, exdirector de AFIP en Santa Fe, y el juez.

En el tramo final de la audiencia, el abogado defensor del ex agente de la AFIP, Paul Krupnkik, solicitó el apartamiento del juez Rodrigues Da Cruz ante su posible parcialidad ya que, según argumentó, participó del tribunal oral que juzgó a Alvarado por lavado de activos.

Tras estas exposiciones, Rodrigues Da Cruz pasó ayer a un cuarto intermedio. Al retomar la audiencia, informó a las partes que, luego de una profunda evaluación de su participación en el debate que mencionó el defensor, y tras citar normativa y jurisprudencia, no había hallado elementos para apartarse como juez de garantías del procedimiento.

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