- Una cortita y al pie para arrancar. Pero no por eso no es muy importante. Todo lo contrario, es importantísima para la economía de la ciudad.
Resulta que esta semana se conoció que el gobierno nacional aprobó el primer proyecto para Santa Fe y el primero portuario en el país dentro del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Terminal Timbúes, el puerto multipróposito de última generación que la empresa Terminales y Servicios (TYS) levanta en esa localidad del norte del Gran Rosario con un desembolso de 270 millones de dólares. El puerto, que arrancará con el negocio de fertilizantes, apunta a convertirse en un jugador logístico clave para toda la producción que salga de Vaca Muerta.
Bueno, la novedad que queremos contar ahoa es que otra de las empresas del grupo que comanda Juan Manuel Ondarcuchu, que es Servicios Portuarios (Sepor), proyecta una inversión de 86 millones de dólares en las unidades VI y VII del puerto de Rosario. Sepor pide a cambio que le extienda la concesión 25 años, que es el tiempo que le demandaría amortizar la inversión que aumentaría la capacida dy productividad de los muelles cerealeros rosarinos.
En el gobierno de Santa Fe están muy entusiasmados con la inversión para Puerto Rosario, y más temprano que tarde la aprobaría. Y es que todavía están negociando pero no tienen apuro “Queremos ser prudentes y avanzar con cautela, pero el objetivo del gobierno provinciales es contribuir a viabilizar las inversiones”, dijo a Radios 2 sobre el tema el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Lo cierto es que ambas inversiones posicionan al empresario del norte bonaerense como uno de los principales inversores que tiene la economía de Santa Fe.
Es más, si se concreta el acuerdo con Sepor y también las inversiones por 30 millones de dólares que anunció Terminal Puerto Rosario, concesionario de las Unidades I y II, para refaccionar los muelles, el puerto local podría estar en breve recibiendo desembolsos superiores a los 100 millones de dólares que le cambiarían la cara al complejo inyectándole infraestructura y tecnología. Se viene el tiempo de los puertos.
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- Ahora, si hablamos de Rigi y grandes inversiones, es inminente la toma de posesión y el arranque de obras en la Refinería San Lorenzo, que se reconvertirá en “Santa Fe Bio”, con una inversión de u$s 400 millones para fabricar biocombustible para aviones; un proyecto conjunto de YPF y Essential Energy Holding (de Federico Pucciarello).
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- Terminada la introducción, vamos a uno de los temas centrales de este Run Run y más que cruciales para la industria santafesina. Estamos hablando del flagelo de la “industria del juicio laboral” por accidentes y enfermedades, que tiene a la provincial al tope de la litigiosidad judicial, y que por eso está entre las principales preocupaciones del empresariado provincial. Es más, en la práctica, también opera con un freno a la generación de empleo, justo en un momento delicado como el que se está atravesando en materia de actividad.
El gobierno de Santa Fe y la administración de Javier Milei apuntan a romper ese círculo vicioso, lo que supone, además de tocar muchos y distintos intereses, desarmar un sistema. Y en ese contexto, hay una voz que dice que hasta ahora no fue escuchada ni por Nación, ni por Provincia: los médicos laboralistas y legalistas.
Y los médicos creen que la falta de convocatoria al diálogo a sus entidades, como la Federación Argentina de Medicina del Trabajo, se explica, en buena parte, a que los quieren convertir en "uno de los malos de la película", lo que los pone bastante angustiados y preocupados. Y por eso le quieren dar visibilidad a sus posturas.
Por el lado nacional, el próximo 2 de febrero comienza a regir el nuevo “baremo”, que es la tabla o escala de valoración técnica y legal que se utiliza para determinar el grado de incapacidad permanente de un trabajador a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Por estos días, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) está difundiendo la actualización de lo que “que presentan como un baremo más objetivo, que limita la discrecionalidad y arbitrariedad del perito”. En Santa Fe, el cambio goza del total apoyo de las principales cámaras empresarias, que lo ven como una herramienta para luchar contra la “industria del juicio” que, advierten, carcome sus finanzas y les incrementa el valor de las alícuotas de las ART, que son más caras en Santa Fe que en Córdoba.
Pero muy distinta es la opinión de los profesionales de la federación que los reúne, que -por el contrario- sostienen que si existe una industria no es la del juicio, sino la “industria del sub-registro” de enfermedades y accidentes laborales.
En efecto, un estudio comparativo de denuncias por “enfermedades laborales” con Francia, Alemania y Canadá arrojó que argentina es el que tiene la menor tasa: 118 por cada 100 mil trabajadores, contra los 125 de Canadá, 167 de Francia y 178 de Alemania.
Diferencia que es aún mayor cuando se focaliza solo en las llamadas enfermedades graves (como cáncer ocupacional), que en Argentina casi que ni se registran.
En ese contexto, los médicos laboralistas y legalistas advierten que el nuevo baremo agravará la sub registración porque reconoce menos grados de incapacidad.
Aparece acá el título de este “Run Run”, con la “devaluación de la rodilla”, ya que reduce el valor del daño en rodilla un 20%. Y no es de los peores casos. Por ejemplo, en las quemaduras de piel de tipo B (importante, pero no la más grave), el porcentaje de incapacidad bajó del 47% al 18%.
Es más, los médicos laboralistas advierten que el nuevo baremo hasta quita muchas de las patologías más frecuentes, como problemas de cuello y cintura.
Otra crítica no menor es que, denuncian, se establece que ante la disparidad de diagnóstico sobre la naturaleza laboral o no de una enfermedad, se tomará siempre el criterio de la ART, que descuentan será en favor de la empresa.
Incluso, se dispone que la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que sería el ente regulador de las ART, puede dictaminar la naturaleza de la enfermedad y/o el margen de incapacidad de una accidente o una enfermedad, sin revisar al trabajador.
Como vemos, se van conformando varios argumentos para la judicialización. Y en lo que hace a este último punto, Rosario3 pudo saber que una de las alternativas que ya barajan abogados laboralistas es explorar la vía del juicio de mala praxis a los médicos de la comisión si toman decisiones solo analizando carpetas. Así que lo que se bajaría en litigiosidad laboral por un lado, subiría por otro. Y como los profesionales de las comisiones médicas lo presienten, están preocupados, sobre todo porque el tema de los juicios de mala praxis siempre desvela a los profesionales de la salud.
Antes de seguir, y ya que hablamos de salud, asoma acá una cuestión que amerita el doble clic. Y es que por más que la ART logre sacarse de encima el costo de la atención de una enfermedad laboral o le cueste menos hacerlo, el trabajador -a fin de cuentas- se tiene que atender igual. Así que lo que se ahorra la ART, se lo carga al sistema de salud, ya sea prepaga, obra social o el hospital público, según el caso. En definitiva, alguien lo paga. Y, sobre decir, que si hay un sistema en estado crítico cuando de financiamiento se habla es el de obras sociales, hospitales y medicina privada.
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- Retomemos. Pero ahora nos focalizamos en una de las baterías de medidas que está tomando el gobierno provincial contra la “industria del juicio laboral”, es separar la determinación de los honorarios del perito médico del monto de la demanda (y del porcentual de incapacidad), un sistema que, alertan, impulsa a la parcialidad.
Los médicos legalistas estallan cuando se toca el tema y señalan que “como buena mentira, tiene algo de verdad”. ¿De qué se trata? Sostienen que es cierto que ellos otorgan mayores grados de incapacidad que los fichados por las comisiones médicas, pero eso ocurre porque, al menos en las oficinas de Rosario de la Superintendencia, le ponen 0 a todos y todas.
Aparece ahí un punto de contacto entre médicos laboralistas y el gobierno. Según un informe elaborado por la Casa Gris sobre lo ocurrido entre 2023 y 2024, los dictámenes sin secuelas (0% de incapacidad) determinados por las Comisiones Médicas de la provincia representan un 60% del total. Quiere decir que en el 60% de los reclamos, el trabajador se lleva 0 pesos. Entonces, entre la alternativa de no llevarse nada a su casa y poder llevarse (en un futuro) todo en la Justicia, los empleados van a litigar.
Precisamente, quienes siguen de cerca el tema, sostienen que una de las razones por las que, teniendo la misma cantidad de empleados y accidentes en Santa Fe y Córdoba, la litigiosidad es mayor en nuestra provincia también se debe a que esa mayor “preferencia por el bochazo” de la Comisión Médica con asiento en Rosario. ¿Qué pasa con los funcionarios de la provincia?
En esa línea, semanas atrás contamos en este mismo espacio que la Cámara de Apelaciones está enviando a la Sección Pericias Judiciales de la Superintendencia un montón de expedientes de pericias judiciales que se hacen en Tribunales que las mandan a revisar porque tienen dudas sobre los porcentajes aplicados de incapacidad. Y en la gran mayoría de los “ceros” que dictaron las Comisiones Médicas de la provincia, la propia Superintendencia reconoce que hay grados de incapacidad.
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- Para terminar con el tema de la industria del juicio, hay novedades con los cambios que el oficialismo impulsa en la Legislatura al régimen que regula a los peritos, y que podrían aprobarse en la sesión del jueves próximo de Diputados.
Se trata de los proyectos de ley de los diputados radicales Martín Rosúa y José Corral. Uno separa la determinación de los honorarios del monto de la demanda (y del porcentual de incapacidad) y el segundo modifica el Código Procesal Laboral para crear un cuerpo de peritos oficiales y aplicar el mismo esquema mencionado cuando haya que recurrir a uno de la lista.
Por estas horas le están dando los retoques finales a la redacción y terminando de consolidar el consenso a ambas iniciativas.
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- Vuelta de página. “Una buena para los acreedores del financista Luis Herrera”. Así titulamos esta semana en Rosario3 la noticia de que al aprobar la verificación de los créditos, el juez de la quiebra, Nicolás Villanueva, reconoció intereses no pagados. Y es que la Sindicatura había aconsejado no reconocer como una deuda los rendimientos que el financista dejó de abonar tras su default en 2021.
Pero fue “una buena” para todos los acreedores menos uno: el banco Reba. Resulta que cuando, el grupo Transatlántica le subastó acciones del mercado Matba Rofex a Herrera por el incumplimiento de un préstamo, dijo que le quedó un saldo d. $16.354.658 (de 2021) por gastos y honorarios.
Para cobrarlos, intentó volver a subastarle acciones del Matba Rofex, uno de los principales activos líquidos del malogrado financista, pero como había trabada una cautelar sobre las propiedades de Herrera pedida por Fiscalía, no pudo subastarlos. Fue así que se lo pidió a la Justicia.
Allí, los querellantes hicieron causa común con Fiscalía contra Transatlántica porque entendían que ese gasto estaba contemplado en la subasta original y además no querrán que ese único acreedor se siga llevando activos que eran para repartir. La jueza penal Paula Álvarez le negó el pedido y lo envió a resolverlo en el fuero comercial.
El banco Reba, entonces, se presentó a verificar el crédito en la quiebra, sumándole a los $16M orginales una tasa de interés muy alta que sumaba otros intereses, punitorios, impuestos y que arrojaba una cifra final d. $ 81.503.684.
Enterados, un grupo de acreedores declaró inadmisibilidad del crédito insinuado por REBA al argumentar:
a) carencia de documental que permita a los restantes acreedores alcanzar certeza sobre la existencia de un saldo insoluto luego de haberse efectuado una correcta liquidación de la prenda y su cuantificación;
b) inexistencia de rendición de cuentas aprobadas, lo que torna insuficiente la liquidación del crédito unilateral que da sustento al pedido verificatorio de REBA
c) Cuestionan rubros que se habrían incluido como gastos cubiertos por la prenda vgr. los alegados gastos por honorarios profesionales en sede comercial y penal; d) falta de legitimación para reclamar créditos de terceros; y e) Inexistencia del privilegio pretendido en caso de existir un saldo insoluto, debiendo ser considerado a todo evento como quirografario al igual que sus accesorios (intereses y gastos).
¿Qué hizo el juez Villanueva? Le rechazó la verificación de créditos a Reba por la “imposibilidad de determinar si efectivamente existe un saldo deudor a favor del acreedor vinculado a los contratos de mutuos y su correspondiente remate extrajudicial de acciones prendadas o si por el contrario, el producto del remate fue suficiente e incluso excedente, y porque la tasa de interés utilizada por la insinuante en los hechos reviste el carácter de manifiestamente elevada".
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- Otro tema. Al igual que en las elecciones, que tras el escrutinio provisorio (que se basa en datos preliminares) se realiza el definitivo (que arroja el resultado real), en el cram down de Vicentín el recuento final tuvo un resultado aún más contundente en favor de la oferta de pago presentada por el Grupo Grassi por sobre la de Molinos Aro/Dreyfus, con el aval también de la Unión Agrícola Avellaneda.
“Demoledor”, decían en el cuartel del cerealista rosarino tras ver que la diferencia final fue superior. Se podría decir que la matemática desarmó todos los argumentos impugnatorios posibles. En efecto, la adhesión que tuvo la oferta en capital fue tan grande, que aún impugnado los acreedores a los que Dreyfus/Molinos le apuntaban, el capital que consiguieron supera al de sus oponentes. Y si, por el contrario, Grassi les impugnaría las adhesiones de Dreyfus y la Unión Agrícola, la oferta no llegaría al mínimo exigido de los dos tercios del pasivo.
La clave para Grassi estuvo en conseguir los votos de tres importantes acreedores que reunían el 25% del capital (ACA, un grupo de bancos y un fideicomiso financiero) a los que Dreyfus y Molinos Agro apostaban (y se movieron) para que no los voten dejando la adhesión apenas por encima del 66% exigido. Pero la oferta de pago los convenció y así Grassi quedó bordeando la aprobación del 90% del capital
“Irreversible”, fue la conclusión alcanzada luego de terminar el poroteo de votos y explorar todas las posibilidades de impugnación que podrían recibir. No en vano, luego de presentar en el juzgado del concurso entre uno y dos escritos por día en la semana previa al cierre de cram down, esta semana que terminó Dreyfus y Molinos no presentaron ningún escrito o impugnación. Tampoco estuvieron haciendo gestiones o recorriendo medios y pasillos políticos.
¿En qué anda ahora el Juzgado del concurso y la intervención de la empresa? En preparar la forma más ordenada y prudente de transición, un cambio de titularidad de las acciones que ocurrirá más temprano que tarde.
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- Vuelta de página. Vamos al negocio de las urbanizaciones en el Gran Rosario. Las dos postales son del domingo pasado.
Al mediodía, en Villa Amelia, la desarrolladora Grit realizaba la entrega de posesión de los lotes de su nuevo barrio abierto residencial, Neander. Unas 800 personas celebraban el acontecimiento de recibir en tiempo y forma sus terrenos con todos los servicios.
Neander es un barrio abierto residencial ubicado en Villa Amelia, sobre la Ruta Provincial 18, km 12, que propone un salto cualitativo en la zona con más de 600 lotes desde los 360 m², todos con servicios e infraestructura completa. El desarrollo incluye una zona deportiva con canchas de pádel y fútbol, y una importante área comercial que incorporará supermercado, farmacia, consultorios y otros servicios de cercanía.
El mismo domingo, mientras en VIilla Amelia los pobladores celebraban, los compradores de tres loteos en Ibarlucea de una desarrolladora que incumplió los compromisos de inversión en los servicios básicos impidiéndole así tomar posesión de sus terrenos le enviaban un comunicado a los medios de prensa alertando que esa empresa estaba vendiendo lotes en Roldán.
“No es posible que la misma empresa avance en nuevos proyectos sin hacerse cargo de las deudas sociales y legales que mantiene con nosotros”, señalaron los damnificados en el escrito. Y son muchos: 800 familias.
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- El gobierno provincial tomó medidas importantes para poner en caja a loteos flojos de papeles, de los que hay varios en Piñero, extendiendo clausuras (algo que el gobierno anterior no hacía y por eso ahora estallan los problemas). Pero también está dando pasos en falso, como el cepo generalizado a las aprobaciones hídricas de nuevos proyectos que rige desde enero, pagando así justos por pecadores. Pero ahora también urge que la administración provincial tome cartas en el asunto en defensa de los compradores de lotes, que se sienten muy desprotegidos.
Por ejemplo, puede equilibrar la asimetría informativa entre compradores y vendedores armando un registro oficial de fácil acceso público y online y actualización permanente en la que un comprador pueda ver quiénes son los empresarios detrás de la desarrolladora, su historial en el negocio inmobiliario, si tiene muchas obras pendientes de entrega y -sobre todo- el estado de todos los trámites y gestiones de los loteos que comercializa, sobre todo en lo referente a factibilidades y habilitaciones de servicios públicos.
Defensa del Consumidor de la Provincia, es una área con competencia técnica para encararlo.
La información permitiría exponer las pocas manzanas podridas que tiene el mercado de la gran mayoría de los operadores que hacen bien su trabajo.
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- Hacer foco en las nuevas urbanizaciones adquiere, incluso, relevancia coyuntural porque se trata de un negocio inmobiliario que mantiene cierta liquidez y fluidez, a diferencia de la venta de departamentos a construir, que está muy retraída ante la suba de costos en pesos, el dólar estable y una conveniencia de precios en favor de los usados.
No en vano, hay muchos desarrolladores/constructores urgidos de fondos para terminar de construir edificios que buscan ingresos largándose a vender lotes, que sí tienen más salida. Y en esa estrategia hay grandes y muy grandes jugadores muy activos.
Por ejemplo, la firma Pensaer -que un par de años atrás levantaba media docena de edificios al mismo tiempo- encaró tensas negociaciones con sus inversores en departamentos a los que les exigía varios miles de dólares extra o que se desprendan de cocheras ya compradas porque se había quedado sin plata para terminar los edificios.
¿El argumento? Al principio, acordaron cobrarles a sus clientes cuotas en dólares fijos, algo conveniente para ellos en tiempo de brecha cambiaria y dólar disparado como en el gobierno de Alberto Fernández, pero tras el cambio de modelo, se les desbarató todo porque el dólar quedó estable mientras que los costos de construcción en pesos no dejaron de subir.
¿Convencieron así los compradores? No, y éstos se quedaron masticando bronca por el incumplimiento del desarrollador. Pero no les quedó otra que pagar mucho más de lo convenido originalmente si querían recibir (tarde) el departamento terminado porque la empresa les aseguraba que se quedó sin fondos.
Eso sí, Pensaer sí tiene resto para lanzarse a desarrollar en Funes un emprendimiento mixto de residencias y locales comerciales en un predio de 35.800 m² delimitado por Houssay, Mar del Plata, José Ingenieros y Punta del Este, comprometiéndose a abonarle a la Municipalidad u$s366.675 en concepto de plusvalía.
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- Información oficial permitiría también realzar a las empresas que sí hacen bien sus deberes como desarolladores. Y en los últimos días varias de estas estuvieron muy activas con lanzamientos, sobre todo en Funes:
1) Edilizia, que ampliará su complejo Capua sobre calle Galindo, a pocas cuadras de Fuerza Aérea y con salida directa a la autopista Rosario-Córdoba
2) Obring, que ya inició obras de ABRA Funes Housing, avanza ahora con una apuesta mayor: un club de campo de 2.500 m² —aprobado en 2024— y un nuevo barrio cerrado en el sector sur, vecino a Kentucky Club de Campo.
3) La Finca I, del grupo encabezado por Carlos Araujo, lanzará su multiespacio comercial frente al barrio Vendimia, con un aporte urbanístico de u$s 140.000.
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- Y si de anuncios de desarrolladores se trata, esta semana la constructora MSR fue la protagonista. La empresa celebró sus 23 años de trayectoria con el personal, clientes, autoridades, proveedores y empresarios en una, como siempre, refinada puesta en escena en el salón de Punta Barranca, recientemente ampliado y con toda calidad administrado y servido por Grupo Aliendro.
El titular de MSR, Gabriel Redolfi, contó que en esos 23 años de historia construyeron y finalizaron 100 edificios, entregaron 4.000 unidades de vivienda, desarrollaron 250 mil m2 y tienen ahora en ejecución 90 mil m2. Anunció también que en los próximos tres meses entregarán tres edificios (los Modena 59, 60 y 63).
Y fue ahí que presentó el condominio Finca Azul, en la zona de Funes Norte, que es una manzana dividida en 12 terrenos en la que se construirán 12 casas por terreno de dos habitaciones, con jardín, pileta y parrilleros propios, prometiendo gastos mínimos en expensas, un tema muy delicado en la actualidad por los costos.
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- En la celebración de MSR, los asistentes hablaron del difícil momento que vive la construcción privada, salvo en el segmento ABC1, siempre pujante. Más allá de la reciente baja de créditos hipotecarios, que seguro activará operaciones, hubo coincidencia de que todavía no es un motor que acelere la compra venta.
Y con respecto a las hipotecas indivisibles, que permitirían financiar compra departamentos al pozo, la ven lejos, sobre todo cuando van a los bancos y ven que los ejecutivos no tienen ni idea de la normativa sancionada. Tan poco parece ser un negocio para muchos, ya que no todas las desarrolladoras puede ser interesantes sujetos de crédito para los bancos, y es que al principio de las esas hipotecas divisibles (que finalmente tomará el comprador) se aplicarán sobre el respaldo de las empresa que desarrolle el proyecto.
“Cuando entramos a una obra, arrancamos pasando la topadora para derrumbar lo que estaba. Pero después empezamos con los cimientos y a plantar arbolitos. Bueno, el gobierno ya pasó la motosierra. Sabemos que no hizo todo lo que tenía que hacer y que no fue prolijo, pero urge que empiece ahora a plantar arbolitos y montar los cimientos”, dijo Redolfi.
A su lado, el titular de la Federación Germinal, Eduardo Maradona, contaba que la entidad le enviará una carta esta semana a la Cámara Argentina de Comercio para pedirle que a la hora de negociar paritarias contemple que las pymes están con caídas de ventas del 30% y sin margen para subir sueldos.
Y es que el consumo está deprimido y nadie le encuentra la vuelta de cómo salir del atolladero. A una mesas de fiambres de distancia, un empresario gastronómico, muy preocupado por la caída de la actividad (“los jóvenes no tienen plata para salir a la noche”), igual reconoce que el aumento paritario que acaban de acordar es ínfimo. “Es de algo más del 1 por ciento al mes”, advierte
¿De dónde va a salir el dinero para el consumo? Es la pregunta sin respuesta.
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- Pasemos por el Aeropuerto. La semana pasada publicamos en esta columna el informe de octubre del comité de Seguridad e Higiene de los empleados advirtiendo muchas fallas, sobre todo en las contratistas de las dos grandes obras en marcha.
Por el contrario, para el gobierno provincial se trató de un informe con una visión sesgada, con varias observaciones refutables, pero sobre todo anunciaron que todas las situaciones criticadas ya fueron resueltas.Y por eso acercaron a Rosario3 el resultado del informe de noviembre, que acaba de salir, con conclusiones bien distintas. Y esto dice:
"El análisis objetivo de los indicadores de Seguridad e Higiene del Aeropuerto Internacional Rosario para el período abril-septiembre 2025 permite concluir:
1. Los actos inseguros y condiciones inseguras han mostrado una reducción del 79% y 91% respectivamente, evidenciando la efectividad del sistema de gestión preventiva.
2. Se ha registrado CERO accidentes laborales en las obras de infraestructura durante 168 días consecutivos, con más de 620 trabajadores activos.
3. Las capacitaciones e inducciones se han incrementado exponencialmente, alcanzando al 100% del personal que ingresa a las obras.
4. Todos los desvíos registrados cuentan con el correspondiente tratamiento técnico, seguimiento documentado y cierre formal.
5. El sistema de control automatizado CERTRONIC permite verificaciones continuas (hora por hora) de documentación de personal, vehículos y maquinarias.
Por lo tanto, los datos presentados no evidencian una falta de control, sino la existencia de un sistema de gestión transparente, maduro y comprometido con la seguridad operacional y laboral, en línea con los principios de mejora continua que caracterizan a la actual gestión del Gobierno Provincial y las autoridades del Aeropuerto".
Para las contratistas, en tanto, se trató de un informe irrelevante por la mínima importancia que dicen tuvieron la críticas realizadas octubre, y sospechan que las internas de la política metió la cola.
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- Hablando del gobierno provincial, este sábado se realizó una reunión interna de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo en La Fluvial. La idea fue hacer una jornada de análisis de lo actuado y armado de planes para 2026.
"Menos eventos y más gestión", fue el mensaje que bajó el ministro de la cartera, Gustavo Puccini, señalando que los funcionarios deben focalizar su tiempo en la concreción de los expedientes y la realización en tiempo y forma de lo trámites que permiten materializar los planes y anuncios realizados.
Por ejemplo, todavía es recordado lo que pasó con una inédita línea de créditos para los productores de miel, que el propio Puccini anunció en una reunión con los emprendedores del sector, pero que cuando los volvió a ver, tiempo después, tuvo que escuchar quejas porque el anuncio del financiamiento no se cumplió.
El propio gobernador, Maximiliano Pullaro, pasó al cierre del evento, para dejar un mensaje y motivar a los funcionarios. “Faltan 762 días de gestión. Aprovechemos para avanzar en la digitalización de procesos y reducir la burocracia”, les dijo el mandatario.
Es la tarea.
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- "Que el contribuyente que tenga saldo a favor de Ingresos Brutos con ciudad de Buenos Aries pueda usarlo para pagar Ingresos Brutos en Santa Fe y viceversa". Así resume el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, el anuncio realizado este fin de semana, que fue muy bien recibido por empresas y profesionales y que, en la práctica, significa un alivio impositivo importante.
“Parece una cuestión menor, pero para mí es un giro de 180 grados en un tema en el que 2 jurisdicciones golpeamos la mesa, porque nos cansamos de que otras nos boicoteen”, agrega el ministro.
En rigor, Olivares fue quien llevó la bandera y convenció a la ciudad de Buenos Aries de romper el cerrojo que les imponían otras provincias recurriendo a la bilateralidad. “Otro arbolito que costó plantar”, resalta el ministro en diálogo con Rosario3.
La historia es la siguiente. Hacia 2017 / 2018 se había planteado en la agenda nacional la idea de que si un contribuyente de convenio multilateral de IIBB tenía saldo a favor en una provincia pudiese utilizar el mismo para pagar IIBB en otra, mediante una suerte de "clearing" multilateral.
En Comisión Arbitral de Convenio Multilateral (COMARB) no hubo consensos, y pese a que Santa Fe planteó que se aprobase un protocolo y que la adhesión fuese voluntaria de las provincias que quisieran, su iniciativa fue boicoteada (porque si algunas provincias adherían significaba "mandar al frente" a las que no y eso les iba a generar presión desde el empresariado).
Pero el gobierno santafesino no se quedó con el “no se puede”, ni se resignó ante ese boicot. Por eso, D¿decidimos probar con el camino de la bilateralidad apostando a que el efecto de apoyo a la iniciativa por el empresariado y los profesionales en ciencias económicas derive en una presión a las demás jurisdicciones y las incentive a adherir.
“Afortunadamente encontramos eco en CABA, porque su agencia tributaria (AGIP) es tal vez, la de mayor prestigio entre las pares”, resaltó Olivares.
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Llegamos al final del Run Run y como nos gusta hacer, vamos con una de aquellas novedades que nos entusiasman. En este caso, vamos a hacer referencia a dos iniciativas vinculadas a la educación, uno de los puntos claves a consolidar porque la formación de capital humano es fundamental para la actividad económica.
Primero, se realizó esta semana en Villa Constitución la final de la 8ª edición de la Hackatón ArcelorMittal Acindar, un encuentro que impulsa la creatividad, la innovación social y el trabajo colaborativo entre jóvenes de todo el país, una iniciativa conjunta de .Fundación Acindar y Faro Digital.
Durante la Hackatón —realizada entre el 26 y el 29 de agosto— participaron más de 1.600 estudiantes y docentes, quienes trabajaron bajo la metodología Design Sprint para diseñar soluciones a desafíos reales que afectan a sus comunidades.
La apertura contó con la participación de especialistas en empleabilidad, medio ambiente y ciudadanía digital, que guiaron a los equipos en la identificación de problemáticas locales y el desarrollo de proyectos con impacto positivo.De los 20 equipos semifinalistas, cinco lograron avanzar a la instancia final, que se realizó en Villa Constitución.
La edición 2025 presenta varios hitos: Es la 8ª Hackatón, 5ª en modalidad híbrida y 6ª con alcance nacional. Reunió a 1.475 personas inscriptas, un 32% más que en 2024. Participaron 87 escuelas de 16 provincias. Por primera vez, cuenta con el reconocimiento institucional del CONICET, cuyos científicos y científicas acompañan a los equipos finalistas y participan como jurado. "Este aval marca un paso importante en la articulación entre el sistema científico y la educación secundaria, fortaleciendo la mirada interdisciplinaria de los proyectos", dijeron los organizadores.
La otra iniciativa que vamos a destacar hoy es “Experiencia Superior”. Se trata de una instancia de encuentro entre estudiantes y empresarios que arma el colegio Superior de Comercio. Los alumnos de quinto año visitan en sus lugares de trabajo a profesionales que son ex estudiantes de la escuela, asignados según las carreras que quieren estudiar cada uno.
Por ejemplo, en esta edición -que se realizó del 22 al 26 de septiembre- los estudiantes visitaron a los ex alumnos Sebastián Azagra, ,socio de PwC, Dionisio Ferracutti, socio de Crowe, María Belén Alé, socia en Deloitte, Paola Briata Human Resources South América de General Motors, intendente Pablo Javkin, Lucrecia Mantelo jueza del juzgado Civil y Comercial N° 5.
También hubo estudiantes del “superior” recorriendo empresas e instituciones como A3, Cargill, Globant, General Motos, Sanatorio Parque, laboratorios del IBR, Avalian, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Municipalidad de Rosario y la cerealera Roagro.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar los lugares de trabajo de los profesionales, quienes compartieron sus trayectorias académicas y laborales, y complementaron con consejos sobre cómo insertarse en el mundo laboral, la importancia de incorporar idiomas, estudios complementarios y otras habilidades claves.
Felicitaciones por la iniciativa.
Diálogo entre generaciones, también es por ahí.
