Un grupo de acreedores y trabajadores de Sancor le pidió a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que se investigue el accionar del juez de Primera Instancia Civil y Comercial de Rafaela a cargo de la quiebra de la histórica láctea, Marcelo Gelcich, reclamando que se los suspenda al juez de sus funciones, se congelen los plazos procesales de la quiebra para evitar daños irreparables y, eventualmente, se inicie un jury de Enjuiciamiento (juicio político) para su destitución.
Esta presentación, realizada por los abogados Aldo Luis Regali y Juan Manuel Bergallo , en contra del accionar del juez se suma a la que ya hizo uno de los síndicos del proceso y una empresa interesada en comprar la compañía, que coincidieron en detectar graves irregularidades en el proceso.
Pero la novedad es que ahora son trabajadores y acreedores y no solo empresarios interesados los que denuncian que el juez magistrado no ha cumplido con sus funciones específicas según las leyes orgánicas, de quiebras y la Constitución provincial.
Un punto central de la denuncia es la “subvaluación arbitraria del patrimonio”. En concreto. acusan que se fijó el valor de SanCor de manera discrecional, sin fundamentos técnicos ni la intervención de peritos tasadores oficiales que valoren los bienes tangibles e intangibles de la empresa. Otros puntos que denunciaron los acreedores son: x) Ocultamiento de activos (Caso SanCor Seguros): Señalan que el juez ignoró el pedido de intimar a SanCor Seguros para que exhiba contratos o balances por el uso de la marca "SANCOR", un ingreso que afirman sería millonario en dólares y cambiaría el rumbo del proceso. x) Exclusión ilegal de la sindicatura: Denuncian que el Síndico Tomat fue desvinculado intempestivamente del expediente digital durante dos semanas. En ese período a oscuras, se tomaron decisiones económicas graves sin control y se impidió el acceso de los denunciantes a las actuaciones. x)Omisión de empresas vinculadas y sucursales: El juez no incluyó en la valoración de los activos a empresas informáticas prestatarias (que pertenecen mayormente a SanCor) ni transparentó la situación económica de las sucursales de SanCor en Brasil y México. x)Baja de precio injustificada por siniestro: Tras un incendio en la planta de Sunchales, el magistrado aplicó una rebaja ("retasa") del 20% en el valor de venta sin realizar consultas técnicas, lo que consideran que consolida un "precio vil" de remate. x) Declaración de quiebra ilegal: El juez decretó la quiebra antes de que se expresara la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa. Además, intervino en dicha asamblea designando de forma irregular al abogado de la empresa (no asociado) para presidirla y coaccionar el voto de los presentes. x) Rechazo arbitrario de un Plan de Salvataje: El juez rechazó de forma fulminante (in limine) un plan de rescate para SanCor con amplio apoyo político e institucional, bajo la "excusa irrisoria" de que fue presentado 15 minutos tarde, violando el principio civil de que los plazos se cuentan en días y no en horas. x) Silencio sistemático y denegación de justicia: Los denunciantes acusan al juez de ignorar por completo todos sus escritos, apelaciones y recursos de pronto despacho, obligándolos a recurrir en queja ante la Cámara de Apelaciones. x)Desobediencia a la Cámara: El magistrado ha ignorado incluso las órdenes de la Cámara de Apelaciones, la cual le solicitó las claves del expediente judicial ante el cual el juez se llamó a un "mutismo total"
