El diputado provincial Germán Scavuzzo presentó un proyecto de ley que busca regular las cobranzas extrajudiciales de deudas de consumo en Santa Fe para poner límites al hostigamiento, la intimidación y las prácticas abusivas, sin impedir que una deuda legítima sea reclamada.
La iniciativa nació a partir de una inquietud que la jefa de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, Nadia Amalevi, y la responsable del Área Financiera, Ariadna Ciammarrello, acercaron a la presidenta del Concejo municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck ante el crecimiento sostenido de consultas vinculadas con deudas y métodos abusivos de cobranza.
El informe semestral de junio de 2026 de la Oficina había relevado 4.396 actuaciones entre diciembre de 2025 y junio de 2026, con un crecimiento interanual del 42,7%. De ese total, 1.631 expedientes correspondían al Área Financiera, que registró un aumento cercano al 60%.
Todos los días, vecinos y vecinas nos plantean una situación muy angustiante: además de estar endeudados, tienen que soportar llamados a toda hora, mensajes que simulan actuaciones judiciales o la vergüenza de que contacten a sus familiares o a su lugar de trabajo para reclamarles. Esta ley pone un límite claro: una deuda puede reclamarse, pero no se puede hostigar a la persona endeudada”, sostuvo Schmuck en el marco de la presentación del proyecto.
“Desde la Oficina advertimos que el problema ya no es solamente la deuda, sino también la manera en que se la reclama. Una persona endeudada no pierde sus derechos ni puede quedar sometida a amenazas, intimidaciones o exposiciones frente a su familia y su ámbito laboral. Los casos que recibimos mostraron la necesidad de transformar esa preocupación cotidiana en una respuesta concreta”, señaló Amalevi a su tiempo.
Alcances de la ley
El proyecto regula toda cobranza extrajudicial dirigida a consumidores domiciliados en Santa Fe, incluso cuando el acreedor o la agencia de cobranzas estén radicados fuera de la provincia, y establece como principios el trato digno, la buena fe, la transparencia y la privacidad.
Obliga a que en el primer contacto se informe con claridad quién reclama, en nombre de quién lo hace, cuál es el origen de la deuda y de qué manera puede impugnarse. Limita la frecuencia a no más de dos comunicaciones semanales —una sola en el caso de consumidores hipervulnerables, como mayores de 70 años, jubilados, pensionados o personas con discapacidad— y prohíbe los llamados entre las 20 y las 9.
También prohíbe contactar a familiares, vecinos o empleadores para exponer la deuda, así como utilizar mensajes que simulen una actuación judicial inexistente, con expresiones como “embargo inmediato” o “secuestro de bienes” cuando esas medidas no han sido ordenadas.
El proyecto impide, además, presionar al consumidor para que acepte una refinanciación durante la misma llamada y establece que el acreedor no puede desligarse de responsabilidad alegando que tercerizó la cobranza en una agencia o un estudio.
“No estamos regulando si una deuda se paga o no. Estamos regulando cómo puede reclamarse. El derecho a cobrar una deuda no está por encima del derecho del consumidor a ser tratado dignamente”, sostuvo Scavuzzo al presentar los fundamentos del proyecto.
Los números registrados por la Oficina
El proyecto recoge el trabajo realizado por el Área Financiera de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, que depende del Concejo Municipal de Rosario.
El informe semestral de junio de 2026 había relevado 4.396 actuaciones entre diciembre de 2025 y junio de 2026, con un crecimiento interanual del 42,7%. De ese total, 1.631 expedientes correspondían al Área Financiera, que registró un aumento cercano al 60%.
Los datos actualizados al 21 de agosto profundizan esa tendencia: sobre un total de 6.192 actuaciones recibidas por la Oficina, 2.385 corresponden al Área Financiera, casi cuatro de cada diez. Dentro de ese grupo, 1.084 casos presentan algún inconveniente relacionado con deudas, hostigamiento para su cobro o registros en bancos de datos como Veraz o la Central de Deudores del BCRA. Esto representa más del 45% de los casos del Área Financiera y el 17,5% del total de las actuaciones de la Oficina.
El relevamiento confirma, además, que el problema dejó de estar limitado a los sectores tradicionalmente considerados vulnerables. Actualmente, llegan a la Oficina trabajadores registrados, familias de ingresos medios, jubilados y pensionados que necesitan orientación para ordenar sus deudas y, al mismo tiempo, protección frente a métodos abusivos de cobranza.
