- Pasa en todas las obras. No importa si se trata de un arreglo menor en una casa particular o una mega infraestructura pública: siempre se reniega a la hora de los detalles y las terminaciones. Siempre aparece un inconveniente no previsto. Y el protagonista de esta historia es el Aeropuerto de Rosario.
Mientras que en la prensa todo era alegría palpitando el arranque la semana que viene de los vuelos directos entre la ciudad y Madrid, un logro histórico que se trabajó durante varias gestiones, los empleados de la aeroestación estuvieron renegando de lo lindo para tratar de solucionar un imprevisto: quedaron a muy diferente altura la puerta del avión con la manga.
Un observador casual pero muy entendido en el tema pudo ver a los empleados sudando la gota gorda mientras ensayaban el enganche con una escalera colocada a la altura que tendrá la puerta del Airbus 350-900, y aun forzando todo, la pendiente que quedaba no era muy apta para alguien con algún inconveniente de movilidad.
¿Y llevarlos en vehículos? Puede ser. El tema es que los que disponen la empresa que hace el servicio de rampa con toda la furia pueden subir 30/35 personas por lo que deberán hacer varios viajes habiendo 400 pasajeros.
Es probable, que le terminen encontrando la vuelta, como siempre hacemos los argentinos; un poco por amor propio y otro porque no es la mejor postal de inauguración que unas 400 personas tengan que ir caminando por la pista (más aún si llega a llover), sobre todo porque -por sus dimensiones- el avión se estacionará a prudente distancia de las instalaciones.
Pero adonde la situación parece difícil de solucionar es por el lado de las dependencias nacionales. Pese a las gestiones del Aeropuerto y del gobierno provincial, hasta la semana pasada seguía firme el rechazo al pedido de que Aduana, Migraciones y Senasa aumenten el personal para atender un vuelo de 400 pasajeros, ya que no superan los dedos de una mano la cantidad que está hoy operativa en Aeropuerto para esas tareas.
Y si el trámite de Aduana y Migraciones es bastante lento con aviones pequeños, como bien lo saben quienes viajaron al exterior desde Rosario, habrá que armarse de paciencia cuando se trate de atender un vuelo de 400 pasajeros. Pueden parecer cosas menores, pero todo suma o resta en la cuenta que hará World2Fly cuando, en 6 meses, defina si sigue o discontinúa la ruta.
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- Es más, este tema de la manga del aeropuerto (un servicio anhelado por los usuarios y cuya falta siempre expuso a críticas y cargadas a la aeroestación local) puede sonar como un mero “problema de ricos” o “white people problem”, pero una lectura más profunda expone una cuestión central de la gestión económica nacional actual: el vaciamiento de oficinas estatales.
Nadie se puede oponer al recorte de personal ocioso en las oficinas públicas, pero de ahí a vaciarlas hasta dejarlas sin operatividad por falta de personal de base o de directores “con firma” hay una largo trecho. Y cuanto más importante es la oficina estatal vaciada, mayor el daño económico.
Por ejemplo, en un tema central como el hídrico. La virtual eliminación del Ente Nacional de Obras Sanitarias (Enhosa) dejó renga y huérfanas de financiamiento obras claves, como plantas potabilizadoras y acueductos. (nota al pie: durante el gobierno de Alberto Fernández la gestión fue un chiste de mal gusto con retrasos de pagos que se contaban en años).
El vaciamiento del Instituto Nacional del Agua (INA), que aportaba estudios claves para definir los impactos de nuevas urbanizaciones, también es un riesgo, más en vísperas de fenómenos climáticos intensos. No es casual que nos hayamos referido al tema hídrico, porque luego volveremos a él.
Y un tema muy delicado que no explotó de casualidad con violencia y en el que el vaciamiento de dependencias del gobierno nacional también tuvo su cuota de responsabilidad fue en la dura interna en el sindicato de estibadores (Supa) de Rosario. ¿De qué se trata?
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- Las gestiones urgentes que hizo la titular del Enapro, Graciela Alabarce, para desactivar una movilización de la actual conducción del Supa hacia la Fluvial en medio de la realización del Santa Fe Business Forum, evento en que el gobierno provincial se jugaba muchas fichas, mostró la tensión reinante en el ambiente.
La situación era la siguiente. Desde que la fracción opositoras de los estibadores de Marcelo Leiva se impuso en las elecciones del año pasado tuvo muchos problemas para acomodar sus papeles, sumado a que los comicios habían sido objetados.
En la oficina de Rosario de la Secretaría de Trabajo de la Nación quedaron funcionarios con firma y casi vacías, por lo que todo debía tramitarse en Buenos Aires. Pero allí los directores con competencia en el área gremial duraban una semana. El caso era que pasaban los días y no llegaba el reconocimiento legal a las autoridades ganadoras.
La bomba estalló cuando en agosto, la Secretaría se declaró incompetente para reconocer a las nuevas autoridades y resolver el conflicto sobre la legitimidad de las elecciones. Fue así que se activó la intervención del Supa Rosario por parte de la Federación Nacional de Estibadores, que desde Buenos Aires le encargó la tarea a abogados porteños.
Para la facción perdedora de las elecciones, la decisión del gobierno fue un espaldarazo a sus denuncias de irregularidades en las elecciones y, sobre todo, de la ilegitimidad formal de los ganadores para ocupar el gremio.
Los letrados empezaron a mandar mails a las empresas en la que trabajan los estibadores del Supa Rosario -como Terminal Puerto Rosario, Servicios Portuarios- y a las autoridades del Enapro para comunicarles la novedad de que Leiva ya no conducía el sindicato. Y dato no menor: les pedían que pasen a derivar los aportes sindicales a la Federación. Una torta de dinero.
Las empresas se corrieron del conflicto por temor a que se traslade a los muelles, pero no cambiaron de destino el envío de fondos. Fue ahí que la tensión escaló cuando Leiva preparaba una movilización contra la intervención a la Fluvial en pleno Business Forum.
Ese default operativo del Estado nacional que demora resoluciones y se corre de la resolución de los conflictos estuvo al borde de generar una lucha gremial en un sindicato duro y socialmente delicado porque además de tener gimnasia para los enfrentamientos violentos tiene muchos personajes pesados merodeando, un batalla que además complicaría los intentos en marcha del gobierno provincial y la empresa TPR para que el puerto rosarino deje atrás décadas de estancamiento.
Al final, la marcha no se hizo porque el Enapro habilitó un breve encuentro en el Business Forum de representantes legales del gremio con el gobernador Maximiliano Pullaro.
A todo esto, la intervención quedó en los papeles ya que nunca aparecieron los abogados porteños y la facción que perdió los comicios identificada con César Aybar tampoco se hizo presente en la sede del gremio, como temieron autoridades de Seguridad de la Provincia. Así que la tensión no saltó (hasta ahora) de los expedientes y las redes sociales a las calles.
Como la Secretaría de Trabajo se declaró incompetente, el sector de Leiva fue, con una cautelar, a la Justicia federal para que resuelva el conflicto. Tema al margen: el reclamo se presentó en los tribunales de capital federal. ¿Por qué será que no se hizo en la Justicia federal de Rosario? Respuesta abierta.
Como sea, en el comando de Leiva hay confianza de que la Justicia resolverá a su favor y anulará la intervención, sobre todo cuando hubo dos giros interesantes en la batalla. Uno fue que el abogado que encabeza la intervención es el mismo que había presentado objeciones a las elecciones. Raro. ¿Toda una maniobra para quedarse con los aportes sindicales?
Y el segundo fue que llegó al Supa un documento de la Secretaría de Trabajo en el que informa que el gobierno rechazó por diversas razones, algunas de forma, la asamblea de adhesión del gremio local a la Federación que la conducción de Aybar realizó poco tiempo antes de las elecciones. Eso quiere decir, ni más ni menos, que el Supa Rosario no es parte de la Federación Nacional, y por eso no puede ser intervenida por ella.
Con esas nuevas cartas sobre la mesa, en el oficialismo del Supa ven que, luego de un agosto de alta tensión, el panorama se empieza a aclarar. Y por eso van por más: ahora reclaman el asiento en el Enapro. O por lo menos que no lo siga ocupando Aybar.
Ocurre que formalmente esa silla es para los gremios (en algún momento lo tuvo el personal de dragado y balizamiento, en otros los estibadores), y en el caso de los estibadores el que lo debe definir es la Federación.
Es por eso que Aybar se mantenía en el directorio del Enapro pese a haber perdido las elecciones. Pero ahora que se descubrió que el Supa Rosario no es parte de la Federación, la gente de Leiva le pide al ente administrador que lo corra del cargo. Una petición que incomoda a directores del Enapro que se sentían a gusto con el perfil componedor de Aybar y que todavía miran de reojo el perfil de los recién llegados, al igual que pasa en TPR y en el gobierno.
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- Vuelta de página. La resolución del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, de reclamarle a DaviK SA, la desarrolladora del emprendimiento inmobiliario Damfield ubicado en Funes frente al Kentucky, para que proceda de manera inmediata “a la restitución de las condiciones originales y a la remediación del daño ambiental producido en la fracción de terreno que fue intervenida” abrió un frente de conflicto para la propia administración provincial y expone contradicciones que pueden terminar en un millonario juicio contra el Estado santafesino.
Resulta que ante la avanzada oficial y el perjuicio económico que le provocaría tanto a la desarrolladora como a sus inversores tener que afrontar el costo de reacomodar el terreno para dejarlo como estaba antes de los movimientos de tierra, asoma el interrogante: ¿no debería ser la Provincia la que reparare el daño por el cambio de posición, ya que primero avaló y luego prohibió la realización del emprendimiento?.
En efecto, el tema central es que durante la gestión de Omar Perotti la Secretaría de Recursos Hídricos le otorgó el certificado 1 (que dice que la zona no es inundable y se puede construir allí) y estaba en avanzada conversación para otorgarle el certificado 2 (que establece el plan de obras de drenaje que debe hacer el urbanizador).
La presión en contra que se activó por el lugar del desarrollo (en el entorno de la presa sobre el Ludueña) hizo que la gestión de Perotti demorara el otorgamiento del certificado 2 a la espera de una informe que le encargó al Instituto Argentino del Agua (INA).
Cuando llegó el gobierno de Maximiliano Pullaro, y todavía el tema no estaba en agenda mediática, el 24 de abril, el proyecto pareció volver a activarse burocráticamente y la Dirección de Minería dependiente de la Secretaría de Agricultura que, a su vez, depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, le habilitó el movimiento de suelo que ahora el gobierno le dice que retrotraiga a su costo. Vaya contradicción.
Y eso se puede ver claramente en el documento que lleva la firma de Federico Tenoria y Gabriela Alanda y el número 00700101437272 que adjuntamos acá:
Pero luego cambió hacia fin de ese año, cuando el gobierno salió con todo a clausurar urbanizaciones en marcha que no tenían hasta el último papel firmado, que es lo que exige la ley para habilitar su desarrollo.
Fue así que, en el caso de Damfield, primero clausuró las obras de movimiento de tierras de Damfield porque no tenía todas las autorizaciones; con la lectura de que para hacer cualquier obra primero el urbanizador tenía que tener hasta el último papel firmado y no solo, como el caso de Damfield el certificado 1, la habilitación de Minería y el proceso en curso del Certificado 2 .
Ahora bien: una cosa son las multas y las sanciones a la desarrolladora por apurarse e iniciar obras antes de tener todos los papeles, que es la lectura del gobierno de las leyes y bien puede ser válida, pero otra muy distinta es sacarle aprobaciones (el certificado 1) ya otorgadas; clausurando así la posibilidad del desarrollo para luego, incluso, pedirle que sus inversores financien el movimiento de tierras que les ordenan y ellos previamente les habían autorizado como consta en el documento antes mostrado.
Como esa decisión es un flanco débil de la avanzada de la Provincia si el tema escala en Tribunales, desde las áreas de asesoría jurídica del gobierno provincial estuvieron comunicando a los funcionarios que pasen el mensaje de que en realidad Damfield nunca tuvo el primer certificado. Que sólo tenía autorizaciones para instalaciones deportivas.
Pero ese mensaje choca contra la realidad de los expedientes. Expediente que, luchando contra toda la burocracia, hasta un periodista puede acceder con un día de gestiones con personal de planta. Y así se puede ver en el que lleva el número 019070007204 que se refiere al proyecto residencial de Damfield, firmado por el entonces secretario de Recursos Hídricos Roberto Gioria el 19 de julio de 2022; y que dejamos a continuación.
Pueden pasar los gobiernos, pero el Estado es el mismo. Y acá se ven las contradicciones entre gestiones o incluso las contradicciones entre distintas áreas de un mismo gobierno que ameritan explicaciones oficiales.
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Finalmente, vamos ahora sobre la causa de la financiera céntrica Ciag, cuyos clientes denuncian la desaparición de sus inversiones por u$s4M.
Resulta que llamó la atención en el Centro de Justicia Penal la trascendencia que se le dio a que el fiscal asignado Federico Aranda renunciara a su cargo para asumir en la Unidad de Información Financiera (UIF) por haber sido el tercero en pasar por ese expediente que data de 2023.
Ocurre que la asignación, que es potestad de la jefatura de la Unidad de Delitos Complejos, no es un asunto con relevancia jurídica, sino un tema de organización administrativa interna.
En efecto, no hay un fiscal “dueño” de un caso, sino un responsable administrativo. En realidad, jurídicamente, se podría decir que todos los casos de Rosario son del fiscal Regional, Matías Merlo.
Ahora bien: formalmente el caso quedará a cargo administrativamente es el titular del área, el fiscal Sebastián Narvaja, quien ya venía trabajando con Aranda. Pero así no hubiera estado trabajando en ese expediente, el cambio no tiene porqué generar demoras en las pesquisas.
¿Y qué se puede decir sobre las investigaciones? Habrá novedades antes de que prescriba la causa. ¿Por qué?
Es que hubo aportes claves de ejecutivos de Rosental Inversiones, brokers de las compras documentadas de propiedades en el exterior que hizo a través de ellos el titular de la financiera CIag, Juan Carlos Culhane, cliente del grupo desde hace muchas décadas. En paralelo, ahorristas contaron en Fiscalía que nunca tuvieron contacto con Rosental Inversiones pese a los que en Ciag les aseguraban que allí colocaban sus fondos a sus nombre. Es más, aseguraron que nunca visitaron las instalaciones, nunca tomaron contacto con ejecutivos del grupo y que nunca firmaron papeles con Rosental.
Todos estos datos recabados le está permitiendo a Fiscalía empezar a dilucidar que el presunto engaño sobre el destino de los fondos de los inversores (a quienes les prometían rentas por colocaciones en el exterior a través de Rosental vía supuestas cuentas que nunca se hicieron y que es un fórmula que Rosental no trabaja) habría estado armado primero por Cullhane y luego por quienes continuaron manejando la financiera desde su fallecimiento en 2017 hasta su estallido hacia 2022/2023: su asociado (y hasta ahora único implicado que tiene la causa) Luciano Roatta y la viuda, llamada Paola Allegranza, quien sí viene zafando de las imputaciones mientras usufructúa los millonarios bienes que les dejó su esposo y que los clientes estafados sostienen que fueron comprados en parte con sus dineros colocados y posteriormente esfumados.
Habrá novedades.
