La transparencia es una condición básica para que los ciudadanos afiancemos los vínculos y lazos con nuestros gobernantes. Si a eso sumamos una gestión austera, eficiente y eficaz de los recursos públicos se puede anticipar el marco perfecto de convivencia democrática. Para ello, los diseños institucionales buscan garantizar a través de “mecanismos de vigilancia” esta armonía a través de leyes que permitan “asegurar” el contrato social de una sana administración. 

La reciente publicación de las cifras provinciales, en cumplimiento de la Ley Responsabilidad fiscal, permitió indagar los primeros meses de gestión del Gobernador Pullaro, en un contexto social y económico signado por motosierras y licuadoras en el plano nacional.

Los números del tesoro provincial presentan superávit financiero en el primer trimestre del 2024, con un acumulado al 31 de marzo, de casi $ 115.000 millones proyectando un ejercicio en línea con los intereses de la Casa Rosada.

Ahora bien, al desagregar el número financiero, se puede apreciar que el superávit de la Administración Central y los organismos descentralizados provinciales contrastan con el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Así los $ 14.000 millones de déficit previsional -acumulados en el primer trimestre- resultan compensados por los más $ 126.000 millones de superávit de la administración central y los $ 2.200 millones de los descentralizados provinciales.

Hasta aquí el cierre auspicioso del primer trimestre del año en curso. Ahora bien, al analizar, en detalle, el comportamiento de los principales componentes de la ejecución presupuestaria puede apreciarse que el impacto de las medidas nacionales está haciendo mella sobre los números provinciales. Tanto por el lado de los ingresos como de los egresos.

Una forma de abordar el tema es comparar el cierre del primer trimestre del año en curso con el mismo período del año anterior, presentando los números en una forma homogénea, evitando así considerar los efectos inflacionarios.  

En términos generales, el superávit financiero logrado se dio en un escenario de caída de recursos -propios y nacionales- del 12% compensado por una fuerte reducción de los gastos corrientes (-25.3%) y una brusca contracción del Gasto de Capital -inversión pública- del 62%. La combinación de estos movimientos generó un resultado positivo financiero un 176,1% superior al mismo período del año pasado.

En términos particulares, al desagregar cuales fueron los comportamientos de los principales rubros que componen los gastos provinciales, encontramos diferencias significativas.

En un extremo, la “licuadora provincial” fue moderada para los salarios, con una caída real del 18,6%, siguieron en el ránking de velocidad, los jubilados y pensionados provinciales con 19,1% de reducción de sus partidas, los subsidios con un 35,6% de merma y cierran los gastos corrientes los gastos en bienes de consumos -insumos- con el 51,6% de caída. Capítulo aparte merece la brusca reducción de la inversión pública santafesina con una contracción del 62%. En síntesis, la licuadora también se aplicó en el orden provincial. Con magnitudes que se asemeja e incluso superan al orden nacional.

En efecto, las remuneraciones al personal de la administración nacional, sufrieron mejor tratamiento que los empleados públicos santafesinos, cuando la Nación licuó un 15,6% frente al 19,1% provincial, así como también los bienes de consumos nacionales cayeron, en términos reales, un 39,5%, en tanto que Santa Fe los redujo en un 51,6%. En contraposición, los recortes en subsidios provinciales y los gastos de la seguridad social provincial corrieron mejor suerte que los nacionales donde la licuación nacional alcanzó el 26,7% frente al 19,1% santafesino. 

En otras palabras, los vientos de cambio cruzaron la General Paz, y a pesar de la contracción de la actividad económica, atrás quedaron las políticas públicas “activas” de crecimiento y desarrollo que buscaban paliar los efectos de la inflación en los bolsillos de los ciudadanos. El imperativo del superávit fiscal -más que del equilibrio fiscal- parece constituirse en un fin en si mismo que debe privilegiarse a pesar de las necesidades sociales imperantes en la comunidad santafesina.

* LE Cristian Módolo, docente en la Universidad de Buenos Aires y ex subsecretario de Hacienda de la Nación.