“El viernes pasado vimos que había vísceras y cabezas, lo faenaron acá nomás. Nos da una impotencia terrible. Además cortaron todo el alambrado y se escaparon vacas. Un peligro. Estamos muy amargados”. El relato que sobre fines de mayo hizo Alejandro, productor agropecuario de Santa Teresa, ante las cámaras de El Tres, sobre la sangre de uno de los animales que tenía en su campo hasta que cuatreros rurales lo mataron y faenaron en horas de la madrugada, evidenció lo que desde hace tiempo sienten quienes viven en zonas rurales de la provincia de Santa Fe: que están a merced de los delincuentes.
La angustia de este hombre es compartida por muchos otros trabajadores del campo santafesino que han atravesado experiencias similares o incluso hasta más desagradables y peligrosas, como los robos dentro de sus propias casas con agresión física. El grito de ayuda de este sector se escucha desde los cuatro puntos cardinales de la provincia y no es sólo por cuestiones materiales: también tienen miedo de lo que pueda pasarles a ellos o a sus hijos si el estado no los protege.
Con todo ese cúmulo de vivencias en carpeta, representantes de diferentes sectores del campo de nuestra provincia concurrieron la semana pasada al Senado convocados por la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien armó una reunión antes de tratar un proyecto de ley que propone la creación de una Unidad Fiscal especializada en Delitos Rurales, que horas más tarde salió votado por unanimidad y ahora espera por el empujón que falta en Diputados, cámara en la que proyectos similares ya perdieron estado parlamentario en dos oportunidades.
“Por supuesto que la noticia es bien recibida, pero la creación de la fiscalía per se, si no está inmersa en un plan integral que abarque la prevención, va a ser difícil que funcione. Hasta ahora, nunca se ha podido dar en la tecla para iniciar un trabajo integral para erradicar el delito rural”, dijo Carlos Reynoso, representante de la Sociedad Rural en la reunión con los legisladores.
Un proyecto que aún debe prosperar
La norma votada por todos los senadores presentes en la sesión del jueves último propone la creación de una Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, que estará integrada mínimamente por un par de fiscales en cada región y dependerán de la Fiscalía General. El proyecto lo presentó el senador justicialista Rubén Pirola, quien fue apoyado y hasta felicitado por legisladores de otras fuerzas, como el oficialismo.
Según le dijo Reynoso a Punto Medio (Radio 2), el texto se “enriqueció mucho con el aporte de productores de toda la provincia, que contaron desde experiencias particulares hasta robos más grandes, como el que se dio en una zona cercana a Rosario donde se llevaron 52 transformadores de la EPE de 700 kilos cada uno. Los senadores estuvieron atentos a los aportes de los productores, e incluso hubo diputados que participaron de la reunión. Eso mostró una voluntad aunada de ir para adelante con esto”.
De acuerdo a lo explicado por el referente rural, “la provincia está atravesada por el delito del cuatrero ocasional, que faena un animal y lo vende en la carnicería, como por el delito de bandas más organizadas que tienen la logística necesaria para sacar un transformador de 800 kilos. Lo del robo de animales no es menor: porque esa carne después se vende en carnicerías sin cuidados bromatológicos ni cadena de frío, lo que puede generarle problemas de salud al consumidor de buena fe”.
“Y otra cosa positiva es que el proyecto no habla solo del abigeato, sino de los delitos rurales en general: el delito rural no es solo el que va contra los medios de producción, sino que muchas veces lo viven las familias con privación de la libertad de alguno de sus integrantes y ladrones que entran a sus casas, los amenazan y los golpean. El hecho de estar alejados de los grandes centros urbanos hace que la prevención sea complicada de parte de la policía y ni hablar la investigación posterior. Por eso, es imperioso que esto avance”.
Persecución penal sí, prevención también
Dentro del catálogo de sugerencias que les hicieron a los legisladores los representantes de entidades ruralistas como la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria está la de mejorar la prevención: “Sabemos que es difícil prevenirlos porque en Santa Fe la superficie de campo es muy extensa y la falta de recursos complica", dijo Reynoso.
"Afortunadamente este gobierno ha dispuesto que la guardia rural Los Pumas no esté más en los centros urbanos y ocupen sus destacamentos en las zonas rurales, lo que es un avance. Pero todavía hay destacamentos o comisarías que no están informatizadas, sin acceso a internet, por lo que es difícil hacer una prevención sin medios y mecanismos mínimos”, señaló.
Acerca de cuáles son las zonas más complejas, apuntó: “Los sectores más calientes de la provincia son las que están cerca de los límites interprovinciales, porque el hecho de que puedas cruzar el fruto del delito hacia otro distrito hace que sea difícil de perseguir por la diferencia de jurisdicción de las fuerzas policiales y la justicia”.
Y concluyó agradeciendo que tengan en cuenta al campo en el plan integral de seguridad provincial: “Los recursos son pocos en zonas alejadas de las ciudades. El hecho de no contar con una fiscalía especializada provoca que si vos tenés un homicidio en un centro urbano o el robo de un repuesto de un tractor en una zona rural, la fiscalía va a priorizar lo que pase en los núcleos urbanos. Antes tenía que ocurrir un hecho de máxima gravedad contra las personas para que la justicia se interese en perseguir el delito rural. Por eso agradecemos que los legisladores y el estado provincial miren y protejan la actividad rural y sobre todo a las personas”.
