La disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la viabilidad del proyecto Sea Lion llegó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), que inició una primera audiencia en Hamburgo, Alemania. En el primer encuentro, el gobierno argentino expuso su reclamo y sostuvo que "los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa". En sus argumentos, los británicos respondieron que "no hay duda" acerca de su soberanía sobre las islas y apuntaron que “Argentina recrudeció agresivamente su retórica en las últimas semanas”. El proceso continuará con una segunda audiencia el miércoles.
Durante su presentación, la Argentina planteó cuatro reclamos concretos al Reino Unido: que frene el inicio o la continuidad de las actividades de explotación vinculadas a Sea Lion, que no conceda nuevas autorizaciones en la zona, que resguarde toda la información obtenida durante las tareas de exploración y que adopte medidas para proteger el medio marino.
Los planteos fueron expuestos por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, al comienzo de su intervención ante el tribunal.
La delegación argentina en Hamburgo está encabezada, además, por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto a la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
La presentación argentina busca que se ordene el cese de las actividades petroleras en las aguas del Atlántico Sur cuya soberanía reclama el país. El objetivo es frenar el avance de los proyectos hidrocarburíferos impulsados en el área por empresas vinculadas al Reino Unido, mientras continúa la controversia internacional.
El Reino Unido concedió media docena de licencias para la explotación de hidrocarburos en el suroeste del Atlántico, incluido el proyecto Sea Lion.
Oyarzábal aclaró que no se busca que el organismo internacional resuelva quién tiene la soberanía sobre el archipiélago ni que se expida sobre la delimitación marítima. La discusión, en esta instancia, está vinculada con los derechos que la Argentina considera afectados por las decisiones unilaterales de Londres.
“Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, señaló, y trazó una distinción precisa: Argentina reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a decidir a qué Estado pertenece el territorio. “Lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué Estado pertenecen las Islas. Esa cuestión debe resolverse entre los dos Gobiernos, tal como lo ha determinado la Asamblea General”, afirmó.
Para fundamentar el pedido, el diplomático repasó los antecedentes de la disputa, las gestiones diplomáticas y las distintas resoluciones argentinas frente al avance británico. También hizo referencia a la falta de una respuesta favorable del Reino Unido, que ratificó su intención de seguir adelante con el emprendimiento petrolero. Recordó que el 28 de septiembre la Argentina respondió con el inicio del procedimiento arbitral.
Ante los integrantes del Tribunal del Mar, el embajador identificó cuatro principios de la CONVEMAR que, según sostuvo, respaldan la posición argentina: la preservación de los derechos soberanos sobre la plataforma continental hasta que se resuelva la disputa; la prohibición de avanzar unilateralmente sobre los recursos no renovables de esa zona; el deber de no entorpecer las vías de solución del conflicto; y la obligación de garantizar la protección del ambiente marino.
En relación con este último punto, advirtió que las acciones británicas también podrían afectar la capacidad de la Argentina de cumplir con sus propios compromisos internacionales de conservación del ecosistema marino.
En paralelo, el jurista Kohen se mostró optimista. "Estamos confiados en que el tribunal, siguiendo su jurisprudencia, evite que haya nuevos pozos petrolíferos que sean perforados por el Reino Unido para explotar recursos no renovables", dijo a EFE.
"Argentina es consciente de que no le puede pedir al Tribunal de Derecho del Mar que resuelva la controversia de soberanía, por eso lo que estamos pidiendo simplemente es que mientras dure la controversia, el Reino Unido no explote recursos no renovables en la plataforma continental que es objeto también de controversia", explicó.
"Nuestra demanda está limitada al marco de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar" (CONVEMAR), un tratado de 1982 rubricado por Argentina y Reino Unido, afirmó Kohen.
La respuesta del Reino Unido
El Reino Unido argumentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que "no hay duda" acerca de su soberanía sobre las Islas Malvinas y que, por tanto, el país europeo tiene el derecho soberano en las áreas marítimas adyacentes y puede conceder licencias de explotación de hidrocarburos a empresas.
"La postura británica frente a la pretensión argentina está sólidamente cimentada. El Reino Unido no alberga duda alguna sobre su soberanía en las Islas Falkland y, por ende, sobre su soberanía y derechos soberanos en las áreas marítimas adyacentes", dijo la fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, ante el TIDM.
La línea argumentativa de Reeves fue aseverar que el caso argentino ante el TIDM es una reclamación sobre la soberanía y, por ende, la corte no es competente en virtud de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (CONVEMAR).
"(...) este caso constituye una disputa sobre soberanía territorial terrestre que escapa a la competencia del tribunal", afirmó.
Indicó que la soberanía británica sobre las islas "se remonta a 1765, con una presencia y administración ininterrumpida, efectiva y pacífica desde enero de 1833" y que "la única interrupción a la administración pacífica británica fue la invasión armada perpetrada por Argentina en 1982".
"La presencia y administración pacífica del Reino Unido se restableció dos meses después y se ha mantenido durante las décadas posteriores", recalcó.
En 2013, "ante la persistente intimidación política y hostilidad de Argentina", se celebró un referéndum en las islas sobre la conservación o no del estatus actual político como Territorio Ultramar del Reino Unido, "en el que el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de continuar siendo británicos", sostuvo.
"Argentina insiste, no obstante, en imponer su agenda política de reivindicación de soberanía", recalcó.
"A pesar de ello, hemos procurado mantener un diálogo constructivo" y "el Reino Unido ha reiterado constantemente su disposición a cooperar con Argentina en temas de interés mutuo en el Atlántico sur y de forma más amplia", señaló la fiscal general.
Por el contrario, sostuvo, "Argentina ha optado por recrudecer agresivamente su retórica en las últimas semanas", y el presidente, Javier Milei, declaró en septiembre que las Islas Malvinas son una "causa nacional" y que se va a "tomar cartas en el asunto".
En opinión de Londres, mediante las medidas cautelares pedidas al TIDM, Argentina "pretende instrumentalizar la CONVEMAR y a la corte para su causa".
"El pretexto", dijo, es el deseo de paralizar las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que circundan a las Malvinas, pero Buenos Aires "ignora por completo el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales en beneficio de su propio desarrollo económico", argumentó.
Además, explicó que tales actividades se han desarrollado durante décadas: las primeras licencias de producción se concedieron en 1996 y las primeras perforaciones se iniciaron poco después.
Cómo sigue el proceso
Según el cronograma oficial, el Reino Unido tendrá la palabra de 15 a 18 hora de Hamburgo. El miércoles habrá una segunda ronda con repreguntas: la delegación argentina irá de 10.30 a 12 y la británica de 17.30 a 19, todo hora de Hamburgo. Las exposiciones serán en inglés o francés y se podrán seguir por streaming en el sitio del Tribunal del Mar.
El Gobierno presentó la solicitud el 13 de octubre, en el marco de la disputa con el Reino Unido por la exploración y explotación de recursos naturales en la zona de las islas. Entre los proyectos que generan preocupación en Buenos Aires se encuentra el yacimiento Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Ambas empresas anunciaron que prevén comenzar la extracción de petróleo entre 2027 y 2028.
El desarrollo de estas iniciativas volvió a tensar la relación entre la Argentina y el Reino Unido. También generó preocupación por el papel de Chile en la logística de la industria: desde Punta Arenas, a través del sector privado, se brinda apoyo a las operaciones vinculadas con los proyectos hidrocarburíferos. Para el gobierno argentino, el avance de estas inversiones representa un desafío para su reclamo de soberanía sobre las islas y sus espacios marítimos circundantes.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar
La Argentina recurrió al TIDM en virtud del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral. Las audiencias de noviembre permitirán que las partes presenten sus argumentos antes de que el organismo decida si corresponde conceder las medidas solicitadas por Buenos Aires.
En el Gobierno mantienen expectativas de que la resolución sobre las medidas provisionales llegue poco después de las audiencias, aunque el plazo definitivo dependerá del tribunal, según indicó Clarín.
El alcance de la decisión, en caso de ser favorable a la Argentina, estaría limitado al pedido de medidas provisionales. El TIDM no tiene competencia para resolver el fondo de la disputa de soberanía entre ambos países sobre las Islas Malvinas.
La eventual concesión de las medidas podría representar un avance jurídico para la estrategia argentina.
Cómo funciona el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El TIDM es un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tiene sede en Hamburgo y está integrado por 21 jueces. El Reino Unido no cuenta actualmente con un juez de su nacionalidad en el tribunal, aunque puede solicitar la designación de un juez ad hoc en las condiciones previstas por las normas aplicables.
La instancia abierta por la Argentina se suma a otros antecedentes en los que el país recurrió a este organismo para resolver controversias internacionales. En 2012, la Argentina acudió al Tribunal del Mar para solicitar medidas provisionales que permitieran liberar a la Fragata Libertad, retenida en Ghana a raíz de una presentación judicial impulsada por un fondo de inversión acreedor del país.
Con las audiencias previstas para el 10 y el 11 de noviembre, la presentación argentina ingresará en una etapa decisiva. El resultado determinará si el tribunal considera necesario adoptar medidas urgentes frente al avance de los proyectos hidrocarburíferos, sin que ello implique una definición sobre la soberanía de las islas.
