El Gobierno nacional promulgó este viernes la nueva Ley de Glaciares (27.804), una norma que introduce cambios clave en la protección ambiental y que generó fuerte controversia. La medida se oficializó mediante el decreto 271/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la sanción del Congreso el pasado 8 de abril.

La ley, que modifica la vigente desde 2010, redefine el alcance de la protección sobre los glaciares y el ambiente periglacial, y otorga un rol central a las provincias en la toma de decisiones. El proyecto había sido impulsado principalmente por gobernadores de zonas cordilleranas, con el objetivo de facilitar inversiones, especialmente en el sector minero.

Más poder para las provincias

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que cada provincia podrá determinar qué se considera glaciar o ambiente periglacial dentro de su territorio. Además, tendrá la facultad de solicitar la exclusión de ciertas áreas del Inventario Nacional de Glaciares si considera, con respaldo técnico, que no cumplen funciones hídricas.

Esto implica un cambio significativo respecto al esquema anterior, ya que ahora será la autoridad ambiental local la que defina el nivel de protección efectiva de cada zona.

A su vez, la ley establece que el uso de los recursos naturales debe interpretarse en línea con la Constitución Nacional, priorizando un equilibrio entre desarrollo económico y sustentabilidad.

Qué actividades siguen prohibidas

La norma mantiene restricciones sobre actividades consideradas de alto impacto ambiental, pero introduce una condición clave: las prohibiciones regirán únicamente en los glaciares o geoformas que sean identificados como portadores de funciones hídricas.

Entre las actividades que continúan prohibidas se encuentran:

  • La liberación de contaminantes
  • La explotación minera e hidrocarburífera
  • La instalación de industrias
  • Obras que alteren significativamente el ambiente

Sin embargo, ahora serán las provincias las encargadas de evaluar, mediante estudios de impacto ambiental, si un proyecto afecta o no esas funciones.

Cambios en el Inventario de Glaciares

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) seguirá a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero con una modificación clave: dependerá de la información que le provean las provincias para actualizar los datos.

Además, se incorpora el principio precautorio, que establece que toda área incluida en el inventario estará protegida hasta que se demuestre lo contrario. Esa verificación también quedará en manos de cada jurisdicción.

Críticas y posibles demandas judiciales

Distintas organizaciones ambientalistas ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar la aplicación de la ley. Cuestionan tanto el contenido de la norma como el proceso de debate en el Congreso.

Uno de los puntos más criticados fue la modalidad de participación ciudadana: aunque más de 100 mil personas se habían inscripto para las audiencias públicas en Diputados, finalmente participaron menos de 400, lo que generó cuestionamientos sobre la representatividad del proceso.

Cómo fue la votación

La ley fue aprobada con mayoría ajustada en el Congreso:

  • En el Senado: 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención
  • En Diputados: 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones