El Gobierno logró un nuevo triunfo legislativo debido a que Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca. El proyecto impulsado por el ministerio de Desregulación tuvo 138 votos a favor, número similar a la ley de Glaciares (137) o la reforma laboral (135). Esa mayoría del oficialismo es la barrera para cualquier intento de los bloques opositores.
Luego de alcanzar una cómoda mayoría en la media sanción a la ley Hojarasca, el oficialismo se disponía con avanzar en Diputados una modificación en el régimen de zona frías, reduciendo el alcance de subsidios, que privilegiará su alcance al poder adquisitivo de usuarios y no por vivir en regiones con bajas temperaturas.
La realización de la sesión inhibió una iniciativa opositora para interpelar a Manuel Adorni, que estaba prevista para este mismo miércoles. Los habituales aliados al Gobierno le permitieron iniciar la sesión y aprobar la ley Hojarasca. Fueron el PRO, la UCR, el MID y bloques provincialistas de San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones.
El proyecto cosechó 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones. Ahora, deberá tratarse en el Senado.
El proyecto, denominado oficialmente “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta – Ley de Hojarasca”, fue firmado por Milei, Sturzenegger y el jefe de Gabinete Manuel Adorni y enviado al Congreso el pasado 26 de marzo.
Según los argumentos oficiales, existen seis tipos de normas que justifican la reforma: leyes superadas por otras posteriores, obsoletas por cambios tecnológicos, burocráticas, restrictivas de libertades individuales, vinculadas a organismos inexistentes o que financian entidades con fondos públicos.
Entre otros puntos, el Gobierno propone eliminar normas vinculadas al uso obligatorio de microfilmaciones en organismos estatales (proceso de archivo que consiste en fotografiar documentos en papel para reducirlos de tamaño y almacenarlos en películas especiales), la difusión obligatoria de contenidos turísticos en medios de comunicación, regulaciones sobre televisión color y una ley que creó un carnet para mochileros durante la década del 70.
También busca modificar leyes para impedir que entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios reciban financiamiento del Estado nacional.
Otro de los cambios incluidos en el proyecto refiere a la ley de cartografía oficial. La propuesta elimina controles generales y limita la obligatoriedad de utilizar mapas oficiales únicamente al material con fines educativos.
Además, el texto establece que las partidas presupuestarias asociadas a las normas derogadas serán transferidas al Tesoro Nacional.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reducir la “sobrerregulación” y avanzar hacia un esquema con menos intervención estatal. “Cuantas más leyes, menos justicia”, es una de las consignas políticas utilizadas por el Gobierno para defender la iniciativa.
