La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó en las últimas horas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) informar qué ocurrió con los lingotes de oro que fueron trasladados al exterior durante 2024. El fallo revoca una resolución de primera instancia que había avalado la reserva total de los datos y obliga a la autoridad monetaria a detallar el destino de esos activos estratégicos, o en su defecto justificar de manera precisa por qué no puede hacerlo.
La resolución, firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, sostiene que la respuesta del BCRA se basó en “meras afirmaciones genéricas” y que no logró demostrar de qué modo la divulgación de la información podría poner en riesgo la estabilidad financiera del país. Para el tribunal, la negativa vulneró principios básicos de transparencia y máxima divulgación que rigen el derecho de acceso a la información pública.
Para los jueces, se trata de “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales, y “la configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”, al tiempo que destacó que el Estado está obligado a demostrar, “de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido”.
Además, el tribunal hizo hincapié en que el Banco Central no explicó “por qué no podría informar si existieron las operaciones de envío de lingotes de oro al exterior y el monto involucrado, el ámbito en que se adoptó la decisión, la existencia de expedientes administrativos o la eventual notificación a la sindicatura”.
En su momento, el BCRA se negó a dar a conocer los informes solicitados ya que consideró que de esa manera se podría “exponer la ubicación geográfica de los activos y comprometer la seguridad de las reservas internacionales”, además de poner en riesgo la política cambiaria y la estabilidad del sistema bancario.
Un reclamo que escaló en los tribunales
El caso se originó a partir de pedidos formales de la Asociación Bancaria, que en 2024 solicitó conocer detalles sobre eventuales envíos de lingotes al exterior: montos, fechas, decisiones administrativas, funcionarios intervinientes, costos logísticos y destino final. La entidad sindical argumentó que la falta de información impedía ejercer un control ciudadano sobre decisiones que afectan la política monetaria y la administración de las reservas internacionales.
El Banco Central rechazó esos pedidos y declaró la “reserva total” de la documentación, amparándose en excepciones previstas en la Ley 27.275. Según la autoridad monetaria, revelar esos datos podría comprometer la seguridad de los activos y la estabilidad del sistema financiero. La Cámara consideró insuficiente esa fundamentación y recordó que las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva y siempre con una justificación concreta.
