El destino de los 66 animales que quedan dentro del predio del Aquarium de Mar del Plata sigue sin resolverse a más de un año del cierre del parque ubicado junto al Faro de Punta Mogotes. Y dado que Plunimar, la empresa que operaba el parque y fue declarada en quiebra el pasado 20 de febrero, está dentro de un proceso judicial, cualquier traslado requiere de una autorización expresa del Juzgado Nacional en lo Comercial N°20.
El complejo, que era controlado por la multinacional mexicana The Dolphin Company, cerró sus puertas el 31 de marzo de 2025, cuando fracasaron las negociaciones por la renovación del alquiler del terreno.
Para cumplir con la obligación de entregar el predio vacío y sin animales, los administradores del parque comenzaron a gestionar la posible venta de los ejemplares en el exterior. Pero cumplido el plazo fijado para la restitución, que culminó el 31 de marzo de 2026, la empresa llegó a esa instancia sin haber logrado reubicar la totalidad de la fauna.
Es en este contexto que 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey y cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos de dos pelos permanecen en las instalaciones del cerrado parque a la espera de que se les encuentre un hábitat.
La situación generó también controversia por las condiciones en las que permanecen los animales. Luego de varias denuncias en las redes sociales sobre lo que parecía ser suciedad en el agua de los estanques, tanto la empresa como el municipio aseguraron que esta coloración se debe a que proviene del océano.
Quiebra e incertidumbre por los animales
El deterioro financiero de Plunimar se aceleró tras el cierre. Sin su fuente de ingresos principal por la venta de entradas desde marzo de 2025 y con el contrato de alquiler vencido, la empresa declaró la cesación de pagos en enero de 2026, lo que derivó en incumplimientos salariales y una fuerte reducción de su capacidad operativa.
Previo al cierre, la firma intentó durante meses vender algunos de sus animales para generar liquidez. De hecho, antes de la quiebra llegó a concretar la venta de diez delfines a Egipto por US$ 800.000, en una operación que fue detallada dentro del expediente.
Sin embargo, el resto de las negociaciones no prosperó. Según consta en la causa, hubo ofertas por US$ 750.000 desde México, US$ 950.000 desde China y una propuesta de US$ 250.000 desde el zoológico de San Pablo, además de contactos con mercados como Filipinas, Rusia y Europa del Este. Ninguna de esas operaciones se concretó, en un contexto atravesado por trabas regulatorias, demoras y falta de financiamiento.
Debido a esto, la empresa presentó el 23 de marzo una nota en la que reconoció que “se están llevando a cabo gestiones tendientes a la relocalización en carácter de donación” hacia instituciones como la Fundación Bubalcó, el Bioparque Batán y la Fundación Temaikén.
A su vez, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires elaboró un informe técnico en el que incorporó la posibilidad de donar los animales como parte de las alternativas en análisis dentro del proceso judicial.
En ese documento se indicó que los ejemplares “se encuentran en adecuadas condiciones médico-veterinarias y bajo parámetros compatibles con estándares de bienestar animal”, según constataron en una inspección realizada el 13 de marzo.
Actualmente, unos 12 trabajadores continúan en funciones, abocados exclusivamente a la alimentación, sanidad y seguridad de los animales.
