Francia registró una jornada de fuertes disturbios e incidentes en el marco de una masiva protesta nacional contra el aumento del costo de vida. Las movilizaciones convocaron a más de 550.000 personas en las principales urbes del país —cifra que los organizadores elevaron a 800.000— y derivaron en enfrentamientos, saqueos y ataques coordinados contra edificios públicos. Ante la magnitud de los destrozos, el ministro del Interior, Laurent Núñez, informó la detención de 400 personas y el despliegue de operativos especiales de seguridad.
El episodio más crítico aconteció en la ciudad de Limoges, donde un grupo de manifestantes encapuchados incendió un patrullero frente al ayuntamiento local, destruyó los accesos e inició un fuego en el interior del edificio histórico. Las llamas afectaron el techo y provocaron el colapso de la cúpula de la sede municipal, una estructura con 143 años de antigüedad.
El prefecto local, Maurice Barate, confirmó la pérdida de dos tercios de la fachada y calificó el daño patrimonial como una catástrofe irreversible ocasionada por un acto vandálico deliberado.
La ola de violencia incluyó además ataques incendiarios contra las sedes comunales de Marsella, las oficinas de la prefectura en distintas regiones y la oficina de turismo de la ciudad de Lyon. Frente a la escalada de las agresiones a comercios e instituciones, el primer ministro Sébastien Lecornu encabezó una célula de crisis interministerial durante la noche para coordinar la respuesta policial y reforzar el monitoreo en los focos de mayor conflictividad urbana.
Durante una conferencia de prensa, el ministro Núñez atribuyó la responsabilidad de los desmanes a agrupaciones de ultraizquierda y delincuentes oportunistas, tras precisar que la inmensa mayoría de los arrestados eran adultos. Asimismo, el funcionario vinculó a sectores de la extrema izquierda con incitaciones explícitas a la revuelta y rechazó los cuestionamientos del dirigente político Jean-Luc Mélenchon hacia el accionar de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el presidente Emmanuel Macron difundió un mensaje institucional a través de sus canales oficiales para ratificar la persecución penal contra los instigadores y ejecutores de los destrozos. El jefe de Estado garantizó que las fuerzas del orden identificarán a cada uno de los responsables de las agresiones a comerciantes y ayuntamientos para asegurar la aplicación de sanciones severas por los delitos cometidos.
