El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) expresó este viernes su preocupación por el manejo de los recursos destinados a la infraestructura vial y denunció que más de $1 billón permanece sin ejecutar, mientras el Gobierno nacional avanza con un nuevo esquema de concesiones privadas de rutas.
De acuerdo con documentación oficial reconstruida por el gremio, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a la infraestructura vial. De ese monto, según el sindicato, solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras.
El STVyARA señaló que, al 31 de mayo de este año, más de un billón de pesos permanecía colocado en plazos fijos y títulos públicos. El Gobierno, por su parte, reconoció previamente que parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía en el marco de su estrategia para sostener el equilibrio fiscal.
La denuncia del sindicato
La secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó que existan recursos recaudados específicamente para el sistema vial mientras se argumenta que no hay fondos suficientes para mantener las rutas.
“¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, planteó la dirigente, según el comunicado difundido por el gremio.
La denuncia se produce además mientras el Ejecutivo evalúa incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. Desde el sindicato calificaron ese proceso como un “ruticidio” y cuestionaron lo que consideran un debilitamiento de Vialidad Nacional.
Qué dijo el Gobierno sobre los fondos
La discusión por el destino del dinero ya había generado polémica en agosto, cuando el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), que se financia con una porción del impuesto a los combustibles, es administrada por Economía para contribuir al equilibrio fiscal.
Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado va a Vialidad Nacional y otra queda a disposición del Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, defendió que las rutas continúan recibiendo tareas de mantenimiento.
El SisVial tiene como finalidad financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial nacional. La discusión se centra ahora en cuánto de esos recursos efectivamente se transforma en obras y cuánto permanece colocado en instrumentos financieros.
La pelea por las concesiones
El gremio también cuestionó el avance del Gobierno sobre las concesiones privadas porque, según planteó, Vialidad Nacional conservaría responsabilidades de auditoría y control sobre miles de kilómetros mientras, al mismo tiempo, se implementan medidas para reducir su dotación de personal.
“No se puede exigir más control con menos Vialidad”, advirtió Aleñá. Para el sindicato, la reducción de la capacidad técnica del organismo puede terminar siendo utilizada como argumento para profundizar la participación de empresas privadas en la gestión de las rutas.
El Gobierno, en tanto, viene impulsando un cambio en el modelo de infraestructura vial, con mayor participación privada. En septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó un proyecto para otorgar beneficios impositivos a nuevas inversiones en rutas y señaló que el esquema apunta a atraer capital privado para el desarrollo de infraestructura.
La discusión sobre los fondos viales se suma así al debate más amplio sobre el futuro de la red nacional: el nivel de inversión pública, el rol de Vialidad Nacional y el avance de las concesiones privadas aparecen como algunos de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del sector.
