El expresidente de Paraguay Santiago Peña prestó declaración indagatoria este sábado en la Fiscalía General de la República, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Tras esto, la Fiscalía imputó al recientemente destituido mandatario por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, y solicitó que se le aplique la prisión preventiva.
Peña llegó cerca de las 11 a la sede de la Fiscalía especializada en delitos económicos, bajo custodia policial y sin esposas. Ingresó al edificio por una entrada lateral, en una camioneta negra, para evitar la presencia de los medios de comunicación.
La declaración estaba prevista inicialmente en otra sede fiscal, pero fue trasladada por razones de seguridad. La noche anterior, el exmandatario había sido llevado a un cuartel militar de élite luego de las protestas registradas frente a su vivienda.
La presentación fue realizada este sábado por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de tomarles declaración indagatoria a Peña y a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP). Ambos se abstuvieron de declarar.
Carvallo también fue imputado, aunque por tres hechos punibles: lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. Para él, los fiscales también solicitaron la aplicación de la prisión preventiva.
La causa judicial investiga las responsabilidades por el colapso de Ueno Bank, una entidad digital cuyo cierre provocó una crisis que afectó a millones de ahorristas y dejó a unos tres millones de paraguayos con sus cuentas congeladas, según los reportes difundidos.
El exmandatario, detenido tras su destitución mediante un juicio político, enfrenta una investigación por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.
El Congreso paraguayo destituyó a Peña el viernes mediante un juicio político, con 44 votos a favor y un ausente. La decisión lo convirtió en el segundo presidente elegido democráticamente en Paraguay en ser removido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989.
El antecedente fue Fernando Lugo, quien dejó el cargo el 22 de junio de 2012.
Tras la destitución, Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay y prometió resarcir a los afectados por la crisis bancaria.
Peña deberá responder ante las autoridades por su presunta vinculación con la crisis de la entidad bancaria, un caso que generó fuertes repercusiones políticas e institucionales en Paraguay. La investigación busca determinar las responsabilidades de los involucrados y esclarecer las circunstancias que llevaron al colapso financiero.
