Los fiscales Karina Bartocci y Luis Caterina ampliaron las imputaciones seguidas a una decena de policías de calle, quienes desde hace un año permanecen en prisión preventiva por causas de robo, allanamientos ilegales, golpizas y plantación de armas. La investigación puso la lupa sobre un accionar que dataría, al menos, desde marzo de 2023. Entre los uniformados resalta el nombre de Luis Pais, jefe de tercio del Comando Radioeléctrico (CRE) que tuvo sus cinco minutos de fama en 2022 cuando fue arrestado tras perseguir a un sospechoso que se resguardó en un estudio jurídico de Cañada de Gómez, suceso que motivó una protesta popular en favor del policía en esa localidad.
Las imputaciones ventiladas este miércoles se suman a otras que ya mantenían en prisión a los uniformados, todos pertenecientes al CRE. El juez Aldo Bilbao Benítez convalidó las atribuciones y dictó prisión preventiva por el plazo de ley, un lapso que ya comenzó a correr hace un año.
Dueños de la calle
Así, la acusación afirmó que el 7 de abril de 2024 los policías Gisela Noni y Luis Pais fraguaron un acta de procedimiento para blanquear el ingreso ilegal a un domicilio de Esquivel al 1300, de donde terminaron robando una alianza, una pulsera y cadena de oro, un reloj, una cadena de plata con un dije de cruz, electrodomésticos y 500 mil que se encontraban en una caja cerrada con llave que obligaron a abrir a la moradora. El 1º de septiembre, dijo la Fiscalía, un hombre que habitaba esa casa fue amenazado por la dupla policial en Avellaneda y Santa Fe, donde se simuló una supuesta identificación de rutina. Los uniformados infundieron temor para que no denunciara lo ocurrido.
Otra secuencia ventilada es del 16 de octubre de 2024, en Larrechea al 1900, barrio Unión, donde según la Fiscalía, Pais, Noni, Brian Pereyra y Jaquelina Roldán entraron sin autorización a un domicilio, revisaron todos los ambientes y robaron 30 mil pesos y celulares, no sin antes pegarle en la cara a una mujer e interrogar a un menor en soledad. Esta incursión no existió en papeles, ni siquiera con datos falsos: no hubo acta de procedimiento ni hoja de ruta ni aviso a ningún superior o autoridad judicial.
Poliladrones en Nuevo Alberdi
A Pais, Noni, Pereyra y María Tenallia también les reprocharon un allanamiento ilegal a una chatarrería de Salvat al 2600, espacio donde los efectivos solían caer una vez por semana exigiendo a los moradores que les brindaran datos de vendedores de droga barriales o personas armadas. La fiscalía indicó que estos aprietes, detectados en noviembre de 2024, eran irregulares: no había orden de allanamiento ni autorización fiscal. En ese marco, señaló que los policías amenazaban con clausurar el lugar si no aportaban información. Allí, semanas antes, había tenido lugar un oscuro procedimiento con el secuestro de cuatro armas tras una supuesta persecución en la que los perseguidos escaparon. Una mujer terminó presa por tenencia, pero el acta de procedimiento resultó insostenible y la causa fue archivada.
Por esos días, también en Nuevo Alberdi, los policías quedaron ligados a otra fechoría. Según la Fiscalía, fueron Pais, Pereyra, Noni y Melani Pabón quienes ingresaron sin autorización, con la modalidad escruche, a una vivienda de Laguna al 3100, no sin antes girar las cámaras de seguridad. Dos días después, el 14 de noviembre, interceptaron al morador de la casa y le dijeron que debía trabajar para ellos y que no presentara denuncia porque le iban a armar una causa. Al día siguiente volvieron a irrumpir en el domicilio, forzaron la puerta y se llevaron el sistema DVR de las cámaras y dinero. Tampoco existió acta de procedimiento.
Otra correría del tercio de Pais en el extremo norte de Rosario refiere al ingreso ilegal en un domicilio de Baigorria al 3100, el 18 de noviembre. La puerta estaba abierta: según la fiscalía, Marcelo Buljubasich y María Tenallia pretextaron una supuesta denuncia que mencionaba la existencia de armas en la casa y, sin orden de allanamiento, revisaron todo. Se alzaron con un celular, 800 mil pesos y un pendrive.
Entradera en San Francisquito
La Fiscalía agregó que el 5 de noviembre de 2024 Pais, Pereyra, Pabón y Noni, todos del tercio Beta, se encontraban en el oeste de Rosario. Fue en Virasoro al 3700, en San Francisquito, donde se apropiaron de una llave que los moradores escondían debajo de una alfombra. Eran las 7.30. Luego forzaron otra puerta y una vez dentro comenzaron a embolsar elementos y dinero. La fiscalía mencionó el robo de 200 dólares y 30 mil pesos. En la vivienda había personas durmiendo que advirtieron la presencia policial, exigieron explicaciones y llamaron al 911. Enterado del llamado, Pais ideó una tapadera para salir indemne: pese a que el 911 comisionó un patrullero de la Policía de Acción Táctica, el jefe de tercio maniobró para que llegara primero un móvil del Comando, cuyo personal labró un acta supervisada por él en la que se intentó desviar la atención de un robo ya imposible de ocultar.
Poco después concurrió el Gabinete de PDI y se tomaron vistas fotográficas del desorden interior y de las dos puertas, una de ellas visiblemente forzada.
Causas por portación truchas
Gastón Mendoza, del tercio Tigre del Comando Radioeléctrico, sumó imputaciones vinculadas a un allanamiento ilegal del 2 de diciembre de 2024 en barrio Plata. La fiscalía indicó que aprehendió a dos jóvenes de 17 y 18 años en Vera Mujica y avenida del Rosario y aseguró en el acta de procedimiento que portaban un arma de fuego.
La investigación afirmó que esa pistola calibre .40 había sido incautada en un allanamiento ilegal en la casa de uno de los jóvenes y luego plantada en la vía pública.
Con ese ardid, dieron fundamento a la aprehensión y al traslado a la comisaría de los jóvenes por portación ilegítima. A causa de los datos falsos del acta, provocaron que la judicatura y la fiscalía incurrieran en error y ordenaran la detención de ambos.
A Buljubasich, Noni, Pais, Jaquelina Roldán y Tenaglia también les atribuyeron haber armado una causa por portación de arma a una persona que vive en Avellaneda al 6900, falseando datos en el acta y arrancando previamente una cámara de seguridad para ocultar un procedimiento ilegal. Fue el 15 de diciembre de 2024. En los papeles la causa figuró como una aprehensión en flagrancia en un pasillo precario. En rigor, para la fiscalía, ingresaron al domicilio, golpearon ferozmente a las personas e incautaron dos armas, además de robar 650 mil pesos y ropa.
El último episodio enumerado transcurrió en el sector más postergado de Empalme Graneros, en Cabal al 1600 bis, el 17 de diciembre de 2024. Fue atribuido a Stella Maris Campi y refiere al ingreso sin fundamento ni autorización a una vivienda, a partir de un llamado al 911 en el que se solicitaba auxilio policial por una presunta violación de una restricción de acercamiento. El acta resultó plagada de datos falsos relacionados con supuestos episodios de violencia de género contra la víctima y otra mujer, lo que provocó la aprehensión de un hombre.
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