El juez penal Alejandro Negroni convalidó un acuerdo abreviado a 15 años de prisión para Miguel Ángel “Poper” Roezga (29), un villagalvense conocido como Miguelito de Villa Diego que en enero de 2023, desde su celda de la cárcel de Coronda, llegó a cometer 24 extorsiones contra pymes, comercios y particulares. El condenado no era un hombre ligado al crimen organizado ni gozaba de renombre en el ambiente delictivo, pero a instancias del clima de época y del descontrol penitenciario llegó a arrogarse la exigencia de pagos por “protección” y el “control territorial de la zona”.
Roezga había caído preso el 24 de julio de 2021 por un hecho de estafa con una vivienda. En Marketplace ofertó una propiedad ubicada en Paraguay al 500, en Villa Gobernador Gálvez, que no era de su propiedad ni tenía autorización para habitar. En esa causa se constató que había iniciado conversaciones con dos interesados en la compra de la finca. Una de las víctimas había ofrecido como parte de pago una moto, y la otra un Renault 12 y una moto Guerrero Trip. Este episodio, anterior a la incursión de Roezga en el call center carcelario, fue calificado como estelionato, un delito que consiste en engañar a alguien vendiendo algo ajeno.
Posteriormente, desde la cárcel de Coronda, Roezga apareció en el radar del fiscal Pablo Socca, que por esos días, desde la Unidad de Balaceras, estaba abocado a los casos de extorsiones a comerciantes que se reportaban a diario.
Prácticamente todas las investigaciones conducían a reclusos alojados en prisiones tanto provinciales como federales, donde el sistema había propiciado un extraño fenómeno: la reconversión de decenas de presos “comunes” en gerenciadores del territorio mediante órdenes transmitidas por celular a familiares o personas de confianza.
En el caso de Roezga, la investigación lo ubicó como parte de un grupo de reclusos de Coronda que entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 llevó a cabo 24 extorsiones a comerciantes y particulares de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Zavalla, Soldini, Álvarez y Pérez utilizando una línea telefónica desde su lugar de detención.
“Contaron con el aporte indispensable de familiares, parejas y otros allegados que en libertad eran los encargados de cobrar el dinero exigido, ya sea personalmente o por depósitos realizados por las víctimas en transferencias bancarias, aportando su CBU para concretar la maniobra y extraer posteriormente el dinero en efectivo de sus cuentas personales”, señaló la fiscalía.
Entre la veintena de damnificados, que vieron afectado su labor diaria, se cuentan comercios, panaderías, verdulerías, peluquerías barriales, una empresa de materiales para construcción y hasta quioscos. Las amenazas incluían fotos o datos precisos que, en ocasiones, la red extorsiva extraía de Facebook o de informantes que vivían cerca de la víctima.
La gran mayoría de los intentos de extorsión atribuidos a Roezga quedaron en grado de tentativa. Solo dos damnificados pagaron la “protección”. Adolfo, un vecino de Villa Gobernador Gálvez, terminó enviando 130 mil pesos en enero de 2023 al CBU de Agustina Leiva (pareja de Roezga, también involucrada) para que no le tirotearan la vivienda. En tanto, un quiosquero de barrio Las Delicias también cedió ante la amenaza y envió una transferencia de 60 mil pesos al supuesto “dueño de la zona”.
