La madre de Izan Aguirre, el niño de 6 años que murió en su casa de la ciudad santafesina de San Justo, fue imputada este lunes por homicidio agravado por el vínculo y continuará privada de su libertad mientras una Junta Especial de Salud Mental evalúa su estado y determina si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho.
La audiencia se realizó este lunes por la tarde en los Tribunales de Santa Fe, donde las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la mujer de 22 años, identificada como R.A.M. La investigación sostiene que el niño murió como consecuencia de un estrangulamiento mecánico o manual, confirmó la Fiscalía durante la sesión.
Uno de los puntos centrales de la jornada estuvo relacionado con la situación de salud mental de la imputada. La Justicia dispuso la intervención de una Junta Especial, que deberá establecer si la mujer podía comprender la gravedad y la criminalidad de sus actos y si actualmente se encuentra en condiciones de afrontar el proceso penal.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la fiscal Urquiza explicó los pormenores de la estrategia judicial. “Se le atribuyó homicidio agravado por el vínculo que mantenían víctima y victimario”, precisó la funcionaria sobre la figura penal que recae sobre la joven de 22 años.
Ante las dudas sobre el estado clínico de la mujer, se resolvió la intervención de especialistas. “Efectivamente, la Fiscalía solicitó una medida de restricción de la libertad ambulatoria, que es a los fines de la realización de los exámenes periciales correspondientes, psicológicos y psiquiátricos”, detalló Urquiza.
El objetivo de estas pericias es claro: la junta médica deberá “evaluar si la imputada se encuentra en condiciones de afrontar este proceso, de entender un proceso penal y, además, si al momento del hecho contaba, digamos, con la capacidad de entender la criminalidad del acto o, para ser más sencillo, lo que estaba haciendo”.
Mientras se desarrollen las sesiones, la acusada permanecerá alojada en dependencias del Servicio Penitenciario, con el fin de avanzar "con la mayor celeridad posible" para definir el rumbo del proceso. La defensa había solicitado que fuera derivada a un hospital especializado, pero el planteo fue rechazado y el juez resolvió que continuara detenida.
El resultado de la Junta será determinante para el futuro de la causa: si los especialistas concluyen que la mujer no comprendía la criminalidad de lo ocurrido, la Justicia deberá analizar la aplicación de medidas de seguridad y tratamiento. En cambio, si se establece que era consciente de sus actos, el expediente continuará por la vía penal y podrán avanzar las medidas cautelares correspondientes.
Por el momento, la madre de Izan es la única persona formalmente acusada y privada de su libertad. Sin embargo, la investigación continúa abierta, con peritajes sobre teléfonos celulares y otras pruebas que buscan reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del niño.
Sin antecedentes de violencia
Uno de los aspectos que más sorprendió a los investigadores locales fue la total ausencia de señales de alarma previas en la relación entre la madre y el nene. Al ser consultada sobre posibles registros o historiales conflictivos en la Justicia o en otras instituciones, la fiscal fue categórica en su respuesta.
“No hay absolutamente ninguna otra denuncia previa que tenga que ver ni con maltrato infantil, ni con situaciones de violencia de ella para con cualquier otra persona”, aseguró Urquiza. Esta falta de indicadores previos refuerza la importancia de los exámenes psicológicos que afrontará la detenida, cuyos resultados serán determinantes para definir si finalmente es considerada imputable por el trágico hecho ocurrido en la provincia.
