Tras un extenso debate de más de dos meses, el jefe narco barrial Francisco “Fran” Riquelme y once secuaces recibieron condenas a perpetua por homicidios, balaceras y extorsiones en el marco de una saga criminal que sacudió las calles de un sector del noroeste rosarino entre 2021 y 2023. Otros tres acusados, de un total de 15, fueron sentenciados a penas de entre 5 y 6 años y medio. El juicio oral dejó de manifiesto que, desde el Servicio Penitenciario provincial, ya sea por acción u omisión, dejaron operar a Riquelme, que fue condenado a la pena máxima por instigar dos homicidios y liderar una asociación ilícita.
El juicio, presidido por los jueces Natalia Benvenuto, Ariel Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu, había comenzado el 16 de marzo con 15 hombres en el banquillo, de los cuales once afrontaron acusaciones por asociación ilícita. El jefe del grupo, Fran Riquelme (34), operaba desde la cárcel de Piñero tras ser detenido en abril de 2020 y fue condenado como jefe de la banda.
El tribunal expuso que “los delitos aquí juzgados no ocurrieron en un vacío social, sino en un entorno de violencia extrema y control territorial sistémico que ha signado la vida de Rosario entre 2021 y 2023. Específicamente, los barrios Ludueña, Industrial y Empalme Graneros se constituyeron en lo que testigos definen como un «territorio en guerra»”.
Riquelme fue condenado por instigar el homicidio de Juan Cruz Ferrari, acribillado frente a una barbería de Reconquista y Dominicana el 23 de abril de 2023. Y por la ejecución del transa Alejandro “Peladito” Ramírez, acribillado en De la Salle al 5800 el 16 de septiembre de 2022. Previo a esta sentencia, el jefe narco había sido condenado a 5 años por haber amenazado a dos guardiacárceles de Ezeiza.
Territorio en guerra
Los jueces recordaron que en 2022 el 25 por ciento de los homicidios de Rosario se concentraron en esos barrios del noroeste rosarino, y alcanzaron su punto máximo en abril de ese año.
En plan de definir el contexto de los crímenes juzgados, los jueces dijeron que en ese periodo “se vivió un clima de «guerra abierta» con balaceras diarias y el uso de la violencia extrema como herramienta de disciplinamiento social para consolidar economías ilegales. Esta maquinaria de violencia, operada por organizaciones criminales con jefaturas carcelarias que gestionan el miedo mediante el «patrullaje» armado y la ejecución de «traidores»”.
Al término del debate fueron condenados a prisión perpetua un cúmulo de soldados de Riquelme involucrados en hechos de homicidio y asociación ilícita. Estos son Lemuel “Lemo” Sciretta; Daniel “Gatito” Miranda García; Marcelo “Pachu” Chávez; Lisandro “Parce” Orellana; Alexis “Paisa” Álvarez y César Acosta Muñoz.
Por fuera de la asociación ilícita, pero involucrados en asesinatos cometidos por la banda, fueron condenados con la pena máxima Lucas Racca, Eric Enrique, Kevin Sosa y el narco Franco “Milanesa” Almaraz.
Por su parte, Héctor Agüero, Mauro Medina y Franco Aguiar recibieron penas de entre 5 años y 6 años y medio como integrantes de la asociación ilícita.
Uno de los homicidios ventilados en el debate fue el de Brian “Chichito” Ortigoza, cometido en febrero de 2022 en pasaje Vergara y Felipe Moré. La ejecución fue atribuida a los sicarios Daniel Miranda y Gustavo “Tortuga” Chávez, quien por esos años era menor de edad.
A Lisandro Orellana lo condenaron como coautor del atentado a tiros –homicidio en grado de tentativa– contra tres varones que jugaban al fútbol cinco en la canchita de Caño Cobra, ubicada en José Ingenieros al 6400. El ataque ocurrió el 13 de febrero de 2022.
Otro de los episodios de sangre que presentaron los fiscales fue la ejecución de Cristian “Larva” Fernández, ocurrida el 14 de abril de 2022 en Gorriti al 6200. Fue uno de los crímenes mafiosos más resonantes atribuidos a Los Riquelme. El Larva, enemigo de la banda de Fran, fue acribillado dentro de una camioneta Kia Sportage.
Francisco Riquelme, Lemuel Sciretta, Lisandro Orellana y César Muñoz fueron juzgados como responsables de la ejecución del transa Alejandro “Peladito” Ramírez, acribillado en De la Salle al 5800 el 16 de septiembre de 2022. Ramírez llegó allí engañado con la excusa de vender droga y terminó ejecutado dentro de su auto. Para los fiscales, y el tribunal lo refrendó, Riquelme ordenó el crimen.
Otra carpeta judicial que fue ventilada fue el femicidio de Ludmila Loreley Orellana, asesinada de ocho disparos en la esquina de Génova y Chaco el 15 de septiembre de 2022. Como instigador fue condenado Marcelo “Pachu” Chávez, ex pareja de Ludmila, quien se encontraba preso. La acusación lo señaló como instigador y a César Muñoz como quien escondió el arma utilizada por los tiradores, que no fueron identificados.
A Fran Riquelme lo hallaron culpable como instigador –desde la cárcel de Piñero– junto con su subalterno Fernando Cabaña de una balacera contra un domicilio de Donizetti al 100, a metros de la playa ferroviaria Patio Sorrento.
“Deja la casa o te matamos a vos y a tu mujer att. la mafia... si no pagás vamos para la barbería”, decía la amenaza que acompañó los disparos. El ataque ocurrió el 12 de febrero de 2023. El gatillero, Álvaro Leonel Aguilar, ya fue condenado a nueve años de prisión.
El “call center” carcelario de Fran Riquelme se vio reflejado en la causa por el homicidio de Juan Cruz Ferrari, acribillado frente a una barbería de Reconquista y Dominicana el 23 de abril de 2023.
La ejecución de Ferrari, que era primo de un rival de Riquelme que también había sido asesinado, fue grabada con un celular y el video se viralizó. De acuerdo con el juicio, se trató de un plan criminal ordenado por Riquelme, ejecutado por su ladero Alexis “Paisa” Álvarez, quien a su vez contrató a los sicarios tercerizados Kevin Sosa y Eric Enrique.
El complot contó con la asistencia del transa Franco “Milanesa” Almaraz, quien convocó –otra vez desde prisión– a la víctima con la excusa de estar interesado en comprarle una moto.
Paisa Álvarez fue juzgado como autor del homicidio de Ángel Faustino “Sin Sangre” Coronel, quien fue engañado y baleado en Donizetti al 200 el 2 de mayo de 2023. Coronel fue al encuentro, según la acusación, con el dato falso de que le entregarían un paquete de droga para vender.
La zona donde operaba la banda de Riquelme eran principalmente los asentamientos erigidos en los ex terrenos ferroviarios de Empalme Graneros, Ludueña e Industrial, en el noroeste de Rosario. La génesis de la organización comenzó como fruto del vínculo entre Fran Riquelme y el capo narco Esteban Alvarado, según dijeron los fiscales. De hecho, Riquelme cayó preso como sospechoso –aunque con evidencia endeble– del ataque fallido para acallar a la testigo Mariana Ortigala, que declaró en el juicio seguido a Alvarado.
Previo al juicio, 14 personas vinculadas a Fran suscribieron acuerdos abreviados como integrantes de su banda, recordaron los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti.
“Entendemos por los registros que tiene el Ministerio Público de la Acusación que no hay antecedentes de un juicio de semejante tamaño, cuanto menos en el ámbito de la provincia de Santa Fe”, dijo Spelta, quien resaltó que el juicio fue el primero que surgió “de una investigación por foco”.
Los antagonistas
En julio de 2021 irrumpió en el panorama criminal rosarino una alianza concebida en la cárcel de Piñero, donde las comunicaciones con el exterior estaban a la orden del día. Esta nueva banda, que operaba con el sello de Los Monos, comenzó a disputarle el territorio a los soldados de Fran Riquelme.
Los jefes de esa organización eran tiratiros ignotos que, ya en prisión, se transformaron en peligrosos criminales: Julián Aguirre y Andy Benítez (luego desertor de la banda), quienes contaban con el padrinazgo de su compañero de celda Matías “Pino” César, un gatillero de Los Monos condenado por los atentados a edificios judiciales de 2018. En la calle, el grupo tenía dos hombres con predicamento territorial: Mauro Gerez y Cristian “Larva” Fernández. El grupo se propuso arrebatarle la plaza de venta de droga a Fran Riquelme y su pandilla. A partir de entonces, comenzó la “guerra abierta” que mencionaron los jueces.
Aunque sea una mera formalidad, el tribunal remitió copias al MPA en torno a una “eventual responsabilidad funcional de servidores públicos pertenecientes al Servicio Penitenciario y/o Policía provincial, a los fines de que evalúe la eventual adopción de las medidas que estime corresponder”.
