La investigación por el presunto uso irregular de anestésicos de uso hospitalario tiene en el centro de la escena a dos médicos: Hernán Boveri y Delfina Lanusse, ambos vinculados al Hospital Italiano de Buenos Aires.
Los dos profesionales fueron apartados de sus funciones y quedaron imputados en una causa judicial que busca determinar cómo medicamentos de uso restringido, como el propofol y el fentanilo, habrían salido del circuito interno del hospital.
Cómo empezó la causa
El expediente se inició el 23 de febrero, a partir de una denuncia del hospital por faltante de anestésicos. En paralelo, se investigaba la muerte de Alejandro Zalazar, un médico que fue hallado sin vida en su departamento en Palermo.
Según las primeras pericias, el fallecimiento estaría vinculado a una sobredosis de esos mismos fármacos. En su vivienda se encontraron sustancias y elementos de aplicación, y el rastreo del origen de los medicamentos llevó a los investigadores hasta el Hospital Italiano.
Quiénes son los imputados
Boveri es un anestesiólogo con trayectoria en el ámbito académico y participación en espacios de formación médica vinculados a la especialidad.
Lanusse, en tanto, es médica egresada de la Universidad Austral y se desempeñaba como residente de tercer año en Anestesiología desde 2023. Durante su formación coincidió con otros profesionales que luego quedaron vinculados indirectamente a la causa.
Qué investiga la Justicia
La causa está a cargo del fiscal Lucio Herrera y el juez Javier Sánchez Sarmiento. La hipótesis principal no apunta a narcotráfico, sino a una presunta maniobra de sustracción y uso indebido de medicamentos del sistema hospitalario.
Se trata de drogas legales, pero de uso estrictamente controlado. Por eso, la investigación se centra en determinar si hubo administración fraudulenta o hurto dentro del ámbito médico.
Allanamientos y medidas
En el avance del caso, la Policía realizó allanamientos el 12 de marzo que permitieron reforzar la sospecha sobre el origen hospitalario de los anestésicos.
Además, la Justicia dictó medidas restrictivas para los imputados, como la prohibición de contacto entre ellos y la imposibilidad de salir del país mientras continúa la investigación.
En sus declaraciones, Boveri optó por no responder preguntas, mientras que Lanusse presentó un descargo en el que, según trascendió, hizo referencia a cuestiones personales sin aportar datos centrales para la causa.
El dato que generó impacto: las supuestas “Propo fest”
El caso tomó mayor repercusión pública tras la difusión de un audio en el que se mencionaban reuniones privadas, denominadas “Propo fest”, en las que un grupo reducido habría utilizado anestésicos con fines recreativos.
Ese material no forma parte formal del expediente, pero la fiscalía analiza si existieron prácticas similares, como supuestos “viajes controlados”, en los que se administraban estas sustancias fuera del ámbito médico.
Por ahora, esa línea no derivó en imputaciones concretas.
Qué puede pasar
Según fuentes judiciales consultadas por La Nación, el eje de la causa sigue siendo la presunta salida irregular de medicamentos del hospital. Al tratarse de sustancias legales pero de uso restringido, el expediente podría avanzar bajo figuras como hurto o administración fraudulenta, con penas que van de hasta dos a seis años de prisión.
La investigación continúa con toma de testimonios y análisis de pruebas para reconstruir cómo se accedía a los fármacos y cuál habría sido su destino final.
