Los números pueden sonar impactantes: Nación dice que detectó 1.200 comedores “fantasma” y Provincia que casi la mitad de los que auditó desde el inicio de la nueva gestión presentan irregularidades. Pero si bien ni un dato ni el otro son menores, y en algunos casos las anomalías denunciadas son muy graves, no alcanzan para contar la realidad de la asistencia alimentaria del Estado, sometida a una presión creciente que viene de arrastre por el avance de la pobreza y, ahora, el desempleo. En esa complejidad hay que inscribir, también, el escándalo que afronta la gestión libertaria por las toneladas de alimentos sin repartir que durmió en depósitos y se acercan a su fecha de vencimiento.
Por lo pronto, frente a la necesidad, la oportunidad y la decisión política de poner las cosas en orden, la estrategia de las distintas jurisdicciones ha sido diferente como también lo es la mirada que tienen sobre el tema. En esto juegan por un lado cuestiones ideológicas y por otro que los gobiernos de cercanía no están en condiciones de desoír un conflicto que les puede estallar en la cara.
Bajo la excusa de la auditoría, la administración de Javier Milei, que desde que llegó demoniza a las organizaciones sociales e inscribe todas sus políticas dentro del “mayor ajuste en la historia de la humanidad”, dejó de enviar mercadería a los comedores. La restricción incluye la comprada por la gestión anterior. Así, se acumularon en galpones varios miles de kilos de alimentos; por caso, 340 toneladas de leche en polvo que están a punto de vencer. Tuvo que intervenir la Justicia para forzar el reparto, tarea de la que, según el gobierno, ahora se hará cargo el Ejército. Todo, en el marco de una crisis interna que le costó una denuncia y el puesto, el jueves, al números dos del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre.
Hay una cosa clara detrás de ese default de gestión: el gobierno libertario, que descree de la justicia social, acepta de todos modos que la situación le impide desentenderse de cualquier asistencia alimentaria. Pero su voluntad es canalizar la misma a través de programas que lleguen por fuera de toda intermediación, como la tarjeta Alimentar, cuyo monto sumó un aumento de 8,57% para junio y es una de las pocas prestaciones que, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), subieron por encima de la inflación desde que asumió Milei: 137,5 por ciento.
En cambio, el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro y también el municipal de Pablo Javkin jamás discontinuaron la asistencia a los comedores. Por el contrario, aumentaron entre un 70 y un 80 por ciento sus presupuestos para tal fin. Aún cuando, en el caso de la Provincia, suspendió las entregas a comedores donde detectó irregularidades. Pero el ataque, argumentan los funcionarios, no es a la intermediación sino a los que aprovechan ese rol para sacar ventaja, personal o política, de la necesidad social.
También los funcionarios provinciales que trabajan en el tema creen que sería deseable que la ayuda llegue directamente a los beneficiarios y de hecho a eso apunta la Tarjeta Única de Ciudadanía, una ayuda social que permite comprar alimentos en comercios adheridos al programa a la que pueden acceder los grupos familiares cuyos ingresos no superan el salario mínimo vital y móvil. Tiene casi 70 mil beneficiarios. Pero como pasa con la Alimentar, esa política no resulta suficiente por los montos y por el alcance. “Si no trabajáramos con las organizaciones sociales sería imposible abarcar el territorio. Ellas han construido allí vínculos sólidos, mientras que el Estado ha fracasado de manera sostenida en eso desde 2001”, describió con claridad una fuente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia.
Los números
“Si revisamos cómo funciona el sistema de comedores es porque tenemos una decisión firme: necesitamos sostener una política alimentaria fuerte. Pero para eso hay que ordenar las cosas, darles un marco institucional para que la ayuda llegue a quien tiene que llegar. La situación es crítica, creemos que se puede poner peor, y Nación no pone un peso”, remarcan desde la administración Pullaro.
La política alimentaria del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia se vertebra sobre tres programas en los que en total se invierten, en números de hoy, 2.160 millones de pesos: 940 millones corresponden a la tarjeta institucional mediante la cual se envía plata a los comedores comunitarios, 690 millones a la Tarjeta Única de Ciudadanía que, como ya se explicó, va directamente a las familias, y 530 millones al ProSoNu, un plan para asegurar una alimentación y estado nutricional saludable a los niños de 2 a 14 años con necesidades básicas insatisfechas.
Según los funcionarios del ministerio, esos programas abarcan un universo de 300 mil beneficiarios en todo el territorio santafesino, dos tercios de los cuales corresponden al Gran Rosario. Además, Desarrollo Humano destina otros 11 millones de pesos a refuerzos y para casos de emergencia reparte módulos alimentarios.
Aún más es lo que el Ministerio de Educación de Santa Fe invierte en los 859 comedores escolares y 2.186 copas de leche que funcionan en los colegios de toda la provincia: 4.264 millones de pesos mensuales.
Según datos de la propia cartera educativa, en esos espacios se reparten en total 143.959 raciones de comida y 424.972 de copa de leche.
El valor de las raciones se actualizaron un 25 por ciento este mes y un 202 por ciento desde que cuenta la gestión actual. La de los comedores es de 671,07 pesos y la de copa de leche 279,48 pesos.
Según un informe de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, la jurisdicción local destina 3.258 millones de pesos anuales a política alimentaria: un 15 por ciento de ese total es para comida que se sirve directamente en los centros Cuidar, un 50 por ciento va a la compra de módulos de mercadería que se entrega a las familias y el 35 por ciento restante al programa de asistencia directa a ONGs que manejan comedores comunitarios.
Esas políticas alcanzan a unas 200 mil personas, es decir un quinto de la población total de la ciudad. Desde 2019, explicó una fuente de la secretaría, creció un 100 por ciento la cantidad de beneficiarios.
Hubo un salto grande con la pandemia y desde entonces la demanda se mantiene sostenida, con lo cual es casi un hecho que se pedirá al Concejo Municipal una ampliación presupuestaria para la atención de la emergencia social.
El crecimiento en las partidas comparadas con el año pasado, tanto en Provincia como en Municipalidad, es de entre el 70 y el 80 por ciento.
El Plan Alimentar, en tanto, cubre a chicos de hasta 14 años cuyas familias sean beneficiarias de la AUH. Los montos actualizados a junio van de los 52.250 pesos para las familias con un hijo hasta los 108.062 para las que tengan tres hijos o más. Según los datos de Capital Humano hay 2.300.000 asignaciones en todo el país y se estima que el 7 por ciento son de Santa Fe: es decir, más de 160 mil.
El control
Como a nivel nacional, la nueva gestión provincial decidió revisar el manejo de la asistencia alimentaria, un área siempre sensible y también pasible de que se produzcan situaciones vidriosas como clientelismo y desvío de fondos.
Primero se hurgó en los papeles, donde se detectó que en muchos comedores había problemas con las rendiciones, y luego comenzó una auditoría en el territorio.
El trabajo va por cerca de la mitad de los 865 centros comunitarios inscriptos en el programa de tarjeta institucional. En algunos casos se registran irregularidades que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano considera graves: comedores “fantasma” o que los lugares señalados existían pero no cumplían esa función, sustracción de identidad o desvío de fondos. Las instituciones involucradas fueron dadas de baja y la Provincia llevó las situaciones donde pudo reunir evidencia suficiente a la Justicia: hasta ahora se presentaron nueve denuncias.
En otros casos los problemas son administrativos, muchas veces fruto del desconocimiento sobre, por ejemplo, cómo se hace una rendición de cuentas. Según fuentes del ministerio, la mayoría está regularizando su situación. Lo cierto es que de los más de 400 comedores auditados, 160 tuvieron algún tipo de suspensión.
“Si hay una irregularidad que consideramos menor se da un plazo para regularizar. Primero dialogamos, pero se tienen que poner al día. Convocamos a quienes llevan más de cinco o seis meses sin hacer rendiciones. Lo que nos dicen es que antes no les pedían las rendiciones; el desorden era total”, reveló una de las fuentes de la cartera consultadas para esta nota.
En las inspecciones in situ, en tanto, se encuentran con que “en lugares donde debería haber un comedor hay una plaza, un baldío. También con casos en los que efectivamente hay un inmueble, pero allí no se da ni de comer ni copa de leche. O nunca hubo o no está más”.
Las dudas sobre la irregularidad se disipan rápidamente en algunas situaciones: “A veces suspendemos y no aparece nadie, qué otra cosa puede ser”, comentan desde Desarrollo Humano.
Hay organizaciones sociales, sobre todas las grandes o medianas, que manejan con una sola tarjeta que recibe montos importantes –de 5 o 6 millones de pesos por mes– tres o cuatro comedores. Pero los auditores se encuentran con que no todos están en funcionamiento.
Los referentes barriales dicen que puede ser por una trampa en la que los mete el propio corte del suministro de alimentos al que los somete la decisión política de Nación y la auditoría de la Provincia. “Es la historia del huevo y la gallina. Si no hay comida porque no mandan o porque suspenden mientras auditan, los lugares no pueden funcionar”, explicó un dirigente territorial consultado por Rosario3. Y agregó: “Pero si los trabajadores del Estado que vienen le preguntan a los vecinos, van a ver que sí damos de comer”.
Los funcionarios sostienen que eso efectivamente en algunas situaciones es así y en otras no: “Nos mienten en la cara”.
Un lugar para denuncias
En el caso de la Municipalidad, fuentes de la Secretaría de Desarrollo Humano aseguraron que se realiza un monitoreo permanente de la ayuda que se brinda a los comedores, que por una cuestión de capacidad presupuestaria es un monto mucho menor que el que aporta la Provincia y se destina en general no a la compra de alimentos sino a equipamiento como garrafas y ollas.
Ese monitoreo cercano, que llevan adelante agentes distritales, se ve favorecido por una cuestión: los convenios se renuevan cada seis meses.
De todos modos, la Municipalidad tiene un Programa de Transparencia Alimentaria que permite, a través de su página web, denunciar “posibles irregularidades en comedores comunitarios”.
Ese programa está activo desde noviembre de 2022, es decir seis meses después de que en un allanamiento por asociación ilícita y balaceras se encontrarán cajas con alimentos del plan municipal Cuidar en la casa de Máximo Ariel “Viejo” Cantero, fundador de la banda de Los Monos. Esas cajas habían sido entregadas al referente de un comedor comunitario de Molino Blanco ahora preso por formar parte de la asociación ilícita de Cantero, Leonardo Pucheta, y aparecieron en la otra punta de la ciudad. La Justicia tiene aún abierta la causa por ese hecho, y en ese marco, confirmaron fuentes tribunalicias, sigue bajo análisis si hubo negligencias en el control correspondiente al Estado municipal.
Según las fuentes municipales, la gran mayoría de las denuncias que llegaron hasta ahora a través del Programa de Transparencia Alimentaria no involucran a comedores comunitarios. El 90 por ciento se hicieron en las últimas semanas, una vez abierta la investigación impulsada por la gestión Milei a distintas organizaciones sociales en Buenos Aires, y las irregularidades señaladas son por cómo se manejan los planes que generan algún tipo de salario social. “Como no corresponde a nuestra competencia las derivamos a las autoridades correspondientes”, dicen desde la Municipalidad. Es el famoso "gerenciamiento de la pobreza".
Más aisladamente, también llegaron denuncias de venta de mercadería. Pero eso era más común cuando había entrega física por parte de Nación y se veía, por ejemplo, cajas de leche con sello oficial en los puestos de ferias populares barriales.
Hasta un falso padre Ignacio
La Provincia es reticente a dar detalles sobre los casos de irregularidades que denunciaron en la Justicia para no interferir en el desarrollo de las investigaciones. Pero este medio pudo saber que en Rosario se detectaron cinco situaciones de supresión de identidad, es decir que figuraba como titular de una tarjeta institucional alguien que no era efectivamente quien recibira el dinero.
Hay uno más en otro departamento del sur de la provincia que se descubrió no por la auditoría sino porque el contador del supuesto titular de una tarjeta quiso hacer un trámite en la Afip y allí lo interrogaron sobre el monto que recibía su cliente por la supuesta administración de comedores comunitarios: cerca de un millón de pesos por mes.
En el rubro comedores “fantasma” se destaca uno de San Lorenzo, que ya fue contado por otros medios, vinculado al actual concejal Esteban Aricó, que en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente por el justicialismo.
Se trata de Protegiendo sueños, una ONG dirigida por referentes del sector de Aricó, que fue creada en noviembre de 2022, antes de la campaña electoral. Hasta su suspensión en febrero de 2024 recibió 50 millones de pesos para asistencia alimentaria. El último pago fue de 3 millones.
La auditoría realizada en el domicilio de Protegiendo Sueños, en diagonal Berardo 1001, concluyó que no había ningún comedor sino más bien un local de campaña con afiches y pasacalles.
Esos elementos fueron filmados por vecinos cuando vieron que, una medianoche de abril, se desmantelaba el local. En cambio, nadie pudo observar que sacaran ollas u otros elementos de cocina.
Otra situación muy particular se produjo en la localidad de Recreo, cercana a la capital provincial. Allí, contó una fuente de la Provincia, inventaron “una parroquia que no existía” y recibieron “millones de pesos” para asistencia alimentaria. El nombre con el que figuraba la iglesia inexistente es Natividad del Señor, el mismo de la que es titular en el barrio Rucci de Rosario el padre Ignacio Peries.
Transparencia, una necesidad
Es mucha la plata que se invierte en políticas alimentarias y todavía más la necesidad. Con presupuestos incapaces de hacer frente a la demanda, es justo, lógico e imperioso que se busque transparentarlas, un paso fundamental para que, también, sean más eficientes.
Pero mientras se realiza ese trabajo y, a la vez crecen el desempleo y la pobreza, ¿corresponde cortar la ayuda o, por el contrario, intentar sostenerla y dirigirla a quienes realmente la necesitan?
Ya se dijo: Nación eligió un camino, Provincia y Municipalidad otro. Ambas decisiones siguen lógicas políticas.
La gestión Milei tiene el foco puesto en la macroeconomía y su lugar de acumulación es a través de la comunicación, con su supuesto enfrentamiento con la “casta” y el fantasma del socialismo. Lo que pasa en el territorio, quedó demostrado con la crisis de Misiones, no es una preocupación de primer orden.
Las administraciones de cercanía, en cambio, tienen el conflicto social delante de sus narices. Les golpea las puertas de sus casas.
La intermediación en la asistencia social hace tiempo está en el ojo de la tormenta, se ha vuelto problemática, y se ganó la estigmatización gracias a los Bellibonis de la vida. El trabajo de auditar a las organizaciones pide sintonía fina para no igualar a las que cumplen con su tarea y se convierten en un brazo que llega hasta donde el Estado no puede con las que usan el dinero de la asistencia social, o parte de él, para otras cosas.
Algo fundamental es unificar las bases de datos, pues desde hace años, desde 2001 a esta parte, se crearon multiplicidad de planes y asistencias, mientras los beneficios se superponen sin que las distintas jurisdicciones coordinen acciones y ni siquiera sepan del todo qué está haciendo el otro. Por caso: ¿tiene la Provincia la información sobre quiénes son los santafesinos comprendidos en el nacional Programa Alimentar? No.
Provincia y Municipalidad, ambas hoy administradas por Unidos para Cambiar Santa Fe, se proponen realizar un reempadronamiento en un solo registro de todos los comedores y merenderos, al cual también se incorporarían las escuelas que dan alimento. Provincia trabaja también en algún dispositivo que permita que cada comedor tenga identificación en el que conste días y horarios de trabajo más el número de beneficiarios.
Los funcionarios creen que estas medidas ayudarán a corregir otra anomalía del sistema: la de los movimientos sociales a los que les inflaron los presupuestos más por necesidad política que social. Algunas de esas organizaciones fueron directamente parte del anterior oficialismo, incluso con cargos importantes. Otras fueron favorecidas porque eran una de las formas a través de las cuales el kirchnerismo principalmente, pero también el macrismo, creyeron que iban a controlar la calle. “Era una estrategia de contención política, no alimentaria”, cuestionó una de las fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano.
El tupper vacío
Mientras tanto, un referente de un movimiento social con mucha presencia en los barrios de Rosario señaló una anomalía actual: Nación solo hizo auditorías en Buenos Aires, pero cortó los envíos a los comedores de todo el país sin saber qué es lo que pasa en el interior. No es muy diferente a como se maneja en muchos otros temas.
Es más, el dirigente explicó que el listado sobre el cual se hacen las denuncias es el del Registro Nacional de Comedores (Renacom), que es una base a la cual “cualquiera se puede inscribir online, por lo que tranquilamente se pueden poner datos falsos ”.
También disconforme con algunos retrasos que, según él, se produjeron por la auditoría de la Provincia, el referente contó la estrategia ante la escasez: “Hemos reducido días en los que cocinamos, algunos lugares que son comedores y merenderos los achicamos solo a merenderos y en otros son los compañeros los que los sostienen de su bolsillo”.
Pero pasa que igualmente va la gente a pedir comida en días y horarios en los que no funcionan. “¿Sabés lo doloroso que es que te toquen la puerta, generalmente niños, con el tupper vacío y no tener nada para darle?”.
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