Ley penal juvenil: el Gobierno retoma un proyecto que retrotrae a la última dictadura cívico-militar en Argentina

En el mes de mayo pasado, el oficialismo consiguió dictaminar su propuesta de baja de la edad de punibilidad en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque hubo cambios en el proyecto original de Régimen Penal Juvenil, que quedó listo para su tratamiento en el recinto.

La iniciativa, redactada en conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza, reunió apoyo del radicalismo y la Coalición Cívica para bajar la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años.

El texto original enviado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, planteaba “bajar la edad de punibilidad hasta 13 años”; pero, para obtener el respaldo del resto de las bancadas, el oficialismo aceptó que se elevara a los 14 años. También recortó el plazo máximo de pena de prisión estipulado para un menor, que se bajó de 20 (según planteaba el proyecto de LLA) a 15 años.

Pero, a pesar de haber logrado dictamen, el proyecto aún no llegó al recinto. En un año atravesado por campañas electorales y caldeado clima social a causa de recortes masivos en áreas esenciales, como Discapacidad, Salud, Jubilaciones y Universidades Nacionales (por nombrar algunos) que motivaron reclamos colectivos; con el foco del Gobierno en lograr el acuerdo comercial con Estados Unidos; sin mencionar las causas judiciales que obligaron al oficialismo a poner paños fríos sobre temas candentes como las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la estafa #Libra y la imputación del libertario José Luis Espert por presunto lavado de dinero –que lo forzó a abandonar la candidatura a diputado en la recta final de las Elecciones Legislativas de octubre–, las prioridades cambiaron en la agenda legislativa y el proyecto de baja en la edad de punibilidad nunca se trató en el recinto.

Ahora, seis meses después y a las puertas del final del año legislativo, pero con extraordinarias en la mira, la ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, volvió a impulsar su proyecto de Ley Penal Juvenil.

A través de sus redes sociales, Bullrich afirmó que el proyecto está listo para ser tratado y cuestionó que "estos meses pusieron en agenda otras prioridades antes que la seguridad de los argentinos”.

La funcionaria remarcó que, una vez que asuma su banca, buscará impulsar la aprobación del proyecto. “Como senadora, en el nuevo Congreso, voy por este objetivo: la vamos a aprobar”, subrayó.

Rosario3 dialogó con la jueza a cargo del Juzgado de Menores Nº 4 de la ciudad de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, quien evaluó el tema con enfoque temporal, ya que la iniciativa no es nueva y cuenta con varios antecedentes a lo largo del tiempo, en Argentina.

“La edad de la responsabilidad penal ha variado a lo largo de la historia de nuestro país, oscilando entre los 14 y los 16 años", describe la entrevistada y cita a la socióloga Forencia Gentile, quien consigna un dato relevante: los momentos en los que se decidió bajarla, coincidieron con períodos históricos restrictivos en materia de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Contrariamente, los momentos en los cuales se elevó la edad de responsabilidad penal coincidieron con períodos socio-históricos de promoción de aquellos derechos.

"Como simple muestra de lo dicho –ejemplifica– recordemos que la última modificación a la edad de responsabilidad penal –que la estableció en 16 años– data de mayo de 1983, cuando ya se avecinaba la recuperación de la Democracia en Argentina; en tanto que la modificación anterior (que fijaba la edad de responsabilidad penal en 14 años) es de 1980, es decir, durante los años más duros de la última dictadura cívico-militar”.

La estrategia del caso aislado

 

La jueza explica que, “por lo general, los gobiernos que intentaron disminuir la edad de responsabilidad penal recurrieron a la «estrategia del caso aislado». Pero no se trata de cualquier caso, sino de aquellos que presentan características especiales (dolor, morbo, espectacularidad, tragedia). Precisamente por esta razón, quienes sostienen estas estrategias son renuentes a analizar los datos suministrados por las estadísticas criminales, que ponen en evidencia la escasa cantidad de delitos cometidos por personas menores de edad.

Por lo general, los gobiernos que intentaron disminuir la edad de responsabilidad penal recurrieron a «la estrategia del caso aislado» y son renuentes a analizar las estadísticas criminales.

"El actual gobierno nacional –afirma– no contaba con un caso de estas características, hasta que sucedió el lamentable hecho que sufrió el joven Bruno Bussanich (marzo de 2024, en Rosario) y, luego, el otro episodio que padeció la niña Kim Gómez (febrero de 2025, en La Plata). A partir de allí toda la estrategia discursiva se repite invariablemente”.

El problema de fondo

 

En relación con este punto, la magistrada señala que la respuesta dista de ser sencilla. "Por empezar, debemos decir que el delito es una construcción social. La sociedad define lo que entiende como delito. Actualmente, esta definición gira en torno a tres bienes jurídicos principales: la vida, la integridad física y la propiedad (quedan fuera de esta definición social la afectación a otros bienes, como los delitos ecológicos, por mencionar un solo ejemplo)”.

Añade que, pese a que la definición social del delito pasa por estos tres delitos (principalmente en cuanto son afectados por conductas dolosas), "las estadísticas criminales demuestran, por ejemplo, que la principal causa de muerte violenta en Argentina es el homicidio culposo en accidentes de tránsito (la cifra supera el doble de los homicidios dolosos) o los suicidios”.

“A esta enorme complejidad –que merecería un análisis mucho más extenso– y aún suponiendo que los delitos sean los que mencionábamos, se le agregan ciertos factores sociales predisponentes. A mayor presencia de cada uno de ellos, aumenta la posibilidad de que ocurra alguno de aquellos delitos (definidos dentro de este grupo). Estos factores sociales predisponentes son el (mayor o menor) acceso a armas; la (mayor o menor) inequidad en el reparto del ingreso per cápita de la población o el tiempo de la población fuera de la escuela y del trabajo.

Otros especialistas hacen hincapié, además, en el consumo de sustancias a edades tempranas, que se agrega a los factores predisponentes y agrava las condiciones.

"La política pública –insiste– debería trabajar sobre estos aspectos, a fin de lograr disminuir la posibilidad de ocurrencia de estos delitos. Pero debería ser algo sostenido en el tiempo".

Estadísticas criminales

 

También se puede acceder a datos concretos, mediante la Base General de Datos –oficina dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– que releva toda la información producida por los Tribunales Nacionales de Menores de Caba (es decir, la justicia ordinaria). “De acuerdo a la estadística 2023, la cantidad de delitos cometidos ese año por chicos menores de 16 años en Caba es de 771 (aclaro que en este caso el homicidio también tiene una incidencia porcentual casi inexistente). A su vez, recordemos que de acuerdo al último censo poblacional, Caba tiene una población de 3.200.000 habitantes (sin contar con los que diariamente se trasladan desde el Amba). En otras palabras, durante el año 2023, hubo 771 personas en Caba que sufrieron algún hecho cometido por una persona menor de 16 años. Por lo general –especifica–se trata de casos de robos tentados”.

Al mismo tiempo, aclara: “Cuando se analizan estadísticas criminales, no significa banalizar cada uno de los hechos relevados. Cada uno de ellos merece toda la atención del Estado y la respuesta adecuada, pronta y justa. Cuando se analizan estos datos lo que se pone de manifiesto es la incidencia porcentual en relación con bases poblacionales. Pero no significa banalizar nada”.

Adolescentes manipulados por mayores para cometer delitos: "Un argumento fantasmal que se trata de alimentar, sin base científica, para crear una opinión pública adepta a la idea de bajar la edad de  responsabilidad penal".

En relación con los casos en que las personas no punibles en ocasiones actúan manipuladas por mayores para cometer delitos, la profesional asegura: “No tengo pruebas de este fenómeno. No es un tema que el Estado provincial o nacional hayan estudiado con criterio científico. Justamente, creo que es un argumento fantasmal que se trata de alimentar (sin base científica) para crear una opinión pública adepta a la idea de bajar la edad de responsabilidad penal".

La situación en Santa Fe

 

Según explica, el establecimiento de la edad de responsabilidad penal es una cuestión de política criminal. “Todos los países del mundo se comprometieron a fijar una edad por debajo de la cual no se responde penalmente. Eso no significa que el Estado no pueda hacer nada ante un caso cometido por personas menores de esa edad. Lo que significa es que no puede avanzar con herramientas penales. Pero puede dar todas las demás respuestas propias de un Estado”.

En la provincia de Santa Fe, “lamentablemente, no se cuenta con estadísticas oficiales acerca de hechos cometidos por personas que revisten la condición de no punibles (es decir, personas menores de 16 años). Es una enorme deuda de nuestro Estado provincial. En el juzgado donde trabajo realicé una estadística artesanal y puedo decir que desde el 29/11/21 hasta el 13/09/23 registré 66 casos que merecían un abordaje estatal serio. Aclaro que no todos esos casos fueron homicidios (por el contrario, el de homicidios es uno de los porcentajes más bajos). El delito que tuvo mayor incidencia porcentual fue el abuso sexual.

La jueza indica que "a pesar de la idea romantizada que pretende difundirse normalmente, a través del empleo de eufemismos como «granjas», «centros», «centros de rehabilitación» y similares, lo cierto es que se trata de espacios de encarcelamiento de diversos grados de intensidad para alojar a los adolescentes”.

Describe esas instituciones como “verticalizadas y burocráticas, con diverso nivel de presencia de personal penitenciario" y afirma que "en esas condiciones de alojamiento, resulta obvio que no sólo está comprometida la libertad de la persona, sino también otros derechos. En las instituciones donde se alojan adolescentes se desarrollan algunas actividades–escolares y talleres– que no siempre se sostienen, más allá del compromiso personal que puedan tener los operadores. Esto no significa criticar a los operadores, sino dar cuenta de la cuestión estructural e institucional que transitan los adolescentes alojados en estos lugares”.

“Una vez alcanzados los 18 años –señala– el actual gobierno provincial decidió unilateramente trasladar a las personas –que hasta ese día estaban alojadas en un centro especializado– a instituciones carcelarias de adultos, donde se pierde todo trato especializado.

Una vez egresados de los centros especializados, las situaciones individuales son diversas. Puede tratarse del egreso ante el fin de una medida cautelar o el egreso luego de una condena. La magistrada explica que “hay algunos programas en territorio que son muy importantes, como el “Nueva Oportunidad”, que merecerían mayor reconocimiento y más facilidades para desarrollarse. “Es todo muy a pulmón. Lo que se necesita es estructural –remarca– una línea clara de política de desarrollo social”.

 

Adolescentes, Ley Penal y políticas públicas

 

La magistrada analiza los recursos estatales en materia de adolescencia con que cuentan; lamenta que sean tan limitados y cada vez más acotados, y enumera algunos indicadores que comparte Argentina con otros países de Latinoamérica en esa materia.

Según detalla, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente detectó siete nudos críticos que afectan las políticas públicas en infancia y adolescencia de toda la región:

1) Falta de claridad en la definición del lugar de la niñez y adolescencia en las políticas públicas y agenda país.

2) Falta de claridad en el diseño institucional de los Sistemas y Subsistemas de promoción y protección integral de derechos, que entorpece la cohesión y el trabajo interinstitucional.

3) Falta de definición de las responsabilidades, corresponsabilidades y competencias en el ejercicio de las funciones, así como la ausencia de transparencia.

4) Necesidad de contar con recursos para la inversión integral en infancia y adolescencia.

5) Falta de espacios de formación y especialización de recursos humanos en la temática.

6) Falta de información estadística fiable, accesible y amigable.

7) Falta de mecanismos para incorporar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ciclo de las políticas públicas que les impactan de manera directa.

“Ni el Estado nacional, ni el provincial ni el municipal –afirma– son ajenos a estos nudos críticos. En materia penal adolescente, el panorama es aún peor, dado que las políticas neopunitivas son rentables políticamente. Ello se traduce en recortes presupuestarios, escasez de programas sociales, falta de personal especializado, dificultad o falta de acceso a la escuela o a talleres y asimilación de trato de los adolescentes como si fueran personas mayores de edad”.

Adolescentes que delinquen y la reflexión sobre ellos mismos

 

La jueza apunta, textualmente, varias reflexiones de los adolescentes que cometieron delitos siendo punibles, acerca de sus propias vidas y sus proyectos a futuro, al salir en libertad. Voces que pocas veces trascienden, dado que, lógicamente, la atención pública se centra en los damnificados (las víctimas y sus familiares) y en los pasos del proceso penal. Estas son algunas de ellas:

“A partir de este hecho, hubo un cambio rotundo para mí, porque no sé si habría tenido las mismas posibilidades que tengo ahora si no me hubiese pasado esto”.

“Antes de estar detenido no tenía pensado seguir estudiando, sólo terminar en la escuela técnica y trabajar en una fábrica. Conocí mucha gente distinta a la que yo estaba acostumbrado”.

“Me metí en la Iglesia, fui a un rinconcito y le agradecí a Dios por darme la libertad. A partir de ahí empecé a cambiar y a servir. Por el lado de la danza, que es un baile que se hace dentro de la Iglesia. Dios empezó a limpiarme, a cambiarme los hábitos. Ahora voy por ese camino”.

“Quiero algo serio cuando pueda mantener una familia, hoy no puedo. Quiero estar presentable para ella” (con referencia a una eventual novia).

“Estoy pensando en terminar la escuela en un EEMPA el próximo año”.

“Le diría que piense todas las cosas antes de hacerlas. Esto es todo aprendizaje” (testimonio de un adolescente que cometió un delito siendo punible, cuando se le pregunta sobre su pasado, sobre el adolescente que fue).