La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central entra esta semana en una instancia clave con el inicio de su tratamiento en la Cámara de Diputados. Si bien los principales lineamientos del proyecto ya se conocen, uno de los puntos que concentrará la discusión será el nuevo mecanismo previsto para remover al presidente y a los integrantes del directorio de la autoridad monetaria.
La expectativa del oficialismo es contar con un amplio respaldo para avanzar con la iniciativa, que busca establecer un nuevo marco institucional para el BCRA y limitar las herramientas mediante las cuales históricamente financió al sector público. En ese contexto, el Gobierno busca que las restricciones al financiamiento monetario y la independencia del Banco Central trasciendan a la actual administración y se consoliden como reglas permanentes de política económica.
El optimismo del oficialismo se apoya en el respaldo que consiguió durante el tratamiento en comisión: el dictamen reunió 42 firmas sobre 73 diputados presentes, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, PRO, UCR y otros bloques.
Entre ellas se encuentra la del diputado radical Lisandro Nieri, exministro de Hacienda de Mendoza, quien había presentado en 2022 un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central con algunos lineamientos similares a los que ahora impulsa el Gobierno.
El respaldo de sectores de la oposición dialoguista será clave para la estrategia parlamentaria del Gobierno. Con el dictamen ya firmado, el oficialismo buscará ahora sostener en el recinto la mayoría que consiguió construir en las comisiones y avanzar con la media sanción de la reforma.
El blindaje del directorio, uno de los ejes del debate
El proyecto establece que la remoción del presidente y de los directores del Banco Central requerirá una mayoría calificada de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El objetivo es elevar las barreras para desplazar a las autoridades de la entidad y reducir la posibilidad de que un cambio de gobierno derive automáticamente en una modificación de la conducción y de la política monetaria.
Actualmente, la Carta Orgánica establece que el presidente, el vicepresidente y los directores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y tienen mandatos de seis años.
Una de las alternativas que no forma parte del proyecto es extender esos mandatos para profundizar el desacople entre los ciclos políticos y la conducción del BCRA. Ante la consulta de Ámbito sobre la posibilidad de ampliar la duración de los cargos, desde el organismo señalaron que, por el momento, consideran suficiente la reforma propuesta.
De esta manera, el principal instrumento elegido para reforzar la estabilidad de las autoridades no pasa por extender sus mandatos, sino por endurecer las condiciones necesarias para removerlas.
El esquema propuesto tiene puntos de contacto con el diseño institucional vigente en Perú, particularmente en lo referido a la conformación y remoción de las autoridades monetarias. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cuenta con un directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, incluido su presidente, mientras que el Congreso elige a los tres restantes y ratifica al titular de la entidad.
Además, los directores sólo pueden ser removidos por falta grave y para ello se requiere una mayoría de dos tercios del número legal de legisladores. Existe, además, una diferencia institucional de mayor alcance: la autonomía del Banco Central peruano y la prohibición de financiar al Tesoro tienen respaldo constitucional.
En Argentina, incluso con la reforma propuesta, el esquema sigue siendo muy diferente. Si bien la iniciativa apunta a reforzar la independencia del BCRA y consolidar un perfil más técnico de la institución, la política monetaria seguirá conviviendo con la política económica definida por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía.
En ese sentido, acotar el mandato del Banco Central a un objetivo prioritario —preservar el valor de la moneda— también podría generar tensiones frente a un gobierno que busque implementar una política económica más expansiva, especialmente si sus objetivos entran en conflicto con las decisiones de la autoridad monetaria. Un antecedente reciente puede encontrarse en Brasil, donde la autonomía del Banco Central dio lugar a fuertes diferencias entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y la autoridad monetaria en torno al nivel de las tasas de interés.
El argumento económico detrás de la reforma
Para el actual directorio del Banco Central, la iniciativa busca establecer una hoja de ruta y un marco jurídico que otorguen previsibilidad a la política monetaria, independientemente de quién gobierne.
El oficialismo también pone el foco en el impacto que tuvo sobre el balance del BCRA la utilización de la autoridad monetaria para financiar al Estado. Según las estimaciones utilizadas para fundamentar la iniciativa, el deterioro patrimonial acumulado entre 2003 y 2023, considerando activos y pasivos financieros, alcanzó el equivalente a u$s553.000 millones.
A partir de ese diagnóstico, el Gobierno pretende que la disciplina fiscal y la imposibilidad de recurrir al Banco Central como fuente de financiamiento queden incorporadas a un marco institucional más restrictivo.
Los otros cambios que introduce la reforma
Uno de los cambios centrales es la prohibición del financiamiento al Tesoro, las provincias y los municipios. La iniciativa elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios u otras formas de asistencia financiera directa o indirecta al sector público y dispone para ello la supresión del artículo 21 de la actual Carta Orgánica.
El proyecto también busca impedir la transferencia al Tesoro de utilidades contables y dividendos, entre ellas las ganancias originadas por variaciones cambiarias u operaciones financieras. La intención es evitar que resultados contables derivados de la valuación de los activos del Banco Central puedan transformarse en una fuente de financiamiento fiscal.
Otro de los cambios clave es la redefinición del objetivo institucional del BCRA. La propuesta establece como misión preservar el valor de la moneda y elimina las competencias adicionales incorporadas en la reforma de 2012, entre ellas la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Finalmente, la iniciativa prohíbe la utilización de Letras Intransferibles, títulos entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas internacionales y que no pueden negociarse en el mercado.
Estos instrumentos comenzaron a utilizarse en 2006 y permitieron al Tesoro obtener reservas del BCRA para afrontar pagos de deuda en moneda extranjera a cambio de títulos que permanecían en el activo de la autoridad monetaria.
