El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y pidió una docena de medidas de prueba.
El investigador advierte una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”, en la que el funcionario declaró únicamente dos propiedades y no consignó otros bienes que compró con fondos cuyo origen no está claro.
Por ejemplo, la casa en el Country Indio Cúa Golf Club, partido Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el cual no se encontraría consignado en su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI), según la denuncia.
El fiscal habla de "desproporcional incremento patrimonial”, con “severas discrepancias entre las declaraciones juradas”, además de la posible “omisión de activos financieros y depósitos en el exterior”.
En el escrito oficial, también se menciona la incorporación de fondos cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares, informó Ambito.
Entre los datos remarcados por la fiscalía, según la denuncia, se destaca que el patrimonio del funcionario “habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal”, junto con la declaración de dinero en efectivo en dólares y pesos, y un nivel significativo de endeudamiento.
La denuncia señala que “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”.
Doce medidas de prueba
Para avanzar en la investigación, el fiscal Pollicita pidió una batería de doce medidas de prueba. Solicitó informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias.
En su presentación, el fiscal solicitó impulsar la acción penal al considerar que existen elementos que ameritan profundizar la pesquisa en base una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Según el escrito, la denuncia sostiene que el funcionario “habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público”.
