La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de ficha limpia para proveedores y contratistas del Estado provincial. La iniciativa, impulsada por la diputada socialista Lionella Cattalini, establece nuevos requisitos para quienes pretendan participar en procesos de contratación pública y busca reforzar los controles de transparencia en el uso de recursos públicos.
La sanción definitiva llegó después de que la Cámara de Diputados ratificara los cambios introducidos por el Senado. El proyecto ya había tenido media sanción de la Cámara baja durante 2025, pero debió volver al recinto tras las modificaciones realizadas por la Cámara alta.
La nueva ley dispone que, en todos los procedimientos de contratación que realice la Provincia —ya sea para obras públicas, adquisición de bienes o contratación de servicios—, los oferentes deberán acreditar que no registran antecedentes penales. Para eso, deberán presentar el certificado correspondiente emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
Al celebrar la aprobación, Cattalini contrapuso la nueva norma con lo que pasa a nivel nacional con la causa de los cuadernos de la corrupción. Muchos de los empresarios involucrados en sobornos en esa investigación son ahora contratistas a crgo de rutas nacionales concesionadas por la administración de Javier Milei, señaló la diputada. “Estoy muy contenta porque creo que Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción", dijo en ese sentido.
La legisladora destacó que la provincia tiene una larga tradición de políticas de transparencia y control institucional. “Nosotros creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos”, afirmó.
Cattalini valoró además el amplio consenso alcanzado durante el tratamiento legislativo. “Que esta ley haya sido aprobada por unanimidad demuestra que hay temas que deben trascender las diferencias partidarias. La transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado”, señaló.
El requisito no solo alcanzará a personas humanas. También se aplicará a socios, integrantes de órganos de administración y fiscalización de personas jurídicas, representantes legales de uniones transitorias de empresas y miembros de las sociedades que formen parte de esas estructuras.
La falta de presentación de la documentación exigida será causal de rechazo de la oferta. Además, antes de adjudicar una contratación, la autoridad competente deberá verificar la vigencia de la información presentada, mediante mecanismos electrónicos o digitales.
Entre los delitos contemplados por la norma figuran hechos de corrupción y delitos contra la administración pública, delitos económicos y financieros, homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestros, delitos contra la propiedad y delitos contra el orden constitucional, entre otros previstos en el Código Penal.
En los fundamentos del proyecto, Cattalini sostuvo que las contrataciones estatales deben regirse por criterios de eficiencia, transparencia y control ciudadano. En esa línea, planteó que resulta incompatible con esos principios permitir que personas o empresas con antecedentes penales accedan a obras, bienes o servicios financiados por el Estado.
Con la aprobación de la ley, el Poder Ejecutivo provincial queda habilitado a firmar convenios de cooperación técnica para implementar los mecanismos de control y verificación previstos en la nueva normativa.
