Acorralado por el desfinanciamiento estatal, el sector de la discapacidad renovó su rechazo a la nueva ley del Gobierno

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar la legislación vigente sobre discapacidad e implementar nuevas restricciones para los beneficiarios. Frente a esto, referentes de las instituciones que brindan atención a las personas con discapacidad volvieron a expresar su profunda preocupación, denunciaron el cierre de centros de día por falta de recursos económicos y advirtieron que con la posible desregulación del sistema tanto los profesionales como las familias de los pacientes quedarán acorralados.

En medio de la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el ingreso al Senado del texto oficialista denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, el sector que trabaja diariamente en el área rechazó de plano las medidas. Los referentes sostuvieron en diálogo con Radiópolis (Radio 2) que el desfinanciamiento ya muestra sus consecuencias concretas en la atención diaria y temen por el futuro del sistema de prestaciones básicas.

“Conocimos un proyecto de ley que el Gobierno va a presentar en las cámaras que a lo que conduce es a la desregulación del sistema que nos ampara, que es el sistema de prestaciones básicas de la ley 24901”, explicó una de las directivas de las instituciones afectadas. Según detalló, esto perjudicaría severamente a quienes menos tienen: “Ese sistema que permite que todas las personas con discapacidad accedan a la prestación que necesitan, sin importar su condición económica y social, se terminaría, porque cada obra social, si es que la tienen, pagaría lo que se le ocurre”.

El impacto en las instituciones y la pérdida del nomenclador

La crisis económica y los retrasos en los pagos ya se cobraron el funcionamiento de distintos espacios de vital importancia. De acuerdo a los testimonios recabados, en el último tiempo ya han cerrado cuatro centros de día y el futuro es absolutamente negativo, al punto que temen no poder seguir operando en estas condiciones de asfixia financiera.

“Que deje de existir un nomenclador nacional, como existe gracias al sistema, atenta contra la atención de las personas con discapacidad”, agregaron desde las entidades prestadoras. Si bien reconocieron que recientemente hubo un ajuste en los números oficiales, aseguraron que “ese aumento no cubre el retraso tremendo que sufrieron los aranceles”.

Frente a la incertidumbre, las autoridades de los establecimientos plantean un escenario crítico a la hora de sostener las fuentes laborales. “No nos queda más que seguir en la pelea para que no se desintegren las instituciones que con mucho esfuerzo se han ido formando en la ciudad y que realmente nosotros nos planteamos, si nosotros tenemos que cerrar porque no tenés un presupuesto claro, porque no podés contratar gente si no sabés con cuánto dinero vas a contar, esto lo digo como directiva de instituciones. ¿Cómo hacés?”, lamentó la referente del área.

Además, dejaron planteado un interrogante urgente para el Estado: “Si tenés que cerrar, ¿a dónde van a ser atendidas esas personas que atendemos?”.

Familias sin cobertura de transporte

La falta de financiamiento no solo golpea a la estructura de las instituciones, sino directamente a las familias de los pacientes. El impacto más notorio de las últimas semanas se dio en la logística diaria para que niños, niñas y adolescentes puedan asistir a sus terapias y centros educativos.

“Las familias de las personas que tienen hijos con discapacidad ya no tienen prácticamente transporte porque los transportistas se han bajado todos", precisaron. El motivo de esta interrupción radical del servicio es netamente económico, ya que los montos que perciben los choferes no les sirven ni siquiera para mantener los vehículos en condiciones operativas. En ese marco, definieron la situación de manera tajante: “Están prácticamente acorralados”.