Matías Capozucca volvió este jueves al Centro de Justicia Penal de Rosario para participar de una audiencia en la que se revisaron las medidas cautelares impuestas en la causa por violencia de género iniciada tras la denuncia de su expareja. Durante la jornada, la Justicia le advirtió que, si vuelve a incumplir las restricciones establecidas, se le dictará la prisión preventiva.

El imputado había recuperado la libertad hace aproximadamente 20 días, bajo una serie de medidas de conducta que incluían una restricción de acercamiento y el uso de un dispositivo dual de monitoreo electrónico. Sin embargo, durante ese período se reportaron varios incumplimientos de las zonas de exclusión y advertencia.

Cómo funciona la pulsera dual

 

El sistema consiste en la utilización de dos dispositivos electrónicos: uno lo lleva el imputado y el otro, la víctima. Cuando él se aproxima a una distancia prohibida, el mecanismo emite alertas y permite activar los protocolos de intervención correspondientes.

Según se expuso durante la audiencia, en distintas oportunidades Capozucca habría superado la zona de advertencia y avanzado hacia la zona de exclusión. Esos episodios generaron llamados del 911 a la víctima y profundizaron su situación de angustia y temor.

La implementación del dispositivo busca evitar que toda la responsabilidad de prevenir nuevos episodios recaiga sobre la mujer, como ocurría con mecanismos tradicionales como el botón antipánico.

La declaración de la víctima: “Vive aterrada”

 

Mientras Capozucca estuvo presente en la sala, su expareja participó de manera virtual a través de Zoom. Durante su intervención, relató entre lágrimas la situación que atraviesa desde que el imputado recuperó la libertad y comenzó a regir el monitoreo electrónico.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la mujer manifestó que vive con miedo y describió el impacto que los reiterados episodios de alerta tienen sobre su vida cotidiana y la de su hijo y su grupo familiar.

La situación fue uno de los puntos centrales del planteo de la Fiscalía y de la representación legal de la víctima, que advirtieron sobre la necesidad de garantizar su seguridad y evitar que las restricciones terminen trasladándole a ella la carga de protegerse.

     

Qué resolvió la Justicia

 

Durante la audiencia se planteó que las medidas alternativas a la prisión preventiva debían garantizar de manera efectiva la seguridad de la víctima. En ese marco, se solicitó revisar las condiciones vigentes y precisar el alcance de la restricción de acercamiento.

Finalmente, la jueza interviniente dispuso una advertencia expresa al imputado: si vuelve a incumplir las medidas cautelares, deberá afrontar la prisión preventiva en el marco de la causa.

Además, se estableció que la restricción de acercamiento será de 1.000 metros respecto de los domicilios y los lugares frecuentados por la víctima, según lo informado durante la audiencia.

La resolución busca reforzar las condiciones de protección y evitar que se repitan los episodios denunciados desde la implementación del sistema dual.