El Poder Ejecutivo nacional giró al Senado un proyecto de reforma integral de la Ley de Salud Mental que introduce cambios de fondo en el sistema vigente desde 2010. La iniciativa, acompañada por el Mensaje 108/2026, propone un giro en el enfoque: refuerza el rol médico-psiquiátrico, amplía las posibilidades de internación involuntaria y redefine el criterio de riesgo que habilita la intervención del Estado.
El texto también modifica la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y artículos clave del Código Civil y Comercial, con el argumento oficial de “corregir dificultades interpretativas” que, según sostienen, derivaron en situaciones de inacción frente a casos graves.
Uno de los ejes centrales es la ampliación del objeto de la ley. La reforma deja de centrarse exclusivamente en la protección de derechos y suma de manera explícita la prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria en salud mental.
En paralelo, se refuerza el enfoque técnico-médico. Si bien se mantiene la lógica interdisciplinaria, el proyecto establece que todos los equipos deberán incluir obligatoriamente al menos un médico psiquiatra y le otorga un rol central en evaluaciones, diagnósticos e internaciones.
Este punto marca una diferencia con la ley vigente, que prioriza un abordaje más social y comunitario, sin jerarquías entre disciplinas.
Adicciones y sistema de atención
La iniciativa reafirma que las adicciones forman parte de la salud mental, pero habilita un abordaje más clínico. La autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación, según cada caso.
Además, se incorpora formalmente a hospitales psiquiátricos y clínicas privadas dentro de la red sanitaria, y se prohíbe rechazar pacientes por el solo hecho de presentar problemas de salud mental.
Internaciones involuntarias: nuevo criterio
El punto más sensible del proyecto está en la modificación del régimen de internaciones sin consentimiento. Se reemplaza el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
Según el Ejecutivo, el cambio busca evitar interpretaciones restrictivas y permitir una intervención más temprana.
Las internaciones seguirán siendo un recurso excepcional, pero se amplían los criterios: se podrá aplicar un “enfoque situacional” que contemple antecedentes, conductas previas y la evolución probable del cuadro si no hay tratamiento.
Para disponer una internación, se requerirá el dictamen de dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra. De manera excepcional, podrá decidirla un solo médico, con obligación de revalidación en menos de 24 horas.
Más intervención judicial
El proyecto también redefine el rol de la Justicia. El juez deberá ser notificado dentro de las 24 horas y tendrá tres días para autorizar, pedir más información o rechazar la medida.
Además, se habilita que el magistrado ordene una internación involuntaria si el sistema de salud se niega a realizarla pese a cumplirse los requisitos legales.
En contrapartida, el alta y la externación quedarán en manos del equipo de salud, sin necesidad de autorización judicial, aunque se prevén medidas de seguimiento por hasta seis meses.
Cambios legales y controles
La reforma ajusta artículos del Código Civil y Comercial para alinearlos con el nuevo criterio de riesgo y regula situaciones de urgencia y consentimiento informado. También introduce cambios en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: las inspecciones en instituciones con pacientes de salud mental deberán realizarse exclusivamente por equipos interdisciplinarios que incluyan obligatoriamente a un psiquiatra.
El debate de fondo
La propuesta marca un cambio de paradigma respecto a la ley vigente. Mientras el esquema actual prioriza la desinstitucionalización, el control externo y el enfoque de derechos humanos, el nuevo proyecto fortalece la capacidad de intervención del sistema sanitario, con mayor peso del criterio médico y una ampliación de los supuestos para internar.
