Esta semana el gobierno nacional volvió a pasar la motosierra por uno de los sectores más vulnerables y atacados por sus políticas desde que asumió la gestión del Estados nacional: eliminó los subsidios a las empresas de transporte para que puedan afrontar el costo de los pasajes de personas con discapacidad, una decisión que según el abogado Fabrizio Trossero, especializado en Derecho y Discapacidad y miembro de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (Faca), es un “nuevo ataque al sector de parte de un gobierno perverso”.
“El colectivo que abarca a las personas con discapacidad se encuentra mucho peor que el año pasado”, analizó Trossero. “Porque, al margen de los casos de corrupción que se investigan, la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) fue disuelta y absorbida por el Ministerio de Salud, que asumió todas sus funciones, por lo que las personas con discapacidad ya no tienen un organismo propio donde reclamar sus derechos. Y por ende están más desprotegidos”.
Esta flamante decisión de quitarles los subsidios a las empresas de transporte (eso sí, manteniendo la obligatoriedad) es, según Trossero, un nuevo recorte en el gasto público al sector de la discapacidad, que ya de por sí venía teniendo problemas para poder encontrar asientos disponibles en los micros de media y larga distancia que les corresponden por ley. “Es una vergüenza el destrato y la falta de empatía que tenemos de parte del gobierno nacional”, opinó.
Desde su asunción en diciembre de 2023, el Gobierno puso la lupa sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, llevando a cabo un proceso de auditorías masivas a nivel nacional que resultó en la suspensión y baja de decenas de miles de pensiones por invalidez laboral; ha impulsado reformas legales y modificaciones en los criterios de elegibilidad, buscando que la pensión esté supeditada a la comprobación de vulnerabilidad extrema e incapacidad laboral, en lugar de basarse estrictamente en la posesión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) tal como establecen tratados internacionales; y a la par del desfinanciamiento directo a distintos programas sociales, las familias han reportado dificultades y demoras en la cobertura de tratamientos, acompañantes terapéuticos y medicación por parte del sistema de salud. Una política de Estado.
Deterioro económico y de salud
Las familias que tienen uno o varios de sus miembros con alguna discapacidad no solo temen que se siga ahondando el deterioro de su situación económica ante la quita abrupta de las ayudas estatales, sino también en el estado de salud de sus integrantes, que por falta de fondos, transporte y cobertura dejan de concurrir a los centros de día a hacer sus terapias y socializar, dos aspectos fundamentales en su día a día.
“El año pasado el Congreso sancionó la Ley de emergencia en discapacidad, luego de insistir tras los vetos perversos del presidente, pero dicha ley no se cumple a pesar de que está dictada. Sumado a eso, tenemos el problema de que las prepagas no les cubren el transporte a los centros de día y a las escuelas especiales a las personas con discapacidad, a los niños con discapacidad, y hay municipios que se ven obligados a hacer de mediadores y brindar la asistencia para aquellos niños que no pueden tener acceso a algún transporte. Por ejemplo, el municipio de Venado Tuerto adquirió traffics y con esos vehículos los llevan y traen de sus hogares”, graficó el doctor Trossero, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires e integrante del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario.
El especialista, también persona con discapacidad, fue claro en su diagnóstico: “Estamos sufriendo cada vez más. Porque a una persona con discapacidad se le hace doblemente difícil. Y no solamente sufrimos nosotros, sino también todas las personas vinculadas al trabajo con personas con discapacidad: el poco o nulo salario que reciben por las prestaciones hace que también se les haga cada vez más difícil, teniendo en cuenta la situación económica del país, que está complicada”.
“Ese es el panorama que tenemos hoy las personas con discapacidad y quienes estamos vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad: notamos un avance nefasto hacia el sector. Un avance perverso, con el agravante de que el presidente quiere llevar a la Corte Suprema la Ley en emergencia en discapacidad para derogarla, algo que nos preocupa no solo a los abogados, sino sobre todo a las familias, que no solo se sienten desprotegidas, sino a la vez atacadas por un Estado que en realidad debería hacer lo contrario”, concluyó.
