Quizás la noticia más trascendente de la semana fue de las que menos atención motivó. La declaración de autonomía de Rosario es uno de esos acontecimientos dignos de mención en los futuros libros de historia, pero que en el momento pasan desapercibidos para el público en general. Esa misma contradicción transmitían la grada, los pasillos y demás espacios comunes semivacíos del Concejo Municipal en la noche del jueves. La presencia apenas de empleados y asesores componía la postal de un día cualquiera, lo que no encajaba con la justa dimensión histórica del momento que, a su turno, los concejales ponían en palabras.
La declaración de autonomía en una ordenanza no cambia nada en sí. Sin embargo, una cosa es que la Constitución nacional del 94 conceda autonomía a los municipios y que este año una Constituyente la haga efectiva en la provincia, y otra distinta es que la ciudad se afirme a sí misma y le muestre al resto que asume la totalidad de las competencias a su disposición, por las que batalló desde que las tuvo en sus manos allá por los años 30, fruto de la Constitución del 21, y que le arrebataron en un abrir y cerrar de ojos.
Esa insoslayable dimensión histórica, dada también por la convocatoria a elección de constituyentes locales en 2027, permitió que la ordenanza enviada por el Ejecutivo municipal tuviese acompañamiento unánime en general de todo el arco político, desde los concejales libertarios hasta los de filiación kirchnerista.
Las diferencias aparecieron a la hora de votar los artículos que componen la parte normativa de la ordenanza y que modifican otras ordenanzas o crean un marco jurídico para el ejercicio de las nuevas facultades autonómicas. Allí la oposición votó dividida en algunos casos y, en otros, el oficialismo tuvo que arreglárselas prácticamente en soledad.
En el apuro por sacar temas con la actual composición del legislativo municipal, que le es más favorable que la que asumirá el 10 de diciembre, el Ejecutivo aprovechó para meter bajo el mismo paraguas un sinnúmero de cuestiones que el justicialismo, Ciudad Futura y los demás bloques de la oposición hubieran preferido tratar en ordenanzas separadas y con debates específicos.
La estrategia legislativa del oficialismo le permitió matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, sacó un montón de reformas en un solo acto y con una única ordenanza ómnibus. Por el otro, encerró a los opositores en un callejón que los condenaba a votar a favor en general: ninguno iba a querer aparecer dándole la espalda a un asunto tan caro a la historia de Rosario como la declaración de su autonomía por cuestiones de técnica legislativa. Fue así que, de la mano de la declaración de autonomía, entró todo el resto.
Los concejales peronistas Mariano Romero, Julia Irigoytía y Norma López; Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Caren Tepp (Ciudad Futura) marcaron las diferencias en los temas particulares referidos a una variopinta gama de tópicos: relaciones laborales con los empleados, planificación del arbolado público, limpieza de baldíos privados, contrataciones y mecanismos de compras, elaboración de presupuestos, pagos de juicios, donaciones, expropiaciones y un largo etcétera.
Los opositores no soslayaron la polémica que se abrió por los dictámenes técnicos no vinculantes que días antes aportaron el presidente del Colegio de Abogados, Lucas Galdeano —elaborado por institutos de esa entidad—, y la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNR. Ambos trabajos coincidieron sobre aspectos que podrían derivar en planteos de inconstitucionalidad porque afectarían la pirámide normativa elemental: una ordenanza está por debajo de una ley provincial, y éstas por debajo de las leyes nacionales.
Esos dictámenes fueron resultado de una invitación a dar opiniones, pero cuando se conocieron provocaron un miniterremoto porque las conclusiones contradecían la línea de trabajo del oficialismo. Una vez más los leones rugieron y los teléfonos tronaron. Al día siguiente, la subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, Juliana Conti, concurrió al Palacio Vasallo y opuso la mirada del gobierno municipal a las conclusiones de ambos dictámenes.
Ya en la sesión del jueves fue la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, la que terminó por encorsetar el debate en el lugar más incómodo para la oposición. Se aferró a críticas de Gigliani y, en especial, de Tepp, que había adelantado que su bloque no podía acompañar la parte normativa del proyecto porque “pretende legislar sobre materias, competencias y facultades que aún no fueron acordadas ni delegadas por el gobierno provincial y el Ejecutivo nacional”, para reprochar que ahora que la historia le abrió la puerta grande a la ciudad para ejercer autonomía plena la oposición pretendía seguir pidiendo permiso a la provincia.
Podría decirse que, con el traje de precandidata a intendenta calzado, y la certeza de que la pronta aprobación de la ley orgánica de municipalidades en la Legislatura provincial va a suplir buena parte de los reparos técnicos de los que se hizo eco la oposición, Schmuck se abrazó a las mejores páginas de la lucha autonómica de la ciudad, desde los años 90 a la actualidad, y corrió la línea bien lejos: la autonomía no es una cuestión jurídica ni de abogados, es política, dijo. No se le pide permiso a nadie: la autonomía se ejerce de manera expresa, precisa e indubitable.
La ordenanza de autonomía es el primer gran paso de la ciudad tras la reforma constitucional y un faro para el resto de las ciudades de la provincia. Se inició así un proceso que terminará con la aprobación, en la segunda mitad de 2027, de una miniconstitución local. Falta mucho tiempo. En el medio, seguramente la ciudad deberá adaptar nuevas ordenanzas, ponerlas en línea con las leyes provinciales que la Constitución manda escribir y reformar sobre temas tan trascendentes como coparticipación, y elegir constituyentes locales el mismo día que intendentes y concejales.
Para ese momento falta una eternidad, pero es inquietante imaginar esa elección donde la fuerza política que se imponga ganará también el derecho a ponerle su impronta a la primera constitución de Rosario.
La presidencia de la Corte Suprema
El martes, los siete ministros de la Corte Suprema de la provincia tendrán un segundo round por la presidencia del tribunal en 2026. El desenlace está abierto, aunque Rafael Gutiérrez, referente del ala histórica, está un paso adelante.
Como el proceso de renovación de la Corte está a mitad de camino, el ala histórica todavía retiene una mayoría ajustada de cuatro miembros, integrada por el propio Gutiérrez, Eduardo Spuller (que dejará el cargo en septiembre), Roberto Falistocco y el recién llegado Rubén Weder.
Weder llegó por impulso del exgobernador Omar Perotti como parte de los acuerdos que hicieron posible la reforma constitucional, pero guarda vínculos con Gutiérrez desde sus tiempos como relator en el Poder Judicial. Se descuenta que votará ahí, al igual que Spuller, que le ha hecho seguidismo a lo largo de un cuarto de siglo.
Gutiérrez tiene dos caminos para convertirse en presidente: abrir una instancia de acuerdos con Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Daniel Erbetta para convencerlos de que lo voten a cambio de darles garantías sobre el proceso de reformas que empujan, o consagrarse con votos divididos por 4 a 3.
La primera opción supone una presidencia atada a un plan de trabajo acordado antes de la votación entre los dos sectores, en la que el entronamiento de Gutiérrez —que está de salida de la Corte— no signifique una pausa o ralentización de las transformaciones que se iniciaron este año con el ingreso de la primera tanda de ministros.
Hay otra condición que Erbetta viene planteando infructuosamente hace años y a la que se sumaron Zabalza y Baclini: el cambio del actual sistema de rotación geográfica de la presidencia (un año un presidente del centro-norte y al siguiente uno del sur) a otro de rotación por nombres (un año cada ministro, y si alguno declina, le toca al siguiente de la lista). Este es un punto muy trascendente porque, por primera vez desde que se aprobó aquella acordada de rotación geográfica, hay un núcleo de poder interno en la Corte dispuesto a elegir con un criterio diferente al que durante mucho tiempo benefició a Rafael Gutiérrez: siendo dos los ministros de Santa Fe, y como a Spuller no le interesaba ejercer la función, la presidencia caía año de por medio en él.
Por el contrario, consagrar una presidencia en votación dividida por 4 a 3 mostraría una Corte partida, imposibilitada de lograr acuerdos, y sería el preanuncio de un 2026 lleno de tensiones. Nada bueno para un Poder Judicial que necesita acelerar sus transformaciones.
Gutiérrez blanqueó la intención de presidir la Corte en una conversación con el gobernador Maximiliano Pullaro y lo comentó con algunos de los integrantes del tribunal, pero con otros no habló del tema aún, por lo que no hay posibilidad de que Zabalza o Baclini lo voten (y, en consecuencia, tampoco Erbetta) sin antes intercambiar sobre su plan de trabajo.
Lo cierto es que nadie propuso formalmente el nombre de Gutiérrez (ni ningún otro) en la reunión de acuerdos de la semana pasada, donde el tema de la presidencia 2026 se abordó por primera vez. Nadie quiere quemar candidatos de antemano. Los nombres aparecerán sobre el final, una vez que se compruebe la existencia de agua en la pileta. En ese juego, Roberto Falistocco, el más antiguo de los ministros, juega al misterio. Por historia se lo ubica del lado de Gutiérrez, pero él no necesariamente sigue a Gutiérrez ni dio señales definitivas de cómo votará. Falistocco y Gutiérrez son los dos ministros de más de 75 años que en 2026 deberían dejar sus cargos.
Hasta el ingreso este año de Jorge Baclini y Margarita Zabalza, las tensiones dentro de la Corte estaban mayormente enfocadas en Daniel Erbetta, que daba sus peleas en soledad contra la mayoría referenciada por Gutiérrez y Falistocco.
Hoy ya no es Erbetta solo. Pero lo decisivo es que ese sector encarna el futuro de la Corte, por más que una cuestión temporal (en principio, aunque no todo está dicho) les impida conformar una mayoría propia para ubicar en la presidencia a Daniel Erbetta, o eventualmente a Jorge Baclini.
Si bien las conversaciones internas continuarán este lunes, el proceso para elegir la presidencia no parece estar lo suficientemente maduro como para que se destrabe en la reunión de acuerdos del martes. Ni parece posible la aparición de un cisne negro entre los cortesanos que cambie las ecuaciones descriptas más arriba.
