La endeble alianza con el PRO y otros socios menores que le había permitido algunas victorias políticas al gobierno de Javier Milei hoy se desvanece como las pompas de jabón de la canción mítica de Sui Generis. Mayorías aplastantes rechazaron los vetos del presidente Milei a las leyes de emergencia pediátrica, financiamiento de universidades y redistribución de Aportes del Tesoro Nacional, señal incontrastable de que el modelo político del gobierno atenta contra sí mismo, porque pone en tela de juicio la gobernabilidad y la confianza de la economía y los mercados financieros.
El gobierno condiciona su presente y futuro a conseguir un apoyo masivo en las elecciones del 26 de octubre que, cabe aclarar, no le permitirá prescindir de aliados por más bien que le vaya.
Sin embargo, el tránsito de 35 días hasta las urnas puede ser un suplicio. El frente económico se deteriora en simultáneo con las derrotas políticas y las sospechas de corrupción. Ambas crisis se retroalimentan. Con 1.100 millones de dólares de reservas vendidos en tres días y una semana por delante que promete ser tanto o más caliente que la anterior, Milei viaja este lunes a Estados Unidos a la expectativa de un gesto de la administración Trump. Si es en metálico, mejor; si no, aunque sea simbólico.
El cronograma de vencimientos de deuda es un horizonte oscuro, los títulos públicos se desplomaron, el riesgo país se duplicó, la tasa sigue por las nubes y se le reza a la recesión para que modere el traslado a precios del aumento del dólar. Recesión que afecta a empresas y al mercado de trabajo: desde diciembre de 2023 “hay 1.850 establecimientos productivos menos en Santa Fe” y “se perdieron casi 14.500 empleos formales”, según el último informe de coyuntura de MATE. Según el gobierno provincial, la sangría sería mayor si no fuera por sus “políticas anticíclicas” en inversión pública.
Para el gobierno, el combo es crítico. Así como las inconsistencias del programa económico se manifiestan con más nitidez, sufre derrotas en votaciones que se ganaban perdiendo. Ni así evitó que se le conformaran mayorías inimaginables de dos tercios en ambas cámaras. Con un agravante: esas mayorías no se juntaron para aprobar una ley, sino para rechazar vetos, es decir, la voluntad explícita del presidente.
El esquema de gobernabilidad libertario se descompone de forma acelerada. El 26 de octubre a la noche, con los resultados de las urnas, será momento de barajar y dar de nuevo. La Casa Rosada está urgida de proponer una agenda de gestión sensata y realista en base a la cual reconstruir una gobernabilidad sustentable.
La batalla de octubre
Milei abrió la campaña electoral en Córdoba el viernes. Eligió un ambiente selecto como el de la Bolsa de Comercio y un anfitrión que lo aduló todo el tiempo. Lo novedoso del presidente fue que, en lugar de subir al ring al kirchnerismo, que en esa provincia tiene escaso peso electoral, le apuntó a Juan Schiaretti. Lo trató de “gastomaníaco” por su propuesta de reemplazar con un IVA provincial los impuestos a los débitos y créditos, Ingresos Brutos y retenciones. El exgobernador y primer candidato de Provincias Unidas no demoró nada en sumarse al golpe a golpe. Trató de mentiroso al presidente.
A principios de año, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en la opinión pública el proyecto de IVA provincial como parte de una agenda de reformas para 2026, que incluiría cambios laborales y previsionales. Como Schiaretti y otros, también el santafesino Maximiliano Pullaro habla de esa agenda. En definitiva, el gobierno perdió mucho tiempo en internas y en querer aplastar tanto a potenciales aliados como a adversarios, cuando de él depende generar las condiciones de diálogo con aquellos que hace tiempo le mostraron de qué lado de la grieta están posicionados, más allá de que después disputen fuerte por los alcances y fines de esas reformas.
Schiaretti a Santa Fe
Schiaretti estará el miércoles en Santa Fe. Lo recibirá Maximiliano Pullaro y juntos encabezarán una actividad con los intendentes de Santa Fe que juegan para Provincias Unidas: los del oficialismo, independientes y los peronistas alineados con el cordobés que acá se apartaron del PJ, con el funense Roly Santacroce y el de Reconquista Enrique Vallejos como referentes.
Tras el impasse de la reforma constitucional, Unidos encendió por tercera vez en el año los motores de esa gran máquina electoral que es. Conformó comités de campaña, bajó línea a ministros, funcionarios de segundas y terceras líneas de la gestión y legisladores. Ahora es el turno de las intendencias.
Unidos decidió poner toda la carne a la parrilla. Desplegará a fondo la maquinaria electoral. Tiene a la vicegobernadora como cabeza de lista, al socialismo en un protagónico segundo lugar y el propio Pullaro se pondrá la campaña al hombro. Hay mucho más que nueve bancas de diputados en juego.
Tres fuerzas serán las protagonistas centrales de la campaña electoral de Santa Fe y las tres ahora tienen referencia nacional.
Para Provincias Unidas, el kirchnerismo es la puerta del pasado, mientras que La Libertad Avanza y Milei son contrarios a los intereses de Santa Fe. Radicales y socialistas santafesinos, que tienen miradas diferentes del gobierno nacional y en muchas ocasiones votaron divididos en el Congreso, ahora están juntos en la vereda de enfrente y a partir del 10 de diciembre serán parte de un bloque de centro articulado a partir de Provincias Unidas. La mala praxis política de la Casa Rosada tiene la rara virtud de aliviar las contradicciones de los adversarios. ¿Se la agarrará Milei con Pullaro como hizo con Schiaretti? ¿Pullaro entrará al golpe a golpe como hizo Schiaretti?
Fuerza Patria, antimileísta por antonomasia, alambra el espacio opositor a Milei. Probablemente para evitar que Pullaro y Provincias Unidas ganen terreno en la porción del electorado independiente que no está dispuesto a votar por La Libertad Avanza. Cabe recordar que Provincias Unidas tiene en la vecina Córdoba una pata peronista, no kirchnerista y de centro. Por lo tanto, la estrategia que verbaliza la candidata Caren Tepp luce acertada. Unidos no solo mete a Schiaretti en la campaña santafesina, sino que le partió el frente de intendentes peronistas.
La Libertad Avanza, por ahora, focaliza en el “kirchnerismo” como forma de englobar e impugnar la oferta electoral del peronismo. El primer candidato Agustín Pellegrini estuvo el fin de semana en el noreste santafesino. Evitó aludir a Tepp, símbolo de renovación generacional y política, y focalizó en Agustín Rossi, el segundo: “Es la cara del kirchnerismo en Santa Fe, candidato a vicepresidente de Sergio Massa”.
Vuelta de página
La Legislatura de Santa Fe se apresta a aprobar el jueves 86 pliegos de jueces, fiscales y defensores. Un número enorme que debe tener muy pocos antecedentes.
Hay dos cuestiones significativas en torno a esa Asamblea Legislativa. La primera es que casi no se escucha ruido político a pesar de la gran cantidad de postulantes surgidos del sistema de selección con menos autolimitaciones que Pullaro implementó el año pasado y que mereció críticas desde la oposición. Es un contraste notable y auspicioso con el clima que se generó hace exactamente un año por el nombramiento de los tres vocales de la flamante Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, donde el gobierno procedió como un elefante en un bazar.
El único pliego que hasta ahora arrastra cuestionamientos es el del abogado Marcelo Gelsich, propuesto para juez civil y comercial en Rafaela. La impugnación formalizada por la Mesa Ni una Menos y la Asamblea Lesbotransfeminista recoge un largo historial de posicionamientos del candidato en charlas, jornadas y entrevistas, y marca como una contradicción que “a días de jurar la nueva Constitución en la que se incorporaron explícitamente los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país, se pretenda designar a un profesional que se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de los principios que dichos instrumentos ordenan proteger y garantizar”.
La segunda cuestión significativa es que 9 de los 11 mensajes con pliegos que envió el Ejecutivo cubren las vacantes que la Corte identificó como prioritarias –quedan pendientes a resolver con urgencia, como el caso de San Lorenzo–, lo que le da una vuelta de página a uno de los conflictos entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y el Poder Judicial. La Corte Suprema presionaba por cubrir los casilleros vacíos del organigrama y el nuevo gobierno exigía fijar prioridades y rediscutir el mapa judicial. Los pliegos a votar el jueves cubren aproximadamente la mitad del centenar de vacantes que se reclamaba.
Un sistema en transformación
El sistema judicial santafesino está en pleno proceso de transformación. Mientras la Corte transiciona a su renovación y el poder dentro de la Justicia se redistribuye lenta, pero de forma sostenida, toman fuerza cambios administrativos y orgánicos, como las reformas sobre los tribunales colegiados y los juzgados de circuito, entre otros.
Pero el cambio más profundo es el desacople definitivo del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa bajo imperio de la Constitución reformada. Ambos organismos confluirán en una suerte de extrapoder bajo la figura única de Ministerio Público, y en el caso de la Defensa incorpora las defensorías no penales que hasta ahora dependían de la Procuración de la Corte.
“Es una suerte de refundación”, sostiene un funcionario del MPA, tras acordarse de que la liquidación de sueldos y los controles por licencia médica se seguirán haciendo momentáneamente con la estructura del Poder Judicial.
El conflicto está en la negativa del Sindicato de Trabajadores Judiciales al traspaso del personal de pleno derecho desde el Poder Judicial al Ministerio Público. Presentó un amparo colectivo por afectación de la carrera judicial como principal punto. La nueva Constitución garantiza esa carrera, pero la pirámide del Ministerio Público promete ser más chata y tener menos posibilidades de ascenso que la del Poder Judicial.
El punto se discutió mucho durante el proceso de reforma constitucional. Hubo opiniones repartidas. Los que se opusieron propusieron mantener los organismos en el Poder Judicial o, de lo contrario, un traspaso a elección del trabajador. El riesgo del menú a la carta era que se afectara la estructura operativa de los organismos, lo cual hubiera obligado a incrementar el número total de empleados del sistema, además de provocar trastornos operativos.
En el combo entran también los cálculos sindicales. Fuera del Poder Judicial, la Fiscal General y la Defensora General podrían abrir el juego a más de una representación sindical. Algunas fuentes sostienen que hasta el famoso Código de Descuento, del que gozan algunos gremios del Estado, entra en juego.
El MPA lo componen unos 450 empleados y otro tanto entre contratados y pasantes, que hasta hoy resultan en un extraño caso de orfandad sindical. Al igual que la Defensoría, diseñará sistemas de ingreso propios, adaptados a sus necesidades. Un fiscal lo explica así: “Ellos dicen que el sistema de ingreso del Poder Judicial es garantía de que nadie entre por la ventana. Puede ser. El tema es que es un sistema que al MPA no le sirve. ¿Cómo incorporamos un bioquímico genetista con ese sistema, le hacemos hacer la prueba de velocidad de escritura como a un aspirante a empleado judicial?”.
Como se ve, el camino que mandó transitar la Constitución reformada está lleno de desafíos y disputas por venir.
