Es viernes, cae la tarde, y después de una pausa familiar el gobernador Maximiliano Pullaro se prepara para una última actividad. “Tengo una cena”, dice, sin más datos. Unos cuantos llamados después, una alta fuente de Unidos para Cambiar Santa Fe susurra a Rosario3 que del otro lado de la mesa se sentarán dirigentes peronistas, y que lo importante no es el menú sino que avanza la ampliación de Unidos para Cambiar Santa Fe. No más declaraciones.
Ese plan tiene aristas de lo más eclécticas. Mientras unos operan sobre sectores del peronismo, el presidente de la UCR y hombre fuerte del Senado provincial, Felipe Michllig, en un reportaje con Letra P, le abrió la puerta a una futura incorporación de La Libertad Avanza. Donde entran 14 partidos pueden entrar 15, pero una invitación necesita de una aceptación para concretarse.
La Libertad Avanza es como el protagonista de “El extraño caso de Benjamin Button”, que hace el proceso biológico a la inversa. Javier y Karina empezaron por gobernar el país y ahora están a las corridas en las provincias y ciudades tratando de armar partidos y juntando caras conocidas para las elecciones de 2025.
Con ese propósito desembarcaron este sábado en Rosario Karina y los primos Martín y Lule Menem. Más allá de buscar adhesiones formales para tramitar el partido, el encuentro fue una oportunidad para auscultar en público a la pléyade de libertarios locales, donde destaca la diputada Romina Diez por su cercanía a la hermana presidencial. La Libertad Avanza en Santa Fe todavía es un racimo de dirigentes de procedencias, intereses, ideologías distintas y escaso affectio societatis, que convergen detrás de la marca política del momento.
La expectativa era que la reunión, según la convocatoria y la emocionalidad de la misma, fuera también un termómetro del vínculo entre Milei y su base de adherentes más cercanos.
Conflictos gremiales
A pesar de que cierra una semana de 48 horas de paro en el que coincidieron todos los sindicatos de empleados públicos, el gobierno está convencido de que fue una buena semana. También los gremios estatales terminaron conformes con la demostración de fuerza que hicieron.
En la endemoniada dinámica de negociar salarios mes a mes el conflicto es una posibilidad latente, pero para el gobierno provincial “la cantidad de paros del sector docente –el ministro Bastia habló 13, y van menos de 50 días de clases– excedió un límite”. La queja es coincidente con la de gobiernos anteriores: señalan que Amsafe tiene el paro como primera opción.
Pullaro pone en cuestión la legitimidad de esa práctica, y para contrarrestarla dispuso artillería pesada, entre ellas el descuento de días, las declaraciones juradas, el premio por asistencia y una retórica recargada. Incluso el mismo día de la huelga les disputó hora a hora en la opinión pública el éxito de la medida, haciendo explícito hincapié en el sector docente siendo que el paro era de todos los gremios y sectores.
El gobierno visualiza como un triunfo que el 41% de los docentes haya firmado la declaración jurada. Ese porcentaje no coincide con el 90% de adhesión que informó Amsafe. O en el interior de la provincia el acatamiento fue bajo –en Rosario no hubo clases– o se dio lo que habilitaron dirigentes rosarinos de Amsafe y Sadop ante las cámaras de televisión: “Cualquiera puede llenar la DDJJ, haya ido o no a trabajar”.
La respuesta desde el Ministerio de Educación es que una DDJJ no es un papel más y falsearla expone al docente a sanciones y que tienen herramientas de corroboración. Si las partes no paran la pelota, el conflicto tiene mucho más recorrido por escalar.
Esta semana seguramente se retomarán las negociaciones con ATE y UPCN, que también rechazaron la oferta salarial. Amsafe ya programó otro paro, así que no habrá hasta entonces convocatoria.
Jorge Molina, secretario general de UPCN, militó de forma personal la medida de fuerza para asegurarse que los gremios más chicos adhirieran y el paro llegue a todos los rincones del Estado. Hay tironeos subyacentes por temas extrasalariales con ese poderoso gremio, pero en el gobierno ven a su dirigencia y la de ATE “dispuestas al diálogo”.
En realidad nada ha cambiado: ATE y UPCN mantuvieron ese perfil dialoguista con todos los gobiernos; y Amsafe hace lo propio con sus estrategias de lucha sindical. Lo que cambió es un gobierno resuelto a combatir esas prácticas porque entiende que son parte de los problemas que afectan al sistema educativo y que está interpretando el sentir de las familias de los alumnos. Ese cortocircuito explica el deterioro a pasos agigantados de la relación entre el gobierno y Amsafe. ¿O es con los docentes en general y no sólo con el gremio? ¿Realmente existe esa divisoria de aguas? Es lo que está en disputa.
Orden para empezar
“Estamos poniendo orden en el Estado, y cuando terminemos de poner orden la plata va a sobrar en Santa Fe y vamos a poder hacer muchas cosas”, dice Pullaro. Se refiere a “orden en las cárceles, en seguridad, en el Iapos, en educación, en la EPE, en Aguas Santafesinas. Estamos poniendo orden en la Justicia”.
Iapos es una de esas batallas “para poner orden”. El gobierno negocia aranceles a cara de perro con los prestadores privados y parte de éstos respondieron con un corte de servicios a los afiliados.
La Casa Gris retruca. Empiezan a mostrar detalles del “desorden total” y “números escandalosos” que dice haber encontrado. Apunta a una suerte de contubernio de los dos lados del mostrador. Hablan incluso de posibles denuncias penales. Puede ser una carta de presión para la negociación, pero mientras tanto citan situaciones “inexplicables”, como periodos donde se facturó 1,33 órdenes de consulta por cada uno de los 600 mil afiliados de la obra social, y el pago de precios exorbitantes por medicamentos. El status quo heredado de la administración Perotti está en camino de reconfiguración, tanto en el trato entre Estado y privados, como en la participación de los principales jugadores del mercado.
Hegemonía elástica y soberanía económica
Las dos novedades centrales de la política santafesina: la vocación de Unidos por construir una hegemonía política elástica con instancias de diálogo –el ejemplo serían el acompañamiento opositor a la gran mayoría de las leyes que pidió Pullaro y la intención de llegar a la reforma constitucional con una base de apoyo más amplia que la propia–, y una carrera por ganar soberanía económica, que reduzca la dependencia de Santa Fe del Estado nacional y redunde en mayor independencia política en 2025.
En ese contexto, a las oposiciones se les dificulta hacer pie frente al arrollador dominio de la agenda política de Unidos. La reforma constitucional es un claro ejemplo de cómo el oficialismo juega y obliga a los demás.
El peronismo empieza a recorrer el espinoso camino de la reconstrucción en medio de ese contexto adverso, pero con un mérito no menor: haber evitado una carnicería de reproches, pases de facturas y enfrentamientos a cielo abierto tras el pobrísimo gobierno de Perotti y la derrota electoral.
El partido renovará las autoridades a fin de mes, pero lo relevante es lo que pasa por fuera de esa estructura formal. Lo viejo y lo nuevo se aman y se odian, se cruzan y se repelen, aunque al final del camino todos se necesitarán de nuevo. De esas ruinas en algún momento germinarán las formas de la reconstrucción.
Agustín Rossi volvió a los debates de militancia rodeado de referentes como Héctor Daer o Leandro Santoro; Marcelo Lewandowski reparte tiempo entre consolidar su espacio en pueblos y ciudades y su papel como uno de los 33 senadores que pueden complicarle los planes a Milei con la ley Bases; Omar Perotti se resguarda en el silencio y hace buena letra; los senadores cotizan a la baja, pero cotizan como enclave de poder institucional-territorial; y lo más novedoso de la constelación panperonista, que es la sociedad entre el Movimiento Evita y Ciudad Futura, explora nuevos territorios y mueve el mercado de pases.
Santa Fe y la ley Bases
Las próximas dos semanas estarán marcadas a fuego por el debate de la ley Bases en el Congreso. Lewandowski y el resto de la bancada de Unión por la Patria forzaron una primera tanda de cambios. El gobierno cedió y se resigna a que el proyecto deberá regresar a Diputados.
En el bloque radical las cosas no están tan claras. La reunión entre los senadores y los gobernadores el martes pasado permitió una síntesis inicial: el apoyo en general al proyecto. Sin embargo, en el tema por tema abundan las diferencias. Las visiones políticas disímiles sobre el gobierno de Milei y los intereses particulares de cada provincia dificultan los acuerdos, por eso el nivel de síntesis por ahora tiene gusto a poco.
Santa Fe tiene protagonismo en el impuesto a los “ingresos altos” de los trabajadores y en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi). En el primer caso, los aceiteros y los trabajadores del transporte por agua ya mostraron los dientes paralizando la industria y los puertos agroexportadores.
En lo referido al RIGI, la industria santafesina está pidiendo a los senadores de la provincia asegurar cambios en la letra de ese capítulo o votar en contra por considerar que los beneficios extraordinarios que se les ofrecerían a potenciales grandes inversores impiden la competencia y ponen en riesgo a las industriales locales.
El mensaje está dirigido a los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ya que Lewandowski expresó el voto negativo desde el vamos. El gobierno provincial agarró el tema de entrada, incluso una mesa de análisis con todas las partes, pero en el gobierno nacional hicieron oídos sordos y las alianzas regionales por ahora no resultan un instrumento eficaz para esa batalla.
El voto de Losada y Galaretto se definirá entre todas esas variables. La presión para no votar junto con el peronismo, la defensa de los intereses productivos de la provincia que, como ocurre en el peronismo y en el PRO, chocan con los intereses productivos de otras provincias también gobernadas por los mismos partidos.
