Una mujer jubilada de 64 años presentó una denuncia ante la Auditoría General de Gestión de Rosario contra la fiscal adjunta Ana Milicic, a quien acusa de abuso de autoridad y de ordenar allanamientos y detenciones arbitrarias basadas en una “burda denuncia anónima”
Según el escrito presentado por la denunciante, la causa que derivó en allanamientos se originó a partir de una denuncia online que habría sido realizada por una supuesta “vecina” sin aportar ningún dato de identidad o contacto. En ese mensaje se afirmaba, entre otras cosas, que en la vivienda de la denunciante había escondidos más de un millón de dólares, una cuenta millonaria en una entidad financiera rosarina y armas ilegales.
La mujer sostiene que la fiscal Milicic impulsó allanamientos “altamente invasivos” sin que existiera un solo indicio objetivo que justificara esas medidas. Incluso –según afirma– habría ignorado un informe policial que indicaba que no se había registrado ningún movimiento sospechoso en las viviendas involucradas.
El operativo principal ocurrió el 10 de septiembre de este año, a las 7 de la mañana, en dos domicilios: uno en Funes y otro en Rosario. De acuerdo con la denuncia, los allanamientos fueron realizados de forma “violenta” por un grupo táctico armado, que habría destrozado muebles, roto paredes y requisado a la mujer “en condiciones humillantes”.
En la vivienda solo se hallaron unos 19 mil dólares y una pistola registrada a nombre de uno de sus hijos, quien cuenta con la credencial de legítimo usuario. Pese a ello, la fiscal habría ordenado igualmente la detención de la jubilada, quien permaneció más de 24 horas incomunicada.
El hijo de la mujer también fue detenido en Rosario, luego de un allanamiento en el que –según la presentación– la policía revisó vehículos sin orden judicial y secuestró una furgoneta sin justificación.
La denunciante plantea que la fiscal Milicic actuó “bajo un orden de justicia invertido: primero allanar, segundo detener, tercero investigar”, y reclama que se la sancione por lo que considera una “violación sistemática de garantías constitucionales y convencionales”.
La Auditoría General de Gestión deberá ahora evaluar si abre un proceso administrativo para investigar el accionar de la funcionaria judicial.
