La investigación por el millonario desvío de fondos destinados a la carga de combustible en patrulleros de la Policía de Rosario derivó este jueves en una serie de allanamientos y detenciones. Entre los apresados hay tres ex jefes de distintas áreas de la Unidad Regional II, además de otros funcionarios y personal policial en actividad.
Los arrestos alcanzaron a Daniel Acosta, quien estuvo al mando de la Unidad Regional II hasta mayo pasado, cuando fue separado del cargo tras el estallido del escándalo; Diego Santamaría, ex jefe del Comando Radioeléctrico; y Héctor Saucedo, ex titular de la Policía Motorizada.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación, en total hubo 13 procedimientos realizados por personal de la unidad especial de Asuntos Internos en distintos domicilios particulares de la ciudad.
Como resultado de los operativos, fueron detenidas nueve personas sindicadas con diversos roles dentro de la estructura investigada. En los allanamientos también se secuestró material de interés para la causa.
Además de Acosta, Santamaría y Saucedo, los demás detenidos fueron:
- A.B. (ex jefe de Caballería y Perros);
- F.B. (ex jefe del Grupo Táctico Multipropósito –GTM–);
- R.B. (ex jefe de Logística de la UR II);
- N.C. (ex jefe de Policía Adicional);
- R.S. (ex interventor de Medicina Legal);
Además, en uno de los domicilios allanados fue detenido L.G., ya que se le secuestró un arma de fuego tipo fusil.
Los nueve acusados serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con fecha y horario aún a confirmar. Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal José Luis Caterina, quien lleva adelante la causa iniciada en mayo de este año a partir de una denuncia del ministerio de Seguridad de Santa Fe. La investigación por desvío de fondos se conoció públicamente en mayo, con 38 allanamientos simultáneos en Rosario y la región. Según estimaron en ese momento, la maniobra de malversación de caudales públicos rondaba los 45 millones de pesos mensuales. La investigación detectó sobrefacturación en la carga de combustible mediante el uso irregular de las tarjetas Visa Flota, destinadas a los móviles policiales, y connivencia con una estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3900, donde se concentraban las operaciones. En aquel momento, fueron detenidos 16 policías y 4 civiles, y el Gobierno provincial decidió intervenir la Unidad Regional II por 90 días, desplazando a su cúpula y designando como interventor al comisario general Claudio Romano. Aunque Acosta no había sido imputado entonces, fue apartado del cargo por decisión del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, “por responsabilidad funcional”. Su segundo, Mariano Gobi, permaneció en funciones. Desde entonces, el fiscal Caterina avanzó con análisis de planillas, escuchas telefónicas, peritajes contables y registros de GPS en patrulleros, además de testimonios de policías y personal civil involucrado. Entre los elementos secuestrados figuraban unas 300 tarjetas de carga de combustible y un posnet perteneciente a la estación de servicio investigada, hallado en la casa de un agente. En julio, la causa tuvo su primera definición judicial relevante, cuando se confirmó la prisión preventiva efectiva de tres policías —Gerardo Ramírez, Rodrigo Domínguez y Juan Villordo—, todos ligados al manejo logístico y financiero de la carga de combustible. Ahora, con las nuevas detenciones, el foco se desplaza hacia la cadena de mando, un aspecto clave que el propio fiscal había anticipado que seguiría investigando.Una causa que sacudió a la cúpula policial
Pruebas y avance judicial
