El juicio a la banda del narco barrial rosarino Francisco Riquelme culminó el viernes con 12 hombres condenados a prisión perpetua. De por sí, ese número habla de la violencia descarnada de los hechos expuestos en el debate. Los casos ventilados transcurrieron entre 2021 y 2023, los años más violentos de la ciudad, y tuvieron como escenario los barrios Empalme Graneros, Ludueña y un sector de Industrial, donde la organización criminal de Fran Riquelme mantuvo un enfrentamiento con otra pandilla narco.
El número de condenados a la pena máxima en este proceso penal solo encuentra antecedentes en juicios a represores de la última dictadura militar por delitos de Lesa Humanidad. Pero el debate también dejó otras definiciones e interrogantes, como el oscuro accionar del Servicio Penitenciario provincial, que por acción u omisión permitió que Fran Riquelme continuara al mando de su banda desde la cárcel de Piñero, con consecuencias irreparables para la ciudad.
Además, se trató del primer debate oral derivado de una investigación focalizada sobre violencia altamente lesiva en Rosario; se ventilaron hechos cometidos en el mes más violento de la historia de la ciudad –abril de 2022– y, en el apartado técnico, peritos expusieron una labor de cotejos balísticos de inédita magnitud en el país y en el continente.
Uno de los acusadores, el fiscal Patricio Saldutti, brindó detalles del extenso juicio en El mejor día de la semana (Radio Dos).
Saldutti explicó que la investigación llevada a juicio tuvo objetivos focalizados; esto es, se investigó cada episodio criminal como parte de una saga y no como un hecho aislado.
“Salimos de la lógica del caso a caso; del turno del fiscal. Aglutinamos todas las investigaciones focalizadas en el territorio. No fuimos por un homicidio o dos; expusimos prueba por un total de 42 causas, doce de ellas con personas acusadas. Mostramos un contexto en el cual sucedían los hechos que nos permitieron explicarle al tribunal, que tomó una frase que usamos en el alegato de clausura. Mostramos el «bosque incendiado» y evitamos centrar la atención en «árboles sueltos»”.
A modo de ejemplo, agregó: “Un día había una balacera. Al día siguiente, un herido de arma de fuego. Un día después, con el arma del primer hecho había un homicidio. Pudimos mostrar el ida y vuelta entre las bandas”, dijo el investigador.
Al comienzo del juicio, testigos que pertenecen a áreas técnicas de la Fiscalía hablaron de estadísticas. Abril de 2022 fue el mes más sangriento en la historia de Rosario, con 35 homicidios. Ese mes, los barrios que más homicidios y heridos tuvieron fueron Empalme Graneros y Ludueña, recordó Saldutti.
Soldaditos descartables
En el juicio “quedó expuesto el rol fungible del que aprieta el gatillo; en los comienzos de 2021 eran una o dos personas las que cumplían esa función para la banda. Terminaron detenidas y luego aparecieron otras dos o tres. Y luego otras. Y así. Esos son los 12 condenados junto con Riquelme”, detalló el fiscal.
El agujero negro del SP
Riquelme, quedó evidenciado, es parte de ese grupo de reclusos rosarinos que construyeron su carrera criminal tras las rejas en el último lustro, conspirando e instigando hechos de repercusión pública. La jefatura de su banda, al menos en el período expuesto en juicio, fue ejercida desde la unidad penitenciaria de Piñero. Allí contaba con comunicación al exterior, que las autoridades no desactivaron durante una estadía superior a tres años.
“La propia defensa de Riquelme dijo que «faltaba una pata» en la investigación, porque evidentemente si tenía acceso a teléfonos y a ese nivel de vida dentro de la cárcel –que también se expuso– era por una situación de acción u omisión del Servicio Penitenciario”, dijo Saldutti.
En el banquillo hubo 15 varones jóvenes, de los cuales 12 terminaron condenados a perpetua. Entre los hechos ventilados figuran seis homicidios. Semejante número de sentencias es inédito en la provincia y en el país. Una cifra que solo se compara con juicios por crímenes de Lesa Humanidad, como la causa Guerrieri IV, que tuvo 16 represores sentenciados a la pena máxima.
En el aspecto técnico, la producción de prueba dejó otro dato importante. El cotejo balístico que expusieron tres peritos de la Policía Federal demandó un trabajo de siete meses y se nutrió de material balístico –vainas servidas y plomos– y armas secuestradas en más de 40 escenas de procedimientos o allanamientos.
Los datos fueron procesados por el sistema Saib (Sistema Automatizado de Identificación Balística) y, según los propios peritos de la PFA, el cotejo fue el más grande de la historia de Latinoamérica, incluyendo territorios como Colombia y México.
“Eso otorgó un resultado objetivo muy claro sobre las mismas armas que fueron utilizadas en varios hechos”, dijo Saldutti.
Así las cosas, el dato confirmó que, en el crimen organizado rústico de Rosario, las bandas no tienen reparos en seguir utilizando las mismas armas en distintos hechos de sangre en vez de deshacerse de ellas y así dificultar las investigaciones.
Por último, Saldutti cerró con una definición que describe la compleja situación de los familiares de víctimas que deben continuar viviendo en un lugar atravesado por la violencia.
“Vemos en estos casos de criminalidad organizada familiares que no quieren que se haga nada con la investigación. Vienen a decir: «Mi hijo tenía un problema, estaba metido, terminó fallecido, pero no quiero que me convoquen, no quiero declarar ni tener problemas porque sigo viviendo en el barrio». No dejan de sentir el dolor por la pérdida del ser querido, pero prefieren que la investigación no avance para no arriesgar su vida o la del resto de los familiares que quedan”.
