Entre los varios frentes de tensión con la Justicia hay uno que preocupa particularmente al gobierno provincial: los más de cien amparos presentados por magistrados retirados contra los topes en los haberes jubilatorios que impuso la reforma previsional sancionada por la Legislatura en 2024. El tema, entienden en el Ejecutivo, se terminará definiendo en la Corte nacional, pues, desde su punto de vista, la imparcialidad de los jueces provinciales puede estar comprometida por el hecho de que, al momento de jubilarse, serán afectados por los límites salariales.
Según revelaron fuentes de la Provincia a Rosario3, 117 beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia presentaron recursos de amparo contra el tope que determinó la norma, que es el equivalente a 20 haberes mínimos. Así, el piso es de 554 mil pesos y el techo que estas presentaciones buscan empujar hacia arriba es de 11 millones. La jubilación máxima antes de la reforma equivalía a 32 haberes mínimos; es decir, casi 18 millones de pesos a valores de hoy.
De los 117 amparos que se presentaron contra el nuevo tope, 36 obtuvieron fallos positivos. La gran mayoría de ellos en juzgados de Rosario, que según fuentes de la administración Pullaro se muestran mucho más propensos a "darle la derecha" a los amparistas que los santafesinos. De los 36 exfuncionarios que, de acuerdo a la mirada de la Provincia, “mantienen sus privilegios”, 33 eran jueces y los otros tres, legisladores.
Para el gobierno santafesino es fundamental sostener la reforma previsional para “salvar la Caja” en un marco ya de por sí complicado para todos los sistemas jubilatorios, porque el envejecimiento poblacional los obliga a estirar coberturas mientras cae el número de activos que los sostienen. En el caso particular de las provincias que no lo transfirieron a la Nación, se suman los incumplimientos del gobierno de Javier Milei, tanto en las transferencias corrientes para financiar el déficit como en las deudas acumuladas durante años y sobre las cuales, en el caso de Santa Fe, ya hay fallos favorables de la Corte nacional.
Según los cálculos de un alto funcionario de la gestión Pullaro, el ahorro que la reforma previsional produjo en 2025 fue de casi 360 mil millones de pesos y, para el final de la gestión, podría llegar a un billón. En tren de defender ese ahorro, el Ejecutivo solicitó semanas atrás el apartamiento de cuatro jueces de la Corte Suprema provincial de las causas vinculadas a la reforma: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rubén Weder.
El argumento es que los mencionados o son jubilados de la provincia (Rubén Weder) o están próximos a serlo (los otros tres), lo cual compromete la imparcialidad del tribunal en el tratamiento de los amparos presentados contra la normativa. La Corte rechazó por unanimidad el planteo del Ejecutivo, que por eso hizo una nueva presentación: un recurso federal que los mismos magistrados deben analizar para ver si lo admiten y elevan a la Corte Nacional. En caso de que no lo hagan, será el propio Ejecutivo el que irá “en queja” al máximo tribunal nacional.
En el gobierno sostienen que la reforma previsional busca sanar la Caja, un organismo que arrastra un déficit que se financiaba con dinero proveniente de los impuestos de los contribuyentes, y que la Provincia tenía que dejar de destinar a la prestación de servicios y obra pública. También buscan “terminar con privilegios” de los que gozan, fundamentalmente, jueces y legisladores jubilados.
Asimismo, resaltan como argumento a su favor el gran respaldo que tuvo el proyecto del Ejecutivo al momento de ser tratado en la Legislatura: más de un 75 por ciento de los representantes levantaron la mano para la aprobación.
Los jueces de la Corte santafesina, al rechazar el planteo de recusación de cuatro de sus integrantes, sostienen que no es válido el argumento de que cuatro magistrados podrían actuar con parcialidad por estar jubilados o próximos a hacerlo. Y remarcan que todos los jueces, más tarde o más temprano, tienen la expectativa de jubilarse. Es decir, que bajo la lógica del Ejecutivo, nadie estaría en condiciones de emitir fallos sobre el tema.
Desde el gobierno, en tanto, se insiste en que el sistema jubilatorio de la provincia es un régimen solidario que ya no está en condiciones de sostener viejos privilegios que muchos se resisten a perder. “Un ciudadano puede vivir muy bien con 11 millones de pesos al mes. O consolidamos privilegios o salimos de ellos con reformas racionales que permitan que la Caja de Jubilaciones sobreviva”, dijo un funcionario muy cercano al gobernador.
