El debate por la nueva ley de biocombustibles volvió a ganar espacio en el Congreso y la industria aceitera busca acelerar los tiempos legislativos. Carbio y CIARA-CEC, respaldaron el proyecto que plantea modificar el régimen vigente y avanzar hacia un esquema con mayor competencia, además de incrementar el corte de biodiésel hasta el 12,5%.

En ese marco, Luis Zubizarreta, presidente de Carbio, cuestionó duramente el funcionamiento actual del mercado y reclamó que el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa.

“Como saben, está en debate un proyecto de ley de biocombustibles que modifica la actual”, señaló Zubizarreta, quien calificó al régimen vigente como “muy malo” por el nivel de regulación que impone sobre el mercado.

Según explicó, actualmente la comercialización está restringida a empresas que cuentan con un cupo, mientras que el precio es determinado por la Secretaría de Energía a partir de los costos de la empresa menos eficiente del sistema.

“No hay competencia”

Para el titular de Carbio, uno de los principales problemas del esquema es precisamente la falta de competencia.

“Solo pueden vender las empresas que tienen un cupo y además el precio lo define la Secretaría de Energía en base a los costos de la empresa menos eficiente del sistema”, sostuvo.

A su entender, esa estructura genera un efecto directo sobre los precios. “No hay competencia y, al no haber competencia, el precio es construido por un burócrata”, afirmó.

Zubizarreta agregó que la metodología utilizada para determinar los valores termina llevando a precios elevados. “Como está hecho en base al menos eficiente, es un precio alto, muy alto”, remarcó.

El planteo de la entidad apunta así a uno de los principales ejes de la discusión legislativa: cómo pasar de un mercado regulado mediante cupos y precios administrados hacia un sistema que incorpore progresivamente mayores niveles de competencia.

La advertencia sobre las inversiones

La crítica de Carbio no se limita al impacto sobre los precios. Para Zubizarreta, el esquema actual también genera incentivos equivocados para las empresas que participan del mercado.

“El que tiene el cupo ya no necesita invertir para ser más eficiente y bajar sus costos para vender más barato, sino que está cómodo con el cupo”, afirmó.

En contraposición, el proyecto que impulsa la entidad plantea una transición gradual hacia un esquema de libre competencia.

“Lo que presenta es una transición gradual hacia un esquema de libre competencia, que es como funcionan todos los mercados en todo el mundo y sobre todo los de biocombustibles”, explicó.

Desde la mirada de Carbio, el cambio regulatorio podría generar condiciones para una nueva ola de inversiones en el sector, al modificar los incentivos que actualmente surgen del sistema de cupos.

Un nuevo corte y la oportunidad de los nuevos biocombustibles

El reclamo de la industria se produce además en un momento en el que el sector busca ampliar el mercado interno para el biodiésel. El proyecto que respaldan Carbio y CIARA-CEC contempla llevar el corte hasta el 12,5%.

Para Zubizarreta, una modificación del marco regulatorio no solo tendría impacto sobre el mercado doméstico, sino que podría posicionar a la Argentina frente al desarrollo de nuevas alternativas dentro de la industria de los biocombustibles.

“Eso va a generar incentivos a nuevas inversiones, a mejorar los precios y a que la Argentina se zambulla en los nuevos biocombustibles que están empezando a desarrollarse en todo el resto del mundo”, sostuvo.

En ese sentido, definió al escenario como una oportunidad para el país y para una industria fuertemente vinculada con la cadena agroindustrial. “Son una gran oportunidad para nuestro país”, afirmó.

El pedido al Congreso: acelerar el debate

Con el proyecto en discusión en el Senado, Carbio busca que el Congreso acelere el tratamiento de la iniciativa.

“Por eso nosotros apoyamos este proyecto de ley, apoyamos la necesidad de este cambio y desde Carbio y CIARA creemos que es muy importante que en el Congreso este debate se dé pronto”, sostuvo Zubizarreta.

El objetivo, según planteó, es contar con un nuevo marco legal que permita modificar los incentivos actuales y promover nuevas inversiones.

“Que tengamos una nueva ley que incentive nuevas inversiones”, concluyó.