El gobierno nacional dispuso la desregulación de las obras sociales y esta semana reglamentó esa decisión a través de tres decretos que se publicaron en el Boletín Oficial. En primer momento, con el mega DNU del presidente Javier Milei al inicio de su gestión, se liberaron los valores de las cuotas de las empresas de medicina privada y se aplicaron aumentos mensuales como así también subas que no se habían facturado hasta noviembre pasado. Desde el 1 de marzo próximo se podrá cambiar de obra social libremente y ya no será obligatorio aportar a la prestadora de salud del gremio al que corresponda.
La presidenta y vice del Instituto de Derecho de Salud del Colegio de Abogados de Rosario, Carina Mazzeo y Julia Canet, analizaron ante Rosario3 los alcances de las medidas y el impacto que tendrá en la población.
—¿Cuál es el mayor impacto para la población de la desregulación de las obras sociales que determinó el gobierno?
—Julia Canet (JC): El principal impacto es la derogación de un decreto del 2022 a través del cual se establecía que para aumentar las cuotas las prepagas debían pedir autorización a la Superintendencia de Servicios de Salud y ésta debía aprobarla avalada por cálculos de costos y por la razonabilidad. La Superintendencia venía autorizando frecuentes aumentos pero al ser derogado ese decreto y quedar librado a la voluntad de las empresas, las empresas de común en acuerdo aplicaron aumentos del 40 por ciento en enero, del 30 en febrero y se prevé un 20 para marzo.
—Carina Mazzeo (CM): Las empresas, en vez de participar en el libre juego del mercado, se cartelizaron, se pusieron de acuerdo, y subieron las cuotas de manera conjunta, prolija y sistemática. Y eso no permite a los afiliados elegir a otras empresas que no hayan aplicado incrementos o aumentos inferiores.
—¿Hay empresas que están liquidando los aumentos de las cuotas que no se aplicaron el año pasado?
—JC: Están aplicando retroactivamente los porcentajes que no se aplicaron antes y les están cobrando ahora a los que presentaron declaraciones juradas porque no podían pagar tanto. Esos aumentos acumulados son de un 40 por ciento más. En diciembre se pagaban cuotas de 70 u 80 mil pesos y hoy están arriba de los 300 mil. Esto ha provocado que muchos afiliados hayan dejado de pagar. No sé qué tan buena pueda ser la desregulación si se hace de manera tan drástica.
—La desregulación implica que las prepagas ahora tengan que aportar al Fondo de Solidario de Redistribución, ¿cómo lo ven a esto?
—JC: Antes había un sistema de obras sociales nacionales y prepagas, y eran las obras sociales nacionales quienes aportaban recursos al Fondo (para financiar tratamientos de alta complejidad, discapacidad y fertilización asistida, entre otros) y las prepagas no formaban parte de ese Fondo. Por lo que hacían convenios con obras sociales y triangulaban los aportes. El afiliado pagaba menos y cuando la prepaga debía atender casos de alta complejidad recurría al Fondo de esas obras sociales.
—CM: Hay 300 obras sociales nacionales, pero 90 son la que prestaban servicios. Eso no está bien. Ahora la desregulación permite la incorporación a la ley de obras sociales y que el afiliado puede elegir libremente. Esto limpia y blanquea el sistema.
—Desde el 1 de marzo las prepagas deberán destinar el 20 por ciento de la cuota del afiliado a ese Fondo Solidario de Redistribución, ¿esto no va a significar un nuevo aumento del valor de la cuota?
—JC: Claramente. Al 20 por ciento lo tienen que aportar igual. Se supone que será un aumento más.
Ping pong de dudas
—¿Los jubilados van a poder cambiarse de obra social, salir de Pami?
—JC: Pami queda afuera, se rige por ley especial. Los jubilados que siguieron en la obra social de su actividad podrán llevar sus aportes a una prepaga si así lo desean. Siempre que estén afiliados a una obra social que no sea Pami.
—¿Los trabajadores en relación de dependencia o los jubilados van a tener que pagar un adicional si se quieren pasar a una prepaga?
—JC: Dependerá de la prepaga y de cuánto sean los aportes. Los que perciben salarios mínimos van a tener que pagar una diferencia seguramente. Para tener un aporte que equipare lo que cuesta una cuota de una prepaga hay que tener un salario muy importante, tener todo el ingreso blanqueado sin sumas en negro. Estimo que sólo podrán alcanzarlo aquellos asalariados que cobren sueldos importantes o alguna categoría de empleados públicos.
—-CM: A lo mejor, las empresas puedan sacar algún plan básico que permita acceder con el aporte tradicional.
—¿Quién tiene más de un ingreso declarado podría unificar los aportes?
—CM: Sí, se tienen que unificar.
—¿En todos los casos?
—JM: Las cajas profesionales, como Caja Forense, Arte de Curar o la Caja de Ingenieros, tienen un régimen diferente y están afuera del sistema nacional; así también las obras sociales provinciales como Iapos.
—CM: Es que se rigen por leyes provinciales y no participan. Pero no sabemos si no se podrán adaptar. El decreto presidencial dice que pueden participar todos los que están inscriptos en el registro de obras sociales y empresas prepagas y que los que no están inscriptos se pueden inscribir. Habrá que ver si Iapos se inscribe, si acepta abrirse y recibir otros afiliados, y también si acepta correr el riesgo de perder afiliados y sus aportes.
—¿Hay límite en cuanto a la cantidad de afiliados que puedan pasarse, o dar cobertura, para una obra social privada o sindical?
—CM: No hay límite en cuanto a la cantidad mínima y máxima de afiliados.
—¿Se mantiene un plan mínimo de cobertura de salud?
—CM: Sí, el Plan Médico Obligatorio (PMO) y la ley de discapacidad, todos tienen que respetarlos.
—¿Hay un valor asignado como cuota de aporte?
—CM: Está abierto a la oferta y a la demanda.
—¿La obra social de la Universidad Nacional de Rosario está dentro del sistema que se desregula?
—JM: Las obras sociales universitarias están por fuera como las cajas profesionales.
—¿Es decir que un profesional que trabaja de manera independiente y que da clases en la universidad no puede unificar aportes?
—CM: Salvo que la obra social universitaria se inscriba en el listado, hoy no puede.
—JC: Hay profesionales que aportan en tres regímenes diferentes y resulta que después se pelean cuando deben dar cobertura a las prestaciones. Por ahora sigue igual.
—¿Los hospitales van a poder formar parte de la oferta de servicios que ofrecerán las obras sociales y las prepagas?
—CM: El decreto permite hacer convenios entre las obras sociales con los hospitales públicos de autogestión para que los afiliados puedan atenderse allí. Es así como los hospitales Provincial, Centenario, Eva Perón y el de Niños Zona Norte podrán atender a pacientes de las obras sociales. Hasta ahora, salvo una emergencia, los afiliados no podían ser atendidos, pero ahora podrán hacerse esos convenios. Claro, no sé cómo los caerá a esos afiliados que los manden a un hospital público.
Dos miradas
—Más allá de lo estrictamente profesional, ¿qué sensación tienen ustedes sobre lo que va a pasar con la desregulación en materia de salud?
—CM: Tengo una visión optimista. Más allá de que vamos a atravesar un período de transición bravo y difícil, creo que se puede llegar a acomodar y puedan competir las empresas con las obras sociales.
—JC: No pienso lo mismo. Hacer una desregulación de esta magnitud, sin regular las cuotas, es algo que me preocupa. Es obligación de los Estados garantizar la salud y ya sabemos que la única salud pública que funciona es la de Santa Fe. Hay personas que dependen de las obras sociales y las prepagas y permitir aumentos de esa magnitud, en este contexto donde aumenta todo y no sólo la salud, me preocupa.
