Las abogadas que representan a dos de las tres psicólogas que fueron denunciadas por haber elaborado informes idénticos para sustentar causas de abuso y separar a padres de sus hijos manifestaron que no lograron acceder a los detalles de la causa que, aunque se inició en septiembre del año pasado, cobró trascendencia pública durante las últimas semanas.
Las defensoras en cuestión son Gabriela Durruty y Julia Giordano, que este sábado hablaron en El mejor día de la semana (Radio 2) y expresaron que la situación no solo pone en juego la reputación de las profesionales de la salud acusadas de utilizar “formularios pre armados”, sino que además representa un factor que puede desalentar que la presentación de denuncias por casos de abuso sexual infantil.
“Lo que conocemos de la denuncia es lo que se difundió a través de los medios”, sostuvo Durruty, abogada de una de las psicólogas, y agregó: “Fuimos varias veces al Ministerio Público de la Acusación para ver si podíamos conocer los términos de la denuncia porque escuchábamos cosas muy disímiles, pero nos hemos encontrado con una pared cada vez que nos acercamos”.
La abogada sostuvo que no les proporcionaron “ninguna información” y que desconocen “los términos concretos” de la denuncia en cuestión. “Es muy difícil manejarse con trascendidos por la prensa”, dijo al respecto de la causa por la que todavía no hubo imputaciones.
En ese sentido, consideró: “Yo no puedo saber cuál es la voluntad de las personas que realizaron la denuncia ni quiero polemizar directamente con ellos, pero me parece que hay un grado de irresponsabilidad, porque lo que está en juego acá es ni más ni menos que la salud mental de niños y niñas”.
“A los padres les cuesta encontrar profesionales que asistan a sus hijos o hijas cuando aparece la posibilidad de que hayan sido víctimas de abuso por temor a represalias generalizadas que no tienen demasiado asidero”, amplió al respecto.
Luego del reclamo de un grupo de abogados por las importantes demoras en el expediente, el fiscal regional Matías Merlo decidió rechazar el pedido de apartamiento de la fiscal original, Guillermina Aiello, e incorporar a dos nuevas funcionarias para reforzar el caso: Guillermina Toprno y Bárbara Glikman. Es en este marco que las abogadas de las denunciadas salieron a hablar para advertir que la repercusión pública de la situación tiene un impacto que “va más allá del caso particular”.
Así lo afirmó Giordano, que defiende a otra de las acusadas: “Lo que nos preocupa es la posibilidad de que esto avance hacia el amedrentamiento y la coacción, lo cual despierta temor no solamente entre las profesionales de psicología sino también en todas las personas que trabajan cotidianamente con niños, niñas y adolescentes”.
“Esta amenaza de una posible acción penal en contra de las profesionales que dan cuenta de síntomas que podrían ser compatibles con abuso sexual infantil implica un retraimiento para todos”, evaluó.
Giordano profundizó su reflexión planteando que la Justicia no debería enfocarse en “sostener que niños y niñas tienen que presentar un relato totalmente detallado como si fuesen adultos”, sino en “pensar soluciones que posibiliten la investigación de estos hechos”. También consideró que no hay que ir “contra quienes de alguna manera están posibilitando la investigación con otros elementos que van más allá del relato crudo”, porque esto atenta contra “la posibilidad de abordar esta problemática”.
Su preocupación, aclaró, es que por revuelo de esta denuncia derive en que haya menos denuncias, una postura que fue respaldada por Durruty, quien planteó que esto ya “es un hecho objetivo”.
“Ya venía ocurriendo que se venía resintiendo la cantidad de profesionales que aceptaban tratar estos temas, porque para los abogados defender o asistir a quienes denuncian este tipo de hechos implica un compromiso de tiempo y emocional muy importante, y a esto se le suman este tipo de campañas”, manifestó.
Durruty dijo que si bien “los padres tienen el derecho de denunciar lo que quieran”, su expectativa es que haya otra reacción por parte de la Justicia, “tanto de los fiscales como del colegio de jueces”. “Esto no puede quedar en un debate entre una presión que se parece más a un lobby que a una denuncia y la respuesta de dos abogadas que representamos casos individuales, porque entiendo que es un problema de política pública muy grave que afecta a las infancias”, añadió.
Y reclamó: “Hay que ser más serios y responsables, y el servicio de justicia tiene que reaccionar para que esto no sea un debate mediático”.
Por otro lado, Giordano sumó que el MPA está registrando importantes demoras en causas que no involucran delitos complejos: “Tenemos en nuestra ciudad cientos de denuncias de comisión de delitos contra la propiedad privada con armas de fuego, y cada vez que vamos en relación con otras causas a la fiscalía, en general hay muchas causas que no avanzan con el ritmo que quisiéramos los denunciantes de las víctimas ni los propios defendidos. Y siempre la excusa es la cantidad de trabajo que tienen”.
Volviendo al caso de las psicólogas, planteó que el hecho de que no se hayan producido imputaciones hasta el momento “no quiere decir que la fiscalía no haya avanzado”, esto respondiendo a los abogados que denuncian meses de estancamiento del caso.
“Lo que esto quiere decir es que se ha investigado y no se ha encontrado un hecho delictivo o con al menos apariencia de delito para imputar. Desde septiembre hasta esta parte, yo entiendo que la fiscalía no ha encontrado elementos para dar cuenta de que existió un hecho con apariencia delictiva”, aseveró.
Y concluyó: “La presión mediática hace tomar decisiones que deberían ser de fondo y de política pública para investigar los delitos más graves, como los vinculados con casos de abuso sexual infantil”.
