Alrededor de 2.450.000 personas solicitaron la nacionalidad española a través de la ley de Memoria Democrática, la mayoría de ellas desde Argentina y México, por descendientes de españoles que se vieron obligados al exilio tras la guerra civil (1936-1939) o por la persecución franquista.
Esta ley, aprobada en 2022, da la posibilidad de adquirir la nacionalidad española, además de a los hijos o nietos de exiliados que perdieron su nacionalidad, también a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y otros casos.
Se espera que todo el proceso esté completado en unos cuatro o cinco años. "Eso sería un plazo razonable", explicó en una entrevista a EFE la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso, un órgano consultivo del Gobierno español.
Alonso concreta que ya hay unas 306.000 personas que tienen inscrita la nacionalidad española y asegura que "hay muy pocas denegaciones".
La ley tenía una vigencia temporal para pedir la nacionalidad española de dos años, que se prorrogó uno adicional, de manera que el plazo se cerró en octubre de 2025.
Esta avalancha de solicitudes ha generado una gran presión en una red consular ya de por sí bastante tensionada —señala Alonso— por el "incremento exponencial" de la ciudadanía española en el exterior en los últimos años.
Recuerda, así, que en 2010 había 1,5 millones de españoles viviendo en otros países y ahora suman 3,2 millones. Cuando se culmine la aplicación de la ley de Memoria Democrática, la cifra puede superar los cinco millones de ciudadanos.
Argentina se lleva la palma en solicitudes
Sobre todo las cinco oficinas consulares de Argentina, y después México, Sao Paulo (Brasil), Cuba y Miami (Estados Unidos) son las que más solicitudes recibieron para acceder a la nacionalidad española en aplicación de la ley de Memoria, detalla la responsable del Consejo, que se ocupa de la ciudadanía en el exterior.
Para Alonso, es claramente "un éxito" de la ley que haya habido tantas peticiones, y reclama al Estado que dé una respuesta administrativa "a este acceso a derechos".
En este sentido, la presidenta avanza que se van a implementar medidas para agilizar la tramitación, como el apoyo de una empresa externa que tendrán cuatro de los cinco consulados en Argentina, y que va a dedicarse a la recepción y digitalización de las solicitudes que quedan pendientes de recibir, mientras que la parte de resolución e inscripción la seguirán gestionando los consulados.
Estas cuatro oficinas consulares de Argentina —apunta la presidenta del Consejo— recibieron alrededor el 40 % del total de las solicitudes de nacionalidad.
Sólo en la demarcación de Buenos Aires llegaron unas 650.000 peticiones de nacionalidad por la ley de Memoria.
Desde el Consejo General de la Ciudadanía Española aplauden que este mecanismo que ellos plantearon al Gobierno español se vaya a implementar en Argentina, pero también piden que se ponga en marcha en los otros países antes mencionados por haber registrado también numerosas solicitudes.
