El gobierno nacional dispuso la incorporación de cinco organizaciones criminales transnacionales al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La decisión alcanza al Cártel de Sinaloa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), La Nueva Familia Michoacana, Los Tiguerones y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En el caso de Los Tiguerones, la inscripción comprende también a sus facciones conocidas como Los Fénix y Los Igualitos. Para las FARC-EP, incluye al Estado Mayor Central (EMC), al GAO-R FARC-EP y a sus bloques y frentes, entre ellos el Frente 18.
Según los considerandos de la resolución, informes reservados elaborados por áreas competentes de ambos ministerios identificaron a las organizaciones como una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional, con riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de Argentina.
El texto sostiene que la naturaleza transnacional de estos grupos, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas configuran un riesgo que excede la criminalidad doméstica. También advierte sobre la existencia de estructuras y redes que podrían proyectar sus actividades hacia territorio argentino.
A partir de ese diagnóstico, el Gobierno planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y detección temprana para evitar la eventual instalación, actuación, financiamiento o articulación de estas organizaciones en el país.
La resolución considera que la incorporación al RePET es una herramienta para facilitar el intercambio de información entre las autoridades nacionales y otros Estados, prevenir actividades de financiamiento y fortalecer las investigaciones relacionadas con amenazas a la seguridad nacional.
Qué consecuencias tiene la inscripción en el RePET
El registro fue creado por el Decreto 918/2012 y reúne información sobre personas, entidades y organizaciones vinculadas a actos de terrorismo o a su financiamiento. La normativa establece distintas consecuencias para quienes quedan incorporados.
Entre ellas, contempla la obligación de los sujetos alcanzados por la legislación antilavado, como bancos y otras entidades financieras, de reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones realizadas o intentadas en las que intervengan personas o entidades incluidas en el registro. También prevé el impedimento de ingreso a la Argentina para las personas extranjeras inscriptas.
En materia patrimonial, el régimen contempla el congelamiento administrativo de activos. Sin embargo, el Decreto 918/2012 establece que la UIF debe disponer esa medida si, a partir de su análisis, verifica operaciones sospechosas vinculadas con la financiación del terrorismo en los términos del artículo 306 del Código Penal, siempre que no se haya aplicado previamente.
La inscripción, además, fortalece los mecanismos de cooperación e intercambio de información con organismos y autoridades internacionales.
