La Justicia federal dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del exdiputado nacional libertario José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
La resolución, firmada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, incluye un embargo por $1.000 millones y la prohibición de salir de la Argentina.
La causa busca determinar el origen y el destino de los 200.000 dólares que Espert recibió en 2019 del empresario Federico “Fred” Machado. La medida judicial también alcanza al contador del economista, Mariano Cosentino, señalado como partícipe necesario del delito, y a la firma Varianza S.A.
El expediente se centra en una operación que, de acuerdo con la hipótesis de la acusación, habría sido presentada como un contrato de asesoramiento para justificar la transferencia de fondos de origen ilícito. El acuerdo habría involucrado a Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala reconocida como propiedad de Machado.
Los investigadores sostienen que el dinero recibido por Espert habría sido destinado, entre otras operaciones, a la adquisición de vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Machado mantuvo vínculos con el exlegislador desde 2019 y también le habría brindado distintos tipos de apoyo durante su actividad política. Entre ellos, el préstamo de un avión privado utilizado en más de 30 vuelos vinculados a su campaña presidencial, además de la presentación de un libro y la provisión de un vehículo blindado.
El empresario argentino se encuentra detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable ante la Justicia federal por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestime la acusación por narcotráfico.
La Cámara Federal rechazó los planteos de la defensa
En paralelo al avance de la causa, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín desestimó esta semana un recurso presentado por la defensa de Espert para solicitar la nulidad de distintas medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez.
Los abogados del exdiputado cuestionaron las facultades del fiscal para ordenar diligencias después de la declaración indagatoria. También objetaron la realización de testimonios sin notificación previa a la defensa y la solicitud de informes patrimoniales sobre Espert, su pareja y otras personas que, según argumentaron, no estaban vinculadas directamente con el proceso.
Entre los cuestionamientos figuraron, además, la incorporación de informes de inteligencia de carácter reservado a los que la defensa aseguró no haber tenido acceso, y los peritajes realizados sobre teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados sin que se les permitiera designar un perito de parte.
Sin embargo, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones concluyeron que las actuaciones cuestionadas se desarrollaron conforme a las normas vigentes y que no se advertían irregularidades capaces de vulnerar derechos constitucionales.
La Cámara Federal de San Martín tampoco hizo lugar a otro planteo de la defensa, que había solicitado apartar al fiscal Domínguez por considerar que había perdido objetividad y manifestado un interés ajeno a la investigación.
Con estas decisiones, quedaron rechazados los cuestionamientos presentados por la defensa contra las medidas probatorias y la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal.
Mientras tanto, la investigación continúa enfocada en esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso de los 200.000 dólares, el presunto uso de un contrato de asesoramiento para respaldar la operación y el destino que tuvieron los fondos atribuidos a Machado.
