Este martes, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz inauguró el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan contra cuatro altos mandos de la Armada Argentina. Los fiscales, las defensas y las querellas empezarán a negociar por los 120 testigos que declararán durante los próximos meses, mientras esperan que se levante el secreto militar, que mantiene en reserva pruebas que podrían ser valiosas para el esclarecimiento del hecho.
En el banquillo de los acusados están Luis Enrique López Mazzeo, ex titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada; Claudio Javier Villamide, quien fue Comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Aníbal Alonso, ex Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, quien ocupaba simultáneamente la jefatura del Departamento de Operaciones, la División Operaciones y la Central de Comunicaciones de Submarinos.
En la primera audiencia el Tribunal dio lectura del requerimiento de elevación a juicio, que contiene la acusación formulada por el fiscal federal de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla y su par María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA).
El Tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, quienes confirmaron que aún aguardan respuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti, respecto del levantamiento del secreto militar. Con ese procedimiento se podrán mostrar públicamente planos y fotos del ARA San Juan, que guardan detalles técnicos del submarino.
En tanto, los magistrados le dieron el resto de la semana a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre el orden en el que serán citados a declarar los 120 testigos previstos para el juicio oral. De no haber consenso, lo decidirán los jueces.
El TOF de Santa Cruz espera escuchar entre seis y ocho personas por día, para no extender durante más de cinco semanas la etapa de testimoniales. Según el cronograma pautado, el veredicto se leería a mediados de julio.
La acusación llegó al juicio con una serie de advertencias que existían sobre la falta de mantenimiento o mal funcionamiento del ARA San Juan y que, a criterio de la Fiscalía, volvían previsible el desenlace trágico del submarino, que implosionó en noviembre de 2017 y fue hallado un año después.
Se trata de informes y alertas internas que se dispararon a lo largo de los años, que ayudarían a establecer responsabilidades en la cadena de mando. Todo será debatido por las partes durante los próximos meses.
En septiembre de 2015, tras finalizar la reparación de “media vida” -un proceso que se hace luego de 15 años de navegación-, se documentó que quedaban pendientes 33 tareas de mantenimiento correctivo y pruebas críticas de seguridad, entre ellas la prueba de máxima velocidad, la prueba de máxima profundidad y la prueba hidráulica del sistema de refrigeración a 62,5 bares.
En mayo de 2016, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió que el submarino registraba emanaciones de fluidos desde sus baterías, una situación que implicaba riesgos significativos para la salud y la vida de los tripulantes.
En diciembre de 2016, la auditoría de la Inspección General de la Armada concluyó que las deficiencias en el equipamiento operativo dificultaban el cumplimiento de los planes en vigor, advirtiendo sobre el incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco y la falta de certificación de las escotillas para rescate.
En marzo de 2017, el entonces comandante de la unidad, Pedro Fernández, elevó un pedido “imperioso” advirtiendo que el buque llevaba 37 meses en el agua -el máximo recomendado es un año y medio-, excediendo los límites reglamentarios para el mantenimiento en tierra. Alertó que el periscopio de observación estaba fuera de servicio y el de ataque tenía defectos, que existía un fuerte ruido en la línea de eje y que, por una pinchadura previa en una tubería, la nave tenía prohibido sumergirse a más de 100 metros de profundidad.
En una reunión de los mandos superiores, celebrada en abril de 2017, se advirtió nuevamente la necesidad urgente de ingresar el submarino a dique seco a más tardar en 2018, debido a que en ese momento ya acumulaba 39 meses sin el mantenimiento adecuado.
Luego de un patrullaje previo, el comandante del submarino reportó en agosto de 2017 fallas sumamente graves: el buque había zarpado con un solo periscopio operativo (que luego falló), se produjeron errores y detenciones totales en el sistema de propulsión, había una pérdida de 50 litros diarios de aceite hidráulico y se reportó el ingreso de agua de mar al ventilador de la batería de proa presumiblemente por una falla en la válvula E19. También advirtió que gran parte de los cartuchos de cal soda (usados para purificar el aire) estaban vencidos desde 2014 y 2015.
En los reportes previos a la última navegación, se informó la falta de estanqueidad en varias válvulas de casco (H1, H16, H2, H15), lo que implicaba que no cerrarían adecuadamente ante una emergencia. También se listaron pérdidas de gas freón en el aire acondicionado (que es nocivo para la salud) y problemas en interruptores del tablero de baterías, considerados críticos por el propio fabricante.
Finalmente, según los testimonios recolectados en la causa, existía un malestar generalizado y miedo entre los tripulantes respecto al estado de la nave. Algunos marinos expresaron abiertamente que el submarino “no andaba” y que no estaba en condiciones de navegar, llegando incluso a manifestar su deseo de pedir el desembarco por la inseguridad que sentían.
