Luego de años de controversias y del rechazo sostenido de comunidades locales, organizaciones ambientalistas y sectores científicos, la Legislatura de Tierra del Fuego avanzó con una reforma a la ley provincial Nº 1.355, que hasta el momento impedía la instalación de salmoneras en las aguas jurisdiccionales de la provincia.
La modificación fue aprobada por un margen mínimo –8 votos afirmativos contra 7 negativos– en una sesión que sorprendió a quienes venían siguiendo de cerca el trámite legislativo durante todo 2025.
La ley 1.355, vigente desde 2021, había impuesto una prohibición total a la cría y producción de salmón tanto en ambientes lacustres como marítimos, con la finalidad de resguardar los ecosistemas fueguinos y sus recursos naturales y genéticos. Aquella decisión fue reconocida a nivel internacional como un antecedente innovador en materia de protección ambiental, respaldado por un amplio consenso político y social.
No obstante, el gobernador Gustavo Melella sostuvo que la actividad acuícola representa una alternativa productiva a futuro para la provincia, al considerar a la acuicultura como un sector estratégico capaz de complementar la matriz económica local.
Avance de la actividad acuícola
La reforma sancionada elimina parcialmente la prohibición original: mantiene la restricción en el Canal Beagle, pero habilita la salmonicultura en lagos, lagunas, ríos y arroyos del territorio provincial.
El legislador Luciano Selzer (La Libertad Avanza), cuyo voto resultó clave para la aprobación, junto a otros impulsores del proyecto, argumentó que Tierra del Fuego debe diversificar su economía y adoptar tecnologías actuales, como los sistemas de recirculación acuícola en tierra (RAS), que permitirían reducir los impactos ambientales.
Desde el sector empresario, figuras como Sulco Romero, propietario de Estancia Las Violetas, respaldaron la iniciativa al asegurar que los sistemas RAS no generan efectos negativos sobre el ambiente, ya que funcionan en tierra firme y permiten un mayor control de los efluentes.
La reacción en contra fue amplia. Ambientalistas, pescadores artesanales, investigadores y referentes gastronómicos protagonizaron manifestaciones en Ushuaia y otras localidades, alertando sobre los riesgos ecológicos que implicaría el regreso de esta actividad, aun bajo nuevas condiciones.
El biólogo del Conicet Guillermo Folguera advirtió que habilitar la salmonicultura implicará “contaminación y un daño irreversible a los ecosistemas marinos”, ya que ocasionará pérdidas irreparables en la naturaleza.
“Los daños de las megafactorías en la producción de salmones en el mundo están claramente identificados y tipificados. Se utilizan grandes tubos que se sumergen en el mar, donde cada uno de esos tubos contiene 100.000 ejemplares de salmones”, aseguró, según refleja el medio Noticias Ambientales.
Además, agregó: “Muchas de estas empresas tienen diez tubos en el mar, con lo cual estamos hablando de más de un millón de peces hacinados”.
Desde la oposición legislativa, Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, cuestionó duramente el proyecto al señalar la ausencia de estudios técnicos y evaluaciones ambientales rigurosas, además de denunciar un proceso legislativo poco transparente.
La discusión sobre la salmonicultura lleva más de dos años instalada en la agenda pública fueguina. A lo largo de 2025 se presentaron diversas iniciativas orientadas a modificar la ley 1.355, con propuestas que priorizaban modalidades de menor impacto ambiental, como los sistemas RAS.
El conflicto incluso derivó en renuncias dentro de la propia Legislatura, entre ellas la de Laura Colazo, quien dejó la presidencia de la comisión de Recursos Naturales tras el avance del dictamen favorable a la reforma.
Con la ley ya en vigencia, el próximo paso será definir el esquema regulatorio y los mecanismos de control ambiental que establecerán en qué zonas y bajo qué condiciones podrán desarrollarse los emprendimientos acuícolas fuera del Canal Beagle. El equilibrio entre crecimiento económico y protección ambiental continuará siendo el eje del debate.
Organizaciones sociales y ambientales anticiparon que analizarán medidas legales y acciones públicas para frenar lo que consideran un retroceso respecto del nivel de protección ambiental alcanzado con la sanción original de la Ley 1355.
