El gobierno italiano de Giorgia Meloni impulsa una reforma constitucional para modificar la estructura del Poder Judicial. Para sus defensores, es el paso necesario para que Italia tenga una “justicia justa”; para sus detractores, es un caballo de Troya para someter a los fiscales al poder político. En el medio, una comunidad italiana en América Latina que, a menudo alejada del día a día de Roma, tiene en este referéndum un peso electoral que puede ser la balanza del resultado.
Qué propone la reforma
La reforma incluye tres cambios fundamentales que buscan desarmar el modelo actual, nacido en 1948 tras la caída del fascismo:
1 Separación de carreras: hoy, un magistrado italiano puede alternar funciones: ser fiscal (quien acusa) y luego juez (quien juzga). La reforma lo prohíbe definitivamente: quien elige ser juez no podrá ser nunca fiscal, y viceversa. El objetivo declarado es garantizar la imparcialidad del juez, que no debería haber “pensado como fiscal” en ningún momento de su carrera.
2 El sorteo del Consejo Superior de la Magistratura (CSM): El CSM es el órgano de gobierno de los jueces italianos: nombra, evalúa y disciplina a los magistrados. Hoy es uno solo. La reforma crea dos: uno para los jueces y otro para los fiscales. Además, ya no sería elegido solo por votos entre pares, sino mediante un sorteo. Se busca romper con las facciones internas: las llamadas correnti.
3 La Alta Corte Disciplinare: se crea un tribunal externo para juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados, quitándole esa potestad al CSM.
En el bando del SÍ, además de la coalición de gobierno (Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia), el apoyo más ferviente proviene de la Unione delle Camere Penali Italiane (la asociación que nuclea a los abogados penalistas). Para ellos, la reforma es una deuda histórica para que el abogado defensor deje de ser el “pariente pobre” en el proceso y se enfrente a un fiscal que no comparta el mismo gremio que el juez.
Del otro lado, el frente del NO tiene como columna vertebral a la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que representa a casi el 90% de los jueces y fiscales del país. La ANM considera que la reforma busca “domesticar” a la justicia y romper la unidad de la magistratura que fue clave para investigar al poder en las últimas décadas. A este bloque se suman los partidos de centroizquierda (Partido Democrático (PD), Movimento 5 Stelle, Verdes e Izquierda) y una gran parte de la academia jurídica, que ve en el sorteo del CSM un experimento arriesgado y sin precedentes en las democracias occidentales.
“No hay ningún país en el mundo que tenga el modelo italiano actual. Cualquier modelo, incluido el argentino, es un modelo a seguir. Necesitamos que Italia se aggiorni”, explica Claudio Zin, exsenador de Italia y referente del MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), aliado del gobierno de Meloni. Para Zin, se trata de una cuestión de transparencia: “Separar la investigación y la acusación de la garantía de la sentencia es básico en cualquier división de poderes”.
Sin embargo, desde la vereda de enfrente, el diputado por la circunscripción de América del Sur, Fabio Porta (Partido Democrático) sostiene que el argumento de la “modernización” es una cortina de humo. “Cada sistema es fruto de su historia. En Italia, los datos dicen que menos del 1% de los magistrados pasa de una carrera a otra. Es una excepción rarísima. Decir que esta reforma es para separar lo que ya está de hecho separado es difícil de justificar”, sostiene Porta. Según él, el verdadero objetivo es debilitar la autonomía de los magistrados para hacerlos “permeables al Ejecutivo”.
Electorado en Rosario (ciudad y circunscripción)
En la ciudad de Rosario hay 60 mil ciudadanos italianos. De Esa cifra, 55 mil están en condiciones de votar y 5 mil son menores de edad. En tanto, en la circunscripción de Rosario (abarca: Santa Fe, norte provincia de Buenos Aires, Corrientes, Forzosa, Chaco y Misiones) hay 173 mil ciudadanos italianos, de los cuales, pueden votar 150 mil.
“Es un referéndum confirmatorio no se necesita quorum del 50% sino que se gana por simple mayoría, aunque sea por un voto”, informó a Rosario3, el diputado italiano Franco Tirelli, del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) .
Por cantidad de electores, Rosario es la tercera jurisdicción en el mundo (después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y San Pablo (Brasil).
Para Tirelli, “esta modificación de la constitución referida a la Justicia es un cambio para modernizarla, lograr que sea más eficaz y que esté acorde a la mayor parte de los países del mundo democrático y moderno como España, Alemania, Portugal, Suiza, Austria, Canadá, Japón, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay”.
“De lo contrario –advierte– la Justicia italiana va seguir como Irán, Venezuela, China, Bolivia, Rusia, Turquía, Paquistán, Bulgaria, Rumania y Nigeria”.
“Se trata de una reforma de la justicia penal que mejora el sistema acusatorio; por lo tanto, no es un referendum político sino que tiene por objetivo que Italia tenga una Justicia en la que todos sean iguales ante la ley. Tanto los ciudadanos como los jueces y los fiscales”.
Para Edoardo Fracanzani, doctor en Política y Gobierno por la Universidad La Sapienza de Roma, “la reforma no ocurre en el vacío, sino en un contexto global de retroceso democrático” y pone el ejemplo de Hungría, donde “los gobiernos de Viktor Orbán redujeron la independencia de los jueces mediante reformas institucionales. Algo similar ocurrió en Polonia”, advierte Fracanzani. El experto señala que el riesgo no está solo en el texto de la reforma, sino en lo que habilita después: “La creación de dos órganos distintos permite que, a través de leyes ordinarias, se adopten reglas que introduzcan algún nivel de control sobre los fiscales”.
Fracanzani recuerda que la tensión entre la derecha italiana y la justicia no es nueva. Viene de la época del escándalo de corrupción de Mani Pulite y los años de Silvio Berlusconi. “El sistema de 1948 garantiza un alto nivel de independencia. Gracias a eso se pudieron investigar vínculos con la mafia y la corrupción de alto nivel. La reducción de esa autonomía implicaría, de manera directa, una menor capacidad de control por parte de los fiscales”, sentencia.
Frente a la advertencia de una posible “hungarización” de la justicia, Claudio Zin sostiene una visión diametralmente opuesta. Para el exsenador, la creación de dos consejos separados no es un camino hacia el control político, sino una garantía de transparencia para el ciudadano de a pie.
Uno de los puntos que más asombra a los analistas es la idea de elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces por sorteo. Según la lógica del gobierno de Meloni, el azar es el único método capaz de dinamitar el sistema de las correnti (las facciones internas que han dominado la justicia italiana durante décadas). Al dejar la elección librada a un bolillero, el argumento oficial sostiene que se elimina de raíz la posibilidad de que los partidos políticos —de cualquier signo— negocien en las sombras y pongan “a dedo” a sus favoritos en el órgano que debe vigilarlos.
Para Zin, esto viene a “aclarar sospechas” y evitar que la ciudadanía piense que las decisiones tienen una connotación política. Para Porta, en cambio, es una trampa matemática: “Si pones a personas elegidas al azar, que no se conocen entre sí, frente a un tercio compacto elegido por la política y la mayoría parlamentaria, es obvio que ese tercio terminará teniendo una influencia desproporcionada”.
Por qué el voto en Argentina y América Latina es determinante
A diferencia de otros referéndums italianos (como los que buscaron derogar la ley del aborto o el divorcio), esta consulta es de carácter constitucional. Y aquí reside la clave para los ciudadanos en el exterior.
Miguel De Luca, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y experto en sistemas electorales, explica la diferencia crucial: “En el referéndum abrogatorio se necesita que vote más del 50% del padrón (quórum) para que sea válido. En el constitucional, no hay quórum. La reforma se aprueba si los «Sí» son más que los «No», sin importar cuánta gente vaya a las urnas”.
Esto convierte al millón de italianos en Argentina en un actor central. “El voto en el exterior puede ser determinante. Primero por la dimensión del electorado: equivale al de varias regiones de Italia. Segundo, porque históricamente, estas votaciones se resolvieron por un puñado de votos”, explica De Luca, y recuerda que, de los últimos cuatro referéndums constitucionales en Italia, dos fueron rechazados por la gente a pesar de tener mayoría en el Parlamento.
