La reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei logró aprobar en el Congreso la semana pasada incluye la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (Rimi), con el objetivo de atraer capital nacional y también extranjeros a sectores productivos de todo el país.
Según establece la norma, la medida tiene como objetivos principales aumentar el desarrollo económico, fortalecer la competitividad, expandir las exportaciones y generar nuevos empleos mediante estímulos fiscales definidos, y era un pedido de las pequeñas y medianas empresas (pymes) tras el lanzamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).
El Rimi establece un marco legal aplicable a empresas constituidas o habilitadas en la República Argentina que decidan efectuar nuevas inversiones durante los primeros dos años desde la entrada en vigencia de la ley. Estas inversiones deben destinarse a la compra o fabricación de bienes muebles nuevos —con la excepción de automóviles— y a la ejecución de obras directamente volcadas a actividades productivas. Según el texto, no formarán parte del programa las inversiones financieras, de cartera ni la adquisición de bienes destinados a la reventa.
La autoridad de control de este régimen será la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). El organismo recaudador contará con la facultad de requerir informes técnicos a las áreas competentes para establecer de manera objetiva qué inversiones serán consideradas para el beneficio y cómo se evaluará cada proyecto.
La principal diferencia entre el Rigi y el Rimi es que el segundo tiene requisitos de inversión mínima que son más accesibles, ampliando así el abanico de empresas que pueden adherirse al régimen.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (incluyendo la categoría Mediana Tramo 2) que se adhieran al Rimi deberán realizar las inversiones dentro de los primeros dos años desde la puesta en vigencia de la ley. A su vez, se establecen los siguientes pisos de inversión obligatorios para acceder a los beneficios:
- Micro empresas: desde USD 150.000;
- Pequeñas empresas: desde USD 600.000;
- Medianas Tramo 1: desde USD 3.500.000;
- Medianas Tramo 2: desde USD 9.000.000.
Por otro lado, el programa incluye una promoción especial sin piso de monto para inversiones en insumos agrícolas y energéticos considerados estratégicos, como equipo de riego, bienes de eficiencia energética, mallas antigranizo y animales productivos.
En tanto, no se considerarán inversiones productivas aquellas vinculadas con activos financieros, de portfolio, bienes de cambio ni automóviles.
La iniciativa estipula que los beneficios del Rimi no podrán ser afectados por incrementos en las alícuotas de los impuestos nacionales ni por la creación de nuevos tributos que graven la inversión durante el periodo de adhesión.
Beneficios fiscales: amortización acelerada e IVA
Los beneficiarios del Rimi podrán optar entre el régimen fiscal habitual del Impuesto a las Ganancias o un método de amortización acelerada. Esta opción les permite descontar rápidamente el valor de sus inversiones de la base imponible, lo que reduce la carga tributaria durante los primeros años de puesta en marcha. Por ejemplo, las inversiones en bienes muebles amortizables podrán deducirse en dos cuotas anuales iguales; las obras, en cuotas proporcionales a una vida útil reducida en un 40 por ciento; los equipos de riego y mallas antigranizo, en una sola cuota. Además, los créditos fiscales de Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociados a estas inversiones podrán solicitarse para devolución anticipada una vez transcurridos tres períodos fiscales desde la adquisición.
El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, determinarán un cupo presupuestario anual para la devolución de estos créditos fiscales. Así, el Estado limitará la cantidad de fondos fiscales involucrados cada año.
Reordenamiento en el régimen de trabajo agrario
Se modificó la subcontratación y cesión estableciendo la relación directa con quien registre la relación laboral y limitando la responsabilidad solidaria. Al tiempo que se asegura la temporalidad de contratos temporarios sucesivos y se amplía el período de prueba a ocho meses.
Además, quedaron eliminadas las remuneraciones mínimas, fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario llevándolas a la ley de convenciones colectivas, incluyendo la remuneración por rendimiento. Y se estableció la compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizándose así la continuidad en la percepción de asignaciones familiares, entre otros beneficios para fomentar el trabajo y adaptar la normativa laboral a las dinámicas actuales del campo.
