Un hijo de un exintendente de la localidad salteña de Coronel Juan Solá, un comerciante y un gendarme fueron condenados en una causa que investigó el robo de rieles en el norte argentino, más precisamente en el histórico ramal C25 del Ferrocarril Belgrano, que unía Formosa con Salta y en el que no circulan trenes desde 2002.
La investigación reveló un saqueo sistemático de las vías, el pago de coimas y el contrabando a Bolivia del material ferroso, según informó el sitio fiscales.gob.ar.
El C25 es un ramal de la red de trocha métrica del Ferrocarril Belgrano, con una extensión de 702 kilómetros entre las cabeceras de Formosa capital y Embarcación, en Salta. Años después de su construcción se levantó, en forma paralela, la Ruta Nacional 81.
Desde fines de la década del 70 el servicio ferroviario experimentó una marcada decadencia: los trenes de pasajeros dejaron de circular en 1994 y, según registros periodísticos, el último convoy que transitó el ramal fue un tren petrolero, en 2002. Desde entonces, los anuncios para su reactivación atravesaron distintos colores políticos —del kirchnerismo al macrismo—, pero ninguno prosperó.
Saqueo
La investigación por el robo de rieles que derivó recientemente en tres condenas se inició el 23 de agosto de 2024 a partir de una denuncia presentada por Correo Argentino, que reportó como sospechoso el envío, mediante encomiendas, de más de 480 cubiertas comercializadas por el comerciante David Edilberto Medina, quien desarrollaba su actividad en la ciudad salteña de Orán.
Medina registraba antecedentes por encubrimiento de contrabando, lo que llevó a focalizar las primeras medidas investigativas en sus movimientos. A partir de escuchas y tareas de campo, se estableció que ingresaba ilegalmente neumáticos provenientes de Bolivia, que luego comercializaba en el país.
También se determinó que había comenzado a incursionar en la exportación ilegal de material ferroso, en particular rieles sustraídos del C25 del Ferrocarril Belgrano, en el tramo comprendido entre las estaciones de Padre Lozano y Morillo, en el Chaco salteño.
Con la logística municipal
Según la causa, Medina contaba con un proveedor que se jactaba de disponer de una estructura organizada para el saqueo de los rieles e incluso de asumir el traslado del material hasta un galpón en Orán, donde era acopiado.
En julio de 2024, la fiscalía recibió una denuncia que señalaba al hijo del entonces intendente Atta Miguel Gerala como principal responsable del robo de rieles. Esa información fue corroborada mediante el análisis de diversas comunicaciones mantenidas con Medina, en las que Miguel “Yopi” Gerala aseguraba contar con rieles sustraídos en las zonas de Pluma de Pato, Dragones y Morillo.
Al profundizar la investigación, se determinó no solo el saqueo sistemático de las vías férreas, sino también que los robos eran ejecutados por el hijo del intendente con la participación de integrantes de comunidades originarias del Chaco salteño, quienes eran utilizados como mano de obra.
Se constató que para estas tareas se empleaban maquinarias, herramientas y una camioneta perteneciente al municipio gobernado por su padre. Sobre este punto, el fiscal recordó que el imputado alardeaba de la influencia política de su apellido y llegó a manifestar ante Medina: “Nadie puede traer más que yo”.
El fiscal federal Eduardo Villalba destacó que integrantes de las comunidades indígenas reconocieron haber sido contratados por Gerala, quien les pagaba sumas de 10 mil pesos por la extracción de los rieles. Las tareas se realizaban en distintos horarios, incluso durante la noche, con la utilización de grupos electrógenos.
Como evidencia, Villalba mencionó mensajes extraídos de teléfonos celulares y un video filmado por el propio Gerala, en el que se observa a una cuadrilla trasladándose en una camioneta tras la extracción de los rieles, material que luego era ofrecido al comerciante.
La cobertura para la comisión de los robos era brindada por el oficial ayudante de la Policía de Salta Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe del destacamento de Pluma de Pato y se encargaba de “liberar la zona” para evitar controles mientras se realizaban las extracciones.
El fiscal recordó además un procedimiento realizado por personal policial del paraje Padre Lozano, en el que fue detenido un camión cargado con rieles. Al ser consultado por el origen y destino de la carga, el chofer manifestó que había sido contratado por el intendente Atta Gerala.
También se estableció que parte del material robado era resguardado en predios municipales e incluso en el domicilio particular del entonces intendente, donde se secuestraron 15 rieles valuados en aproximadamente 19 millones de pesos, durante allanamientos realizados en noviembre de 2024.
El circuito delictivo se completaba con el traslado del material a Bolivia a través de una finca privada cuyo fondo colinda con el país vecino. En esta etapa final se comprobó la participación de Fernando Cabrera, sargento de la Gendarmería Nacional, quien se encargaba de “limpiar la ruta” para permitir el paso de los camiones sin inconvenientes.
Condenas
El primero de los acuerdos, dado a conocer en la audiencia del 3 de diciembre, derivó en la condena de Miguel Gerala a seis años de prisión como coautor del delito de contrabando de mercadería agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con los delitos de cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda.
También fue condenado el comerciante Medina a seis años de prisión como coautor del delito de contrabando de mercadería agravado por la cantidad de personas intervinientes y por la utilización de un paso no habilitado, en concurso real con encubrimiento de contrabando y cohecho activo. Además, se dispuso su inhabilitación para ejercer el comercio por el plazo de cinco años.
El otro condenado es el gendarme Cabrera, quien recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de cohecho pasivo.
Además, la jueza declaró admisible la acusación seguida contra Atta Gerala y el policía Rodríguez, cuyas expectativas de pena son de 11 años de prisión para el exjefe comunal y de tres años para el uniformado. Gerala fue destituido el 20 de noviembre de 2024, ocho días después de haber sido formalmente imputado.
