Hasta hace casi un mes atrás, los internautas ingleses podían navegar por la web con la misma libertad y autonomía que la mayoría de los usuarios del mundo. Visitar sus páginas y foros favoritos, opinar en redes sociales o incluso algo tan trivial como escuchar una playlist de Spotify era algo que se resolvía con la velocidad de un doble clic o un toque en el teléfono, un gesto tan cotidiano que era prácticamente un reflejo.
Sin embargo, esa sensación de libertad hace años que no es más que una ilusión, una fantasía que alimentaba la percepción de formar parte del lado correcto del mundo, donde se garantizan los derechos individuales más básicos y la vida digital transcurre sin interferencias. En realidad, el cerco ya venía estrechándose mucho antes.
En 2016, la Ley de Poderes de Investigación otorgó al Estado británico facultades de vigilancia masiva inéditas, obligando a los proveedores de internet a almacenar los historiales de navegación de todos sus clientes durante un año. Así, registrar a qué sitios web se conectan, cuándo y por cuánto tiempo, permite a las autoridades construir un perfil detallado de cada persona a partir de sus hábitos y preferencias en la red. Estos datos están disponibles sin orden judicial para una lista de organismos tan heterogénea que abarca desde fuerzas policiales y agencias de inteligencia hasta ministerios, bomberos y servicios de salud. Un alcance que debería resultar, como mínimo, perturbador.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea en enero de 2020 también lo liberó del marco regulatorio establecido por el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), dándole margen para impulsar leyes de vigilancia digital aún más invasivas sin tener que responder al Tribunal de Justicia de la UE. Así, el gobierno británico abrió la puerta a legislaciones que, para las normas europeas, habrían sido consideradas ilegales.
Ese mismo año, la pandemia de COVID-19 ofreció la excusa perfecta para expandir el aparato de control. Aplicaciones de rastreo de contactos, control sanitario y geolocalización se presentaron como medidas temporales para contener la propagación del virus. Sin embargo, una vez finalizada la crisis sanitaria, mucha de esa infraestructura de monitoreo y recolección de datos sobrevivió para ser reutilizada como herramienta de vigilancia permanente, aunque no siempre de forma obvia para los ciudadanos. Así, lo que comenzó como una herramienta de salud pública terminó normalizando la idea de que el Estado puede seguir de cerca la ubicación, las interacciones y hasta el estado de salud de millones de personas en tiempo real.
Esos fueron solo los primeros pasos hacia un andamiaje legal cada vez más intrusivo. Con semejante infraestructura de vigilancia ya consolidada y normalizada por el público, la retórica de la protección sanitaria giró ahora hacia la protección infantil. De este modo, la Ley de Seguridad en Línea, vigente desde el pasado 25 de julio, sumó una nueva capa de control, esta vez enfocada en regular el contenido y condicionar el acceso a gran parte de la vida digital cotidiana de los británicos. Es, indudablemente, la evolución lógica de una década de erosión continua y sistemática de la privacidad digital, envuelta en una narrativa poderosa y difícil de cuestionar: cuidar a los niños.
En líneas generales, esta ley obliga a las plataformas y servicios web a verificar la edad de sus usuarios mediante datos biométricos, bancarios o documentos oficiales, filtrando y bloqueando contenidos considerados perjudiciales y garantizando que los menores no puedan acceder a ellos. El alcance es tan amplio que no se limita a sitios para adultos o apuestas, sino que incluye redes sociales, foros, aplicaciones de mensajería e incluso servicios de música y videojuegos.
La definición de “contenido dañino” de la Ley de Seguridad en Línea es tan amplia y vaga que ha generado situaciones curiosas, con material que, sin ser explícitamente para adultos, quedó inaccesible incluso para quienes, por el motivo que sea, eligen no validar su mayoría de edad. Entre los casos más insólitos se cuentan listas de reproducción de Spotify, GIFs animados de Bob Esponja, publicaciones sobre conflictos como Ucrania y Gaza, grupos para dejar de fumar e incluso un discurso de un miembro del Parlamento sobre pornografía infantil. La propia Fundación Wikimedia, organización sin fines de lucro que gestiona Wikipedia, presentó un recurso legal para evitar verificar la identidad de sus usuarios y colaboradores.
Por su parte, webs más pequeñas, especialmente foros de nicho o comunidades de hobbistas, optaron directamente por bloquear el acceso a usuarios del Reino Unido. La decisión se explica por la imposibilidad de asumir los costos económicos que implica cumplir con los requisitos de validación de identidad y el riesgo de enfrentarse a posibles multas millonarias, ya que la ley no hace distinciones entre sitios pequeños de contenido generado por los usuarios y gigantes como Meta y Google. Esto no solo priva a los usuarios de espacios valiosos, sino que refuerza la hegemonía de las grandes corporaciones tecnológicas a las que les sobran recursos.
Otra de las consecuencias directas de la aplicación de la Ley es el aumento masivo del uso de VPN, un servicio que crea una conexión segura y permite simular que se navega desde otro país donde la verificación de edad no es obligatoria. Según el sitio británico Top10VPN, el 27 de julio, apenas 48 horas después, el tráfico aumentó casi el 2.000%. Otros operadores también informaron subidas notables, NordVPN registró un aumento del 1.000% en suscripciones y ProtonVPN un 1.800%; mientras que las búsquedas en Google de “cómo eludir la verificación de edad” aumentaron un 450.000%, un dato que aunque parece asombroso, refleja la magnitud de la reacción de los usuarios.
El Secretario de Tecnología del Reino Unido, Peter Kyle, recalcó que el gobierno no está considerando una prohibición total de las VPN, aunque sí manifestó su preocupación por el uso que se le está dando para eludir los controles de edad y que analizarán "muy de cerca" cómo se están utilizando. Más allá de estas declaraciones, lo cierto es que las VPN tienen múltiples usos legítimos que justifican su existencia, y una prohibición de este tipo sería legalmente compleja, técnicamente difícil de aplicar y, sobre todo, políticamente muy impopular.
De cualquier manera, la realidad muestra que al gobierno británico le importa muy poco la popularidad o no de algunas medidas que puede llegar a tomar. La Ley de Seguridad en Línea otorga a Ofcom, el ente regulador de telecomunicaciones, la facultad de ordenar a los proveedores de internet y a las tiendas de aplicaciones que bloqueen el acceso a cualquier servicio que incumpla la normativa, ya sea el tráfico hacia una web o retirar apps de Apple o Google.
Entre esas facultades también figura la posibilidad de exigir a las plataformas de mensajería que utilizan cifrado de extremo a extremo, como WhatsApp, que eliminen esta tecnología, o alternativamente, incorporen una "puerta trasera" que permita el escaneo y el acceso a los mensajes de los ciudadanos por parte de Ofcom o las autoridades que lo soliciten. Este tipo de cifrado asegura la confidencialidad de las comunicaciones, ya que solo el emisor y receptor pueden acceder a su contenido, y cumple un papel fundamental en la protección de las actividades digitales al garantizar que los mensajes privados continúen siendo verdaderamente privados.
Si alguien cree que esta medida, claramente invasiva y violatoria del derecho más básico a la privacidad, no podría llegar a implementarse, basta con recordar que en febrero de 2025 el Reino Unido ordenó a Apple permitir el acceso a los datos cifrados almacenados en iCloud, incluida la galería de fotos, de cualquier usuario a nivel mundial que tenga activada la Protección Avanzada de Datos (ADP), una función de seguridad opcional que encripta la información guardada en la nube. En lugar de cumplir con la orden poniendo en riesgo la privacidad global de millones de personas, Apple deshabilitó la ADP únicamente en el Reino Unido y presentó un recurso legal para impugnar la medida, aunque el caso aún sigue en curso.
Una y otra vez, el gobierno británico se ha mostrado a favor del acceso masivo a los datos de los ciudadanos, y montado sobre el discurso de la seguridad, ya sea nacional, infantil o sanitaria, cada avance legislativo normaliza un control cada vez más profundo de la vida de los ciudadanos. En cierto modo, está escribiendo el manual de instrucciones para que cualquier gobierno democrático pueda construir su propio aparato de vigilancia digital manteniendo intacta su legitimidad. Desgraciadamente, el riesgo no es solo para los británicos, porque lo que hoy parece un problema ajeno, mañana puede cruzar las fronteras sin que nadie lo detenga.
